Tribunal Supremo rechaza apelación sobre ley de drogas
Presentada por el gobernador de Florida, Rick Scott para realizar pruebas aleatorias a los funcionarios públicos
Con anterioridad, en 2012, una jueza estatal de Florida había calificado de inconstitucional la citada ley porque carecía del elemento de intencionalidad del sujeto, lo que consideraba"atávico e insultante para la ley común".
La aplicación de la ley había sido suspendida temporalmente, después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida presentara una demanda contra ésta en nombre de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y de Condado (AFSCME).
La ACLU y la AFSCME presentaron la demanda contra la orden ejecutiva de Scott porque, según ambas organizaciones, ésta violaba la cuarta enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de pesquisas y aprehensiones arbitrarias.
"Esta es la última de una serie de victorias en favor de los derechos privados, en una costosa batalla legal" contra una medida que defiende"programas inconstitucionales de test de drogas bajo la Administración de Scott", señaló la ACLU en un comunicado.
"El estado no puede someter a todos los empleados a un análisis de orina obligatorio", por lo que la decisión del Supremo"acaba con el proceso de apelaciones" del gobernador de Florida.
"Estamos felices de que el Tribunal Supremo de EE.UU. esté de acuerdo con lo que todos hemos conocido": que el estado no tiene el poder de obligar a los funcionarios públicos a"someterse" a pruebas de orina"sin sospechas ni una buena razón", dijo Shalini Goel Agarwal, abogado de la ACLU.
Resaltó el letrado que todos los tribunales que han escuchado los argumentos del estado de Florida coincidieron en que"sin que sea una amenaza para la salud pública o se sospeche de consumo de drogas, no se puede pedir a la gente que sacrifique sus derechos constitucionales".
Parece, explicó en 2012 Howard Simon, presidente de la ACLU, que los"líderes de Florida tienen dificultades para comprender que un gobierno no puede investigar a la gente sólo porque un político piense que será popular".
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