El nuevo modelo obliga a numerosas familias a solicitar asistencia o incorporar desayunos y almuerzos al presupuesto doméstico
Estudiantes esperan para recibir sus alimentos en una cafetería escolar.
IMAGEN GENERADA CON IA
MIAMI. - Después de cuatro cursos en los que todos los estudiantes de las escuelas públicas de Miami-Dade podían desayunar y almorzar sin costo, numerosas familias comenzaron el año académico 2026-2027 ante una realidad diferente: el beneficio ya no depende únicamente de asistir a un plantel del distrito, sino también de la escuela en la que esté matriculado el menor y, también, de los ingresos del hogar.
Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (MDCPS), el cuarto sistema escolar más grande de Estados Unidos reúne cerca de 500 escuelas y más de 335.500 alumnos. La clasificación publicada para el nuevo esquema de alimentación comprende 340 planteles y centros en los que se ofrecen esos servicios.
De ese universo, solo 121 conservaron el desayuno y el almuerzo gratuitos para todos sus estudiantes mediante la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés).
Los otros 219 quedaron fuera de la cobertura universal: 128 escuelas primarias y centros de kindergarten a octavo grado, además de 91 secundarias, preparatorias y planteles especializados.
En los centros que permanecen bajo la CEP, los padres no deben presentar solicitudes ni demostrar sus ingresos. Todos los alumnos reciben ambas comidas, independientemente de la situación económica de sus familias.
El panorama cambia en el resto del sistema. Los estudiantes que no sean certificados automáticamente tendrán que completar un formulario que permitiría identificar si pueden obtener alimentos gratuitos o a precio reducido. Quienes no cumplan los requisitos deberán pagar las tarifas establecidas para el nuevo curso.
El distrito explicó que la transición se produjo después de concluir su participación de cuatro años en la CEP a escala distrital. Según la información divulgada por la institución, los datos federales actualizados determinaron que Miami-Dade ya no reúne las condiciones para mantener la cobertura en todas sus escuelas.
“Nuestro objetivo es proteger a las familias de cualquier dificultad y, al mismo tiempo, mantener el desayuno y el almuerzo gratuitos para el mayor número posible de estudiantes”, afirmó Luis E. Díaz, director de Operaciones de MDCPS, al anunciar la medida.
En las 128 escuelas primarias y centros K-8 que quedaron fuera de la CEP, el desayuno continuará sin costo para todos. El almuerzo tendrá un precio regular de 4,20 dólares o una tarifa reducida de 40 centavos para los alumnos que resulten elegibles.
En las 91 secundarias, preparatorias y escuelas especializadas no acogidas a la CEP, el desayuno costará 2,50 dólares y el almuerzo, 4,20. Quienes sean aprobados para recibir asistencia abonarán 30 y 40 centavos, respectivamente.
La nueva estructura de precios puede representar un gasto significativo. Si un niño de primaria compra el almuerzo durante los 180 días del calendario académico, el desembolso por estudiante podría alcanzar 756 dólares. En un hogar con dos hijos, la cifra ascendería a 1.512 dólares anuales.
Para un estudiante de secundaria o preparatoria que pague el precio completo por ambas comidas, el costo llegaría hasta 1.206 dólares en el año. Los cálculos representan el máximo posible y pueden variar según la asistencia y la frecuencia con que cada alumno utilice el servicio.
Los padres de menores matriculados en planteles no incluidos en la CEP pueden presentar la solicitud a través del portal del Departamento de Alimentación y Nutrición de MDCPS.
Los estudiantes certificados directamente mediante ayudas como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o Medicaid (Asistencia médica subsidiada por el estado) continuarán recibiendo alimentos gratuitos de manera automática.
La certificación también comprende a menores bajo cuidado temporal, inscritos en Head Start, pertenecientes a familias migrantes o que carezcan de vivienda.
El sistema escolar conservará las condiciones anteriores durante los primeros 30 días del curso o hasta que determine la nueva categoría de cada alumno. Las autoridades recomendaron completar el trámite cuanto antes para evitar interrupciones.
El procedimiento no debe confundirse con una tarjeta para comprar alimentos ni con los vales educativos de Florida. Se trata de una solicitud vinculada a los programas nacionales de desayuno y almuerzo escolar, financiados principalmente mediante reembolsos federales.
Los vouchers, en cambio, son becas estatales que permiten utilizar fondos públicos para pagar matrículas y otros servicios autorizados en centros privados. Aunque ambos mecanismos afectan a hogares con hijos en edad escolar, tienen fuentes, requisitos y propósitos diferentes.
La forma de pago no modifica, en principio, los criterios nutricionales ni el menú disponible.
Para el curso 2026-2027, el Departamento de Alimentación y Nutrición incorporó opciones evaluadas previamente por los propios alumnos durante su exposición anual de alimentos. Entre ellas aparecen panqueques integrales de banana, salchichas de res, pizza con pepperoni de pavo, quesadillas de carne y queso Monterey Jack, nuggets de salmón silvestre, falafel de lentejas rojas y meriendas con alto contenido de proteínas.
