Cataluña frente a nueva crisis política tras abstención de grupo separatista en el Parlamento

Minutos antes de que arrancara el pleno en el Parlamento regional en Barcelona se conocía el anuncio del partido antisistema Candidatura de Unidad Popular (CUP), cuyos cuatro diputados eran clave para que saliera adelante la candidatura de Turull en una primera votación, que requiere mayoría absoluta en la Cámara (68 de los 135 escaños).

A falta de la votación plenaria, se espera que voten a favor del candidato de 51 años su agrupación Junts per Catalunya (JxCAT), del ex presidente regional Carles Puigdemont y la otra fuerza separatista mayoritaria, Esquerra Republicana (ERC). Juntos suman 66 diputados, pero dos de ellos no pueden votar por estar prófugos fuera de España, entre ellos el propio Puigdemont.

Ello hacía necesarios los cuatro apoyos que la CUP, que sigue defendiendo la vía de independencia unilateral que el partido de Turull ya no avala abiertamente, se negó a conceder.

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"La propuesta de programa de Gobierno de JxCAT y ERC no avanza en la construcción de medidas republicanas ni sociales que respondan a los derechos y necesidades de la clase trabajadora y del resto de clases populares", explicó el partido antisistema en su comunicado.

El anuncio hacía fracasar la sesión de investidura antes incluso de su comienzo, echando por tierra los planes de los otros partidos independentistas de que fuera nombrado hoy. El partido Ciudadanos, defensor de la unidad con España y el más votado en las elecciones, había intentado sin éxito frenar el pleno durante la mañana.

Turull es el "plan C" de los separatistas para formar Gobierno tras las elecciones del 21 de diciembre, después del fracaso de sus dos opciones anteriores: primero Puigdemont por encontrarse prófugo en Bélgica. Y después Jórdi Sánchez por estar en prisión provisional y negarle la Justicia acudir al pleno de investidura.

Su decisión la víspera de apartarse hizo que pudiera convocarse a última hora el pleno de hoy, en un acción "in extremis" motivada por los procesos judiciales que vienen marcando la política catalana desde que el anterior Gobierno de Puigdemont lanzara su desafío independendista al Estado español.

Y es que Turull, investigado por delitos derivados del proceso separatista, ha sido convocado mañana mismo a las 10:30 (9:30 GMT) por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien le comunicará el auto de procesamiento y revisará las medidas cautelares que se le aplican y que podrían incluir su envío a prisión preventiva.

Turull salió en libertad condicional el pasado diciembre tras pasar 32 días en la cárcel y pagar una fianza. Los delitos por los que se le investiga incluyen sedición, malversación y rebelión. Una imputación por rebelión -el más grave penado con hasta 30 años de cárcel- sumada a una prisión preventiva podrían además llevar a su inhabilitación como diputado.

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Con el lazo amarillo en la solapa, símbolo contra en encarcelamiento de políticos independentistas, Turull defendió hoy en el "Parlament" su proyecto de Gobierno pero al mismo tiempo mostró la "mano tendida" y ofreció "diálogo" al Ejecutivo español y al rey Felipe VI. "Nos volvemos a ofrecer para dialogar con el Gobierno. Que todo el mundo vea que por nosotros no quedará", insistió.

En su discurso, de casi una hora, no hizo alusión en ningún momento a la "república" catalana que la Cámara regional hizo amago de proclamar en octubre ni al impulso de un proceso constituyente.

Esa proclamación provocó la intervención del Gobierno español de la autonomía regional el pasado octubre, así como la destitución del "Govern" de Puigdemont y la convocatoria de elecciones.

Desde la oposición, el partido no independentista Ciudadanos, acusó a Turull de alimentar "una farsa" y de buscar alargar el proceso independentista. "Usted no está aquí hoy para ser presidente. No son sus ideas las que les han llevado a esta situación judicial, han sido sus actos. Usted no es parte de la solución porque es parte del problema", dijo la líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas.

Muchas incógnitas quedan abiertas de cara a la segunda sesión de investidura que debe convocarse en 48 horas, según las normas del parlamento catalán. No es fácil sin embargo que ello ocurra: primero porque un candidato no puede ser votado si se encuentra en prisión, algo que podría ser una realidad mañana.

Y segundo porque para sumar la mayoría simple necesaria entonces, de 66 votos, a las fuerzas independentistas le faltan dos apoyos sin la CUP. Algunos analistas apuntaba a que Puigdemont y Comín pudieran renunciar a sus actas de diputados para que otros pudieran votar en su lugar, pero no está claro que diera tiempo a formalizar ese paso.

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Cataluña queda así de nuevo en una situación de incertidumbre, pero al menos se desbloqueó un pequeño resorte: pase lo que pase en los próximo días, se pone en marcha el reloj que obliga a Cataluña a formar Gobierno si no quiere volver a las urnas. El plazo es de dos meses, por lo que vencería el 22 de mayo.

Si en ese tiempo no se ha investido a un presidente del Ejecutivo catalán, se convocarían automáticamente nuevas elecciones, que se celebrarían 54 días después de la publicación del decreto de convocatoria, es decir, a mitad de julio.

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FUENTE: dpa