MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, amenazó el miércoles con la destitución o sanciones civiles a la alcaldesa de Tampa, Jane Castor.
A través de una misiva enviada a su despacho, el funcionario acusó al gobierno local de socavar la ley estatal por medio de la implementación de "políticas de santuario" dentro del Departamento de Policía.
Esta medida responde a la negativa de la agencia municipal a compartir información sobre el estatus migratorio de las personas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Políticas bajo escrutinio estatal
Uthmeier, quien asumió el cargo de fiscal general tras servir como jefe de gabinete del gobernador Ron DeSantis, señaló que el Departamento de Policía de Tampa (TPD) mantiene acuerdos que limitan la aplicación de la normativa migratoria.
El funcionario destacó que estas reglas impiden a los oficiales revelar a las autoridades federales datos sobre víctimas o testigos de delitos, e imposibilitan la investigación de su estatus legal.
El fiscal argumentó que la administración local justifica estas acciones para evitar que los inmigrantes teman represalias al cooperar con las fuerzas del orden.
Sin embargo, Uthmeier enfatizó que el estado busca precisamente que las personas indocumentadas sientan temor a las consecuencias legales si residen en el país de forma irregular.
Según el titular de justicia, estas políticas de protección contribuyen a la afluencia masiva de personas sin documentos en Florida.
Plazos y consecuencias legales
El estado de Florida exige por ley que las jurisdicciones locales realicen sus planes para apoyar la aplicación de las normativas federales de inmigración.
El fiscal general sostuvo que los manuales del TPD prohíben acciones de control migratorio de base amplia, lo cual representa una violación a este mandato.
Por ello, Uthmeier ordenó la revocación inmediata de estas directrices a más tardar el 31 de marzo de 2026. De ignorar esta instrucción, la alcaldesa enfrentará diversas repercusiones, entre ellas multas civiles y la posible remoción de su cargo por orden directa de DeSantis.
Defensa de la Ciudad
Frente a los señalamientos, Castor declaró que el ayuntamiento revisará las preocupaciones del estado y evaluará los procedimientos internos para garantizar el estricto cumplimiento legal.
La edil defendió el historial de seguridad de su metrópoli, el cual atribuye a la confianza construida con todos los sectores vecinales.
La líder municipal recordó que la policía local firmó la sección 287(g), un contrato federal que permite a los agentes estatales y locales ejecutar labores de control migratorio para ICE.
No obstante, en semanas previas, la alcaldesa aclaró que la fuerza del orden municipal aún carece de interacción directa con la agencia federal por falta de capacitación especializada.
