"Con todo el respeto para este tribunal les pido, fíjense qué temeridad, que absuelvan al señor Iñaki Urdangarin, que a día de hoy ya viene condenado por parte de la sociedad y determinados medios de comunicación", ha señalado el abogado Mario Pascual ante los cinco magistrados que componen la sala de casación.
Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno) y a responsabilidad civil.
La pena impuesta fue no obstante bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid, y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño.
A lo largo de su intervención ante la Sala, la defensa del exduque ha reprochado a las acusaciones la "absoluta falta de definición" sobre cuál es la cuota tributaria que se debe imputar al señor Urdangarin por los delitos fiscales a los que fue condenado, ya que en sentencia se fijó una cantidad --de 129.000 euros, sólo 9.000 por encima de la cantidad a partir de la cual se considera que existe delito--, y ahora se pretende que la cantidad sea otra.
"El contribuyente no sabe a día de hoy qué cantidad debería abonar para que cualquier tribunal no le quisiera condenar por delito fiscal", ha añadido el letrado.
También ha reprochado que no haya merecido reproche el contrato de 18 millones de euros para el equipo ciclista de Baleares y únicamente se persiguieran los 150.000 euros obtenidos por su cliente para organizar la oficina de seguimiento de sus actividades.
Falta de normativa sobre fundaciones
En cuanto a las condenas por malversación impuestas al marido de Cristina de Borbón, la defensa se ha preguntado por qué se le ha condenado por los contratos de patrocinio que realizó para lo foros deportivos celebrados en Baleares --por más de dos millones de euros-- y se le absolvió en lo referente a los contratos similares firmados con las autoridades valencianas.
Ha añadido que, en el caso de los primeros, debería tenerse en cuenta que las autoridades autonómicas de Baleares transpusieron de forma tardía las directivas europeas sobre la actuación de las fundaciones, por lo que dicha fiscalización no se introdujo hasta el año 2011.
"Por ello la sindicatura de cuentas de Baleares no puso objeción a los contratos ni a los patrocinios", ha añadido Mario Pascual.
Para esta parte, los convenios firmados fueron un patrocinio, y pese a que la Abogacía de Baleares ha venido defendiendo que no fueron útiles, por no producir efectos prácticos en Baleares, la Fiscalía defendió por el contrario en su escrito que "fueron especialmente útiles" y no discutió las cantidades empleadas en su organización.
En su escrito ante el Supremo, la defensa de Urdangarin insistía en que la condena debe ser anulada porque, entre otras razones, nunca se ocupó de temas contables, financieros ni fiscales en relación con este organismo y "no se puede demandar al olmo por no dar peras".
También se opone a los argumentos que da el Ministerio Fiscal para pedir una agravación de la condena por malversación al entender que su actividad no supuso un entorpecimiento al servicio público.
Rechaza también Urdangarin la cuantificación de las cantidades presuntamente sustraídas que hace la Fiscalía y que tanto él como su exsocio Diego Torres incumplieran las exigencias legales que se incluían en los contratos que firmaron con el Instituto Balear de Turismo para la celebración de Illes Balears Forum en 2005 y 2006, por los que cobraron unos 2 millones de euros.
"Caso Nóos", la trama corrupta que salpicó a la monarquía española
El "caso Nóos" hizo temblar los cimientos de la monarquía española y sumió al rey Juan Carlos I en una crisis de imagen que lo llevó a abdicar en su hijo Felipe en junio de 2014.
La familia real española se vio vinculada a la palabra corrupción especialmente tras la imputación de la infanta Cristina, hija mediana de Juan Carlos y hermana del actual monarca español, Felipe VI.
Tras sentarse en febrero de 2016 en el banquillo de los acusados junto con su marido, Iñaki Urdangarin, fue absuelta.
Urdangarin, exjugador profesional de balonmano, fue condenado a seis años y tres meses de prisión por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos contra el fisco.
La Justicia española investigó los negocios que hizo entre los años 2003 y 2006 al frente del Instituto Nóos, una organización vinculada al mundo del deporte y en teoría sin ánimo de lucro que el exdeportista creó junto con Diego Torres, uno de los profesores que había tenido en un máster en negocios.
A ambos, imputados por el juez José Castro, se los acusó, entre otras delitos, de haberse apropiado de casi seis millones de euros de dinero público, cifra que procedía sobre todo de contratos con los gobiernos regionales de las Islas Baleares y de Valencia (este).
El caso se resume básicamente en el supuesto aprovechamiento del prestigio de la Casa Real por parte de Urdangarin y de su socio para lograr suculentos contratos adjudicados a dedo.
Los servicios se contrataban por precios desorbitados, muy por encima del coste real, y también se facturaban servicios ficticios. Que Urdangarin fuera el yerno del entonces rey de España fue la clave de ese trato de favor, según el juez.
El "caso Nóos" es una de las piezas separadas que salieron del "caso Palma Arena".
Las irregularidades de Urdangarin aparecieron cuando el juez Castro investigaba cómo se dobló el coste de la construcción de un centro polideportivo, un caso por el que el exministro y exjefe del gobierno regional balear Jaume Matas fue ya juzgado y condenado.
Un alto porcentaje de esos casi seis millones de euros presuntamente malversados por Nóos acabó en empresas privadas de los dos socios.
Una de las sociedades en las que más dinero entró por supuestos trabajos encargados por el instituto fue Aizoon, de la que Cristina era copropietaria junto con su marido. Cristina formaba parte también de la junta directiva del Instituto Nóos.
El juez la consideró sospechosa de haber sido "cooperadora necesaria" en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido. La infanta pidió ser absuelta alegando que firmó "sin pedir explicaciones" los escritos que le presentó Urdangarin.
En diciembre de 2015, el magistrado mandó a ambos al banquillo de los acusados junto con otras 15 personas, entre ellas algunos excargos del Gobierno regional de Baleares. El juicio arrancó en enero de 2016 y duró casi seis meses hasta el pronunciamiento del tribunal en febrero de 2017.
FUENTE: dpa
