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ESPAÑA

La corrupción tumba a Esperanza Aguirre, ícono del PP de Rajoy

Su caída se produce tras una "semana negra" de un Partido Popular golpeado por diversos casos de corrupción, que comenzó el martes pasado cuando el propio Rajoy fue citado a declarar como testigo en el juicio por la trama "Gürtel"

MADRID.- Los escándalos de corrupción que sacuden al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy se cobraron este lunes una de sus víctimas de más alto rango: Esperanza Aguirre renunció a sus cargos en Madrid después de que su ex "mano derecha" Ignacio González fuese detenido y enviado a prisión.

La hasta ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid estaba en el punto de mira desde el miércoles pasado, cuando González fue detenido por desfalco y se sumó así a diversas figuras del entorno de Aguirre salpicadas por corrupcion. La presión de la oposición y de su propio partido fueron aumentando y la dirigente terminó cediendo.

"Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que no vigilé lo suficiente. Por eso dimito del cargo político que ostento, concejal y portavoz", dijo Aguirre, visiblemente consternada, durante una declaración institucional en la que no admitió preguntas.

Aguirre calificó a González de persona de su "máxima confianza": "Me siento engañada y traicionada", continuó. "Los ciudadanos tienen derecho a exigir que los políticos asumamos todas nuestras responsabilidades con dignidad, sin dilaciones y sin excusas. Y yo tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades".

Con más de tres décadas de experiencia en política, Aguirre, de 65 años, fue ministra, presidenta del Senado y presidenta de la Comunidad de Madrid hasta 2012. Con su carácter rígido, sus altibajos políticos y su relación actualmente fría con Rajoy, era una figura central y emblemática del partido.

Su caída se produjo tras una "semana negra" de un PP golpeado por diversos casos de corrupción, que comenzó el martes pasado cuando el propio Rajoy fue citado a declarar como testigo en el juicio por la trama "Gürtel", uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas en España.

Un día más tarde, las fuerzas de seguridad detuvieron a González, hombre de confianza de Aguirre y su sucesor como presidente regional de la Comunidad de Madrid, como sospechoso de liderar una trama corrupta en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II.

El juez lo envió a prisión sin fianza dos días más tarde, mientras el escándalo iba salpicando día tras día a figuras de primer orden. Este lunes se supo que entre los 60 investigados aparecen Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo, y Juan Villar Mir, dueño de la constructora OHL y uno de los empresarios más importantes de España.

La oposición, que había apuntado desde un principio contra Aguirre, consideró este lunes insuficiente su renuncia.

"La primera responsabilidad que debería haber asumido es explicar qué es lo que sabe, porque no nos creemos que no supiera nada", dijo la portavoz del grupo socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, que pidió a Aguirre "explicar cómo ha financiado sus campañas electorales, cómo se ha financiado el PP".

El Gobierno local de la alianza de izquierda Ahora Madrid sostuvo que la renuncia "no es suficiente" y consideró a Aguirre "cómplice del saqueo". "Pocos madrileños creen que no sabía nada ante las reiteradas denuncias y pruebas que tenía desde 2008 sobre hechos irregulares relativos al dinero público", dijo la portavoz Rita Maestre.

El PP, por su parte, se limitó a mostrar su respeto por la decisión de Aguirre y elogió su "larga trayectoria política". "Ha sido una persona relevante para esta organización", señaló la formación conservadora en un breve comunicado. Rajoy, de visita en Brasil, evitó referirse al tema.

Ignacio González no es el único hombre de confianza de Aguirre que se encuentra entre rejas. En 2014 fue encarcelado Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en el marco del llamado "caso Púnica", una trama corrupta vinculada a varias administraciones regionales por cobros y adjudicaciones irregulares.

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FUENTE: dpa

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