Condenan a cinco años de prisión a Esther Nuhfer por el caso del cabildeo con Venezuela

Nuhfer, consultora política, salió momentos después de que un juez dictara la sentencia, acompañada de su familia. La sala del tribunal estaba llena de amigos y familiares de Nuhfer, quienes declararon a su favor.

Orígenes del caso

El hecho está relacionado con un acuerdo multimillonario en 2017 que involucró a la empresa petrolera estatal de Venezuela.

Rivera recibió pagos de un contrato valorado en 50 millones de dólares gestionados a través de una filial estadounidense de PDVSA, con el objetivo de presionar de forma encubierta a funcionarios en Washington para conseguir el levantamiento de sanciones y un cambio en la política exterior hacia Venezuela.

En 2022, ese acuerdo se convirtió en el centro de la acusación y el arresto de Rivera. Y, en mayo de 2026, la jueza federal Melissa Damián le negó la libertad bajo fianza debido a peligro de fuga y ordenó su ingreso inmediato en custodia federal a la espera de sentencia.

Luego en una corte federal de Miami, el jurado declaró culpable a Rivera de ocho cargos que se le imputaban:

• Conspiración contra EEUU.
• Conspiración para cometer lavado de dinero.
• No registrarse como un agente extranjero.
• Realizar transacciones ilegales que derivaron en propiedades (3 cargos en este).

Del juicio, también hacía parte Esther Nhufer, quien igualmente enfrentaba cargos por no registrarse como agente extranjero, como lo exigen las leyes federales de EEUU, y quien fue declarada culpable de seis cargos, entre ellos, actuar en representación del régimen de Maduro sin registrarse debidamente, violando la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y de conspirar con Rivera para lavar dólares.

La defensa de Rivera adujo que este nunca se registró como lobista del régimen venezolano, porque nunca tuvo labores políticas, sino negocios. Rivera ofreció sus servicios de consultoría a una empresa americana, la subsidiaria de PDVSA, PDV Holdings, a través de la cual se gestionaron pagos, en varias partes, a la empresa de Rivera, Interamerican Holding.

En 2022, fiscales alegaron que Rivera fue reclutado por la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada de Venezuela, para aprovechar conexiones republicanas de la época de Rivera en el Congreso y lograr que la primera administración de Trump abandonara su postura de línea dura y aliviara las sanciones asfixiantes contra Venezuela.

“Juguetonas”

Tanto rivera como Nuhfer guardaron el “enorme secreto” y no revelaron su trabajo de cabildeo como se exige, por temor a que habría terminado con la carrera política de Rivera como un firme anticomunista.

Para ocultar su trabajo, alegan los fiscales, Rivera también creó un grupo de chat cifrado llamado MIA —por Miami— con su principal conducto hacia el régimen de Maduro: el magnate de los medios venezolano Raúl Gorrín, quien posteriormente fue acusado en EEUU de sobornar a altos funcionarios venezolanos.

Los miembros del grupo usaban palabras clave juguetonas para hablar de sus actividades: Maduro era el “conductor del autobús”, Sessions “Sombrero”, Rodríguez “La Dama de Rojo” y millones de dólares “melones”, según copias de mensajes de texto presentadas al jurado.

Los abogados de Rivera y Nuhfer dijeron, en su momento, que ambos actuaron de buena fe y creían que no tenían obligación de revelar su trabajo. El contrato de tres meses y US$ 50 millones de con la firma de consultoría unipersonal de Rivera, dicen, se centraba exclusivamente en atraer de nuevo a Venezuela al gigante petrolero ExxonMobil, un trabajo comercial que por lo general está exento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

Reuniones con Exxon para Rodríguez

Los fiscales dijeron que Rivera utilizó el contrato con PDV USA, con sede en Nueva York, como tapadera para cabildeo ilegal.

Una vez expuestos, los socios intentaron ocultar el trabajo —fechando documentos de manera retroactiva y elaborando acuerdos ficticios, como uno para justificar una transferencia bancaria de US$ 3.75 millones a una empresa del sur de Florida que mantenía el yate de lujo de Gorrín.

La actividad política incluyó organizar reuniones para Rodríguez en Nueva York, Caracas, Washington y Dallas.

Sin embargo, las gestiones se desmoronaron rápidamente. En los seis meses posteriores a asumir el cargo, Trump sancionó a Maduro y lo calificó de “dictador”, lanzó una campaña de “máxima presión” para sacarlo del poder.

Y el 3 de enero de este año, Maduro fue capturado por fuerzas élites estadounidenses y llevado a una prisión en Nueva York. Ayer, su defensa introdujo una moción para desestimar la causa con el argumento de la inmunidad como jefe de Estado. El juicio de Maduro inicia en junio de 2027.

 NULL

    

FUENTE: Con información de Redes sociales/Univisión