La oferta incluye además frutas frescas, vegetales y ensaladas. De acuerdo con el distrito, el menú da mayor presencia a productos de origen local, preparaciones con ingredientes más sencillos y alternativas vegetales.
La institución sostiene que cada plato se diseña para contribuir a la salud, el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. El desafío del nuevo modelo no se concentra, por tanto, únicamente en lo que se sirve, sino en garantizar que los padres conozcan las reglas y completen el trámite a tiempo para evitar que un niño pierda la asistencia por falta de información o por una demora administrativa.
La transición coincide con un aumento sostenido del valor de las propiedades sobre el cual la Junta Escolar puede imponer gravámenes.
El tasador de propiedades de Miami-Dade, Tomás Regalado, explicó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que la certificación realizada el 1 de julio de este año situó en aproximadamente 593.000 millones de dólares la base del impuesto que pagan los propietarios de vivienda del condado a través de la tasa impositiva de sus inmuebles, a la junta escolar.
La diferencia no constituye dinero recaudado. Representa el valor de los bienes raíces sujeto a gravamen y se explica, en buena medida, por las exenciones aplicables a cada autoridad.
Para calcular el impuesto escolar solo se reconoce la primera exención de vivienda principal de 25.000 dólares. La segunda, también de hasta 25.000 dólares, no se descuenta de la porción destinada a la educación. Tampoco se aplican a esa base algunas exenciones locales concedidas a propietarios de edad avanzada.
“El sistema escolar puede imponer impuestos sobre 593.000 millones de dólares, mientras el condado y las municipalidades pueden hacerlo sobre 540.000 millones”, precisó Regalado.
El valor imponible para las escuelas pasó de aproximadamente 366.000 millones en 2021 a 593.000 millones en 2026. La diferencia, de 227.000 millones, equivale a un crecimiento cercano al 62% en cinco años, calculó el tasador.
El incremento más reciente fue mucho menor. Según el funcionario, durante el último año alcanzó alrededor de 1,6%, después de periodos en los que llegó a situarse entre 15% y 20%.
“El mercado se está estabilizando y nosotros estamos valorando las propiedades de acuerdo con su valor justo”, sostuvo.
Regalado estimó que, si la tasa escolar se mantiene próxima a la del año anterior, una vivienda con un valor imponible de 400.000 dólares podría aportar alrededor de 2.327 dólares al sistema educativo durante el ejercicio fiscal 2026-2027.
La cantidad exacta dependerá de la tasa de amillaramiento finalmente adoptada y del valor imponible de cada inmueble.
Los propietarios pueden identificar ese monto en el aviso sobre impuestos propuestos, conocido como TRIM. El documento separa los gravámenes de la Junta Escolar de los correspondientes al condado, el municipio y otras autoridades fiscales.
“Ahí se ve claramente lo que se paga al sistema escolar”, indicó Regalado.
La Oficina del Tasador determina los valores, aplica las exenciones y certifica la base tributaria, pero no recauda esos ingresos ni decide cómo se distribuyen.
“Nuestra única relación con la Junta Escolar es decirle: hay tantos valores sobre los cuales ustedes pueden imponer impuestos; hagan lo que decidan”, explicó.
La Junta Escolar, formada por nueve miembros electos, aprueba el presupuesto y establece el destino de los recursos con apoyo de la administración encabezada por el superintendente.
“El sistema escolar recibe del estado de Florida determinada cantidad de dinero por alumno y también recibe el dinero de los impuestos a la propiedad”, señaló el tasador. “Es un gobierno autónomo y los miembros de la Junta Escolar son quienes deciden cómo se gasta”.
No todos esos ingresos pueden trasladarse libremente de una partida a otra. La alimentación escolar se sostiene principalmente mediante reembolsos federales asociados con las comidas servidas y la elegibilidad de los estudiantes. Los tributos sobre las propiedades y el financiamiento estatal forman parte de una estructura presupuestaria más amplia, sometida a reglas y asignaciones específicas.
Por esa razón, el aumento de la base imponible no demuestra por sí solo que MDCPS disponga de recursos locales suficientes para conservar el desayuno y el almuerzo sin costo en todos sus planteles. Para determinarlo sería necesario conocer el presupuesto completo del servicio, los reembolsos federales proyectados y cualquier aportación realizada por la institución.
DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó al distrito escolar esos datos, además del número de alumnos comprendidos en cada modalidad y el efecto financiero que podrían estar teniendo los váuchers escolares. Al cierre de esta edición, la información no había sido recibida en este rotativo.
Hasta ahora, la explicación oficial atribuye la transición a los criterios federales de elegibilidad y no a una reducción directa de los ingresos procedentes de los impuestos locales.
La consecuencia inmediata sí puede medirse en los hogares: para muchas familias de Miami-Dade, las comidas escolares dejaron de ser un beneficio automático y ahora dependen de una solicitud, de su aprobación y, si no califican, de una nueva partida en el presupuesto doméstico.
Nuestro rotativo continuará dando seguimiento al tema y reiterará su solicitud de información a MDCPS para conocer el costo total del servicio de alimentación, los recursos aportados por cada fuente, la cantidad de menores atendidos bajo el nuevo esquema y el impacto de los váuchers en las finanzas del distrito.
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