Socialistas aseguran investidura de Pedro Sánchez a cambio de impunidad

Las recientes alianzas le darían al mandatario socialista español 179 votos, tres más de las que necesitaría en el Congreso de Diputados, de 350 escaños, para ser reelecto en el cargo que ocupa desde 2018.

Este es un escenario que no parecía posible antes de las elecciones celebradas en julio, cuando se vislumbraba el regreso al poder del Partido Popular (PP), de derecha, con respaldo de partidos de derecha como Vox.

El consenso entre el PSOE y el PNV establece, entre otras cosas, el "traspaso efectivo" al País Vasco de todas las transferencias pendientes incluidas en el Estatuto de Guernica, aprobado en 1979, en un lapso máximo de dos años.

Ambos partidos acordaron negociar el "reconocimiento nacional" de País Vasco, salvaguardar las competencias vascas y un sistema de gastaría, basado en la "bilateralidad y en la foralidad". Así lo dio a conocer, Andoni Ortuzar, presidente del PNV, quien destacó que los alcances de este acuerdo deben responder, además, a las demandas de la mayoría del Parlamento Vasco, como "representante legítimo del pueblo vasco".

Pedro Sánchez cruzó una nueva "línea roja"

Otro punto de esta alianza, que ha generado controversia, es la referente a las "reivindicaciones históricas" del partido vasco, que contempla el traspaso de la gestión económica del Seguro Social.

Ante la mención de este punto, el repudio del PP y el Vox (de extrema derecha) no se hicieron esperar. Ambos partidos rechazaron lo que califican como la "ruptura" y el "robo" de la caja única del Seguro Social.

A juicio de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, con este pacto Sánchez cruzó otra "línea roja más", con la que demuestra que para el mandatario "lo único importante es Pedro Sánchez".

"Es la ruptura, a través de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, de la igualdad también de los españoles en términos de pensiones y en términos de la sostenibilidad del sistema de las pensiones", apuntó.

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, consideró que con este acuerdo se pretende provocar la "ruptura de España", puesto que representa "más privilegios y más desigualdad" entre españoles.

"Es un robo a la caja única de la seguridad social, porque pretende destruir una unidad que ha permanecido durante mucho tiempo y que garantiza que los españoles tengan asistencia social", aseveró.

Expulsión de la Guardia Civil

Poco después de que el PSOE y el Vox suscribieran este pacto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció la expulsión del Instituto Armado del País Vasco.

Sánchez acordó entregar a la Ertzaintza (policía vasca) competencias que en principio le pertenecen a la guardia civil, como las relacionadas con los puertos, los delitos ambientales, las bases de datos policiales y ciberseguridad. También plantea la incorporación de la policía vasca a la mesa de valoración de la amenaza terrorista.

Para la AUGC, este acuerdo es un "despropósito" que supone la "expulsión" de la Guardia Civil y el "desmantelamiento de la seguridad pública en el País Vasco y de los guardias civiles en este territorio".

Afirma que este es un plan que inició en Cataluña, con el aumento de la plantilla de los Mozