Régimen cubano acusa de piratería a EEUU tras incautaciones de combustible

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo este jueves 8 de octubre que el Gobierno estadounidense “carece de autoridad práctica y moral” para determinar qué operaciones son legales bajo el Derecho Internacional y las normas del libre comercio. Su pronunciamiento fue publicado en X.

El canciller afirmó que las restricciones afectan también al resto de la comunidad internacional y acusó a quienes las consideran legítimas de hacerse cómplices del castigo colectivo contra la población. Asimismo, cuestionó que la administración del presidente Donald Trump pretenda decidir quién puede vender productos, invertir o prestar ayuda al país caribeño; sin hacer mención al sufrimiento del pueblo cubano debido a las atrocidades que el gobierno que representa continua perpetuando contra sus ciudadanos.

El jefe de la diplomacia cubana extendió sus críticas a las actuaciones marítimas. Rechazó las inspecciones de embarcaciones en aguas internacionales y denunció lo que considera un cerco energético y naval. También censuró los bombardeos y las ejecuciones extrajudiciales contra quienes navegan bajo sospecha, así como la apropiación de recursos y territorios soberanos de otros pueblos.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, había defendido el miércoles la legalidad de las compras realizadas por entidades estatales y privadas desde cualquier país. Según su argumento, esas transacciones cumplen con la legislación nacional y el ordenamiento internacional, al igual que el almacenamiento, la distribución y la comercialización de los suministros dentro del territorio cubano.

El vicecanciller también denunció las amenazas de represalias contra gobiernos, exportadores y transportistas que participen en ese comercio. Sus señalamientos sobre piratería se refirieron específicamente al hostigamiento y abordaje de barcos en alta mar. Además, calificó de “ilegal, inmoral y criminal” someter a los habitantes a una asfixia económica con fines políticos. Un discurso que ha utilizado el oficialismo durante más de seis décadas, para hacerle creer al mundo que los principales responsables de la realidad de la isla es el gobierno de EEUU.

Ambas declaraciones se produjeron después de que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) anunciaran el freno a unos 615.000 galones, valorados en más de 2,8 millones de dólares. Del total, 71 cargamentos fueron incautados en Port Everglades, Florida, y otros 19 permanecían retenidos en Houston, Texas, según el comunicado del 7 de octubre.

Los investigadores identificaron como destinataria a ENETEC S.A., incorporada el 13 de julio de 2026 a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las agencias examinan posibles infracciones de las normas de exportación y sostienen que los envíos habrían beneficiado al Gobierno de la isla.

La intervención en ambos puertos es distinta del abordaje del buque Grace, ocurrido el 5 de septiembre en el Caribe y divulgado el 2 de octubre. La Guardia Costera informó que la nave fue escoltada hasta Progreso, México, donde una inspección de la Marina mexicana confirmó la presencia de combustible en sus tanques de lastre.

Las pesquisas sobre los 90 envíos continúan. Las autoridades no han anunciado arrestos ni cargos relacionados con ese caso.

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