MIAMI.- Durante cuatro años, el ingreso familiar no condicionó cuánto costaba desayunar o almorzar en las escuelas públicas del condado Miami-Dade. La cobertura se extendía a toda la matrícula. Ese modelo terminó este curso escolar en 219 planteles, donde la situación económica del hogar vuelve a determinar si un alumno recibe el servicio gratuito, paga una tarifa reducida o asume el precio completo.
Vuelve el cobro de alimentos en 219 escuelas mientras caen los fondos federales
El 96,8% de los ingresos del programa proviene de fondos federales; la venta de comidas subiría a $4 millones, aunque todavía no se sabe cuántos alumnos pagarán
La primera entrega de esta investigación documentó que el cambio podía representar hasta $756 por estudiante de primaria y $1.206 por uno de secundaria al año. Esta segunda parte examina las finanzas del programa y los datos que el organismo rector todavía no ofrece.
“Las estimaciones iniciales apuntan a una pérdida aproximada de $9 millones en ingresos frente a 2025-2026”, informó el sistema de Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS).
Las cifras entregadas por la institución confirman la reducción. El presupuesto tentativo de Alimentos y Nutrición contempla $180.770.961 para 2026-2027, frente a los $189.249.388 previstos para el ejercicio anterior. La diferencia exacta es de $8.478.427, equivalente al 4,5%.
Al mismo tiempo, los cobros por desayunos y almuerzos pasarían de $1.517.000 a $4 millones. El incremento, de $2.483.000, representa un 164% y coincide con el regreso del pago en los centros que quedaron fuera de la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP).
Como parte de este seguimiento, DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó entrevistas con responsables de Alimentos y Nutrición y de presupuesto. La oficina de Comunicaciones no las coordinó; remitió respuestas por escrito y autorizó atribuirlas al sistema escolar.
Impuestos escolares y almuerzos: cuentas separadas
El reportaje publicado la semana pasada dejó abierta otra pregunta: qué ocurre con los impuestos a la propiedad que los residentes de Miami-Dade ya pagan para sostener la educación pública.
En entrevista con este rotativo, la oficina del Tasador de Propiedades informó que la base imponible correspondiente a la Junta Escolar (School Board) alcanzaba unos $593.200 millones en 2026. El cálculo general para el condado era de $540.700 millones. Esos montos no representan dinero recaudado ni disponible para gastar, sino el valor sujeto a gravamen sobre el cual cada autoridad aplica su tasa.
En el aviso TRIM, los propietarios pueden identificar la carga destinada al sistema educativo en el renglón de la Junta Escolar. Ese pago, sin embargo, no se dirige al servicio de alimentación.
“Ninguna parte de los ingresos del impuesto a la propiedad se utiliza para financiar las comidas”, respondió el Distrito.
La respuesta precisó que Alimentos y Nutrición se sostiene principalmente con reembolsos federales amparados por la Ley Nacional de Almuerzos Escolares. También señaló que recibe productos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), aportes estatales, ingresos por ventas, intereses y otros recursos vinculados a la operación.
Para 2026-2027, el aporte federal será de $175.050.000, equivalente al 96,8% de lo previsto para el programa. La cifra baja en $10.795.000. De ese total, $160 millones están asociados a esa ley y $14 millones a productos agrícolas.
La contribución estatal se mantiene en $1.627.388. Los recursos locales, en cambio, subirían de $1.777.000 a $4.093.573, impulsados por lo que se espera recaudar en los comedores estudiantiles.
El documento enviado a este rotativo también anticipa una disminución de los gastos. Las asignaciones del fondo bajarían de $214,1 millones a $187,6 millones. Los salarios pasarían de $59,5 millones a $45,6 millones, mientras el renglón de alimentos y suministros descendería de $99,5 millones a $91,9 millones.
El sistema escolar no explicó las razones de esas variaciones ni cómo podrían afectar la operación. Al tratarse de cifras tentativas, tampoco es posible concluir que habrá despidos, menos raciones o un deterioro del servicio.
Los datos reflejan una pérdida de ingresos, no un déficit operativo. El mismo plan reduce los gastos y proyecta cerrar el año con un balance de $5.826.503.
Por qué terminó la cobertura universal
La institución no atribuyó el cambio a una nueva regla federal. “El ciclo actual del CEP terminó el pasado curso escolar”, explicó.
Según precisó, la participación de todo el distrito en el CEP se basó en la información de 2022 utilizada para identificar automáticamente a los beneficiarios. Tras actualizarla, “el Distrito no califica para el CEP debido a su situación actual de certificación directa”.
A partir de ahí, el esquema pasó a ser híbrido. Un total de 121 escuelas conservaron desayuno y almuerzo sin costo para toda su matrícula, compuesta por 54.388 estudiantes.
En los demás centros, quienes son identificados mediante certificación directa mantienen ambos servicios gratuitos y no tienen que completar el formulario. El resto de las familias debe presentar una solicitud y demostrar que cumple los requisitos federales.
Todavía falta establecer la distribución entre los alumnos que califican automáticamente, reciben la tarifa gratuita o reducida y pagan el precio completo.
“La información aún no está disponible. Seguimos en el proceso de solicitudes de comidas”, indicó el Distrito. No ofreció un plazo concreto y sostuvo que dependerá del volumen de formularios recibidos.
Entre los datos no suministrados figuran el porcentaje actualizado de certificación directa, el umbral aplicado para seleccionar los 121 planteles y la lista completa de esas escuelas. Faltaron además las proyecciones de participación por categoría y los informes internos requeridos.
La respuesta escrita tampoco abordó otra cuestión: si la distribución de recursos protege adecuadamente a los estudiantes frente a la inseguridad alimentaria mientras se cumplen las demás obligaciones financieras.
Vouchers: una cuenta distinta
Las becas estatales conocidas como vouchers operan por separado del servicio de alimentación. M-DCPS aclaró que “ese mecanismo no se utiliza para pagar desayunos o almuerzos y que tampoco existe una tarjeta de beneficios asociada. En los centros fuera del CEP, las vías de acceso son la certificación directa y la solicitud de comidas gratuitas o a precio reducido”.
Esos programas sí afectan las cuentas generales del sistema. De acuerdo con la segunda estimación del Programa de Financiamiento Educativo de Florida, Miami-Dade registra 82.469,75 estudiantes equivalentes a tiempo completo (FTE) vinculados a esas ayudas.
Esa participación “redujo nuestros ingresos de 2026-2027 en $765.800.582”, informó la entidad. No detalló qué modalidades integran el cálculo ni la metodología empleada. Además, omitió precisar el número de alumnos representado, pues el FTE es una unidad contable y no equivale necesariamente a la cantidad real de participantes.
Los dos montos no son comparables. Los $765,8 millones reflejan el efecto que el Distrito atribuye a las ayudas estatales sobre sus finanzas educativas generales. La reducción aproximada de $9 millones corresponde al fondo de comidas escolares, sostenido fundamentalmente con reembolsos federales.
Lo cierto es que el nuevo esquema aún requiere ajustes. Aunque el presupuesto prevé recaudar $4 millones por esos cobros, el distrito desconoce cómo se distribuirán los estudiantes entre la tarifa completa, el precio reducido y la gratuidad. El panorama quedará definido cuando concluya la revisión de las solicitudes. DIARIO LAS AMÉRICAS continuará dando seguimiento al proceso y a sus efectos sobre las familias de Miami-Dade.
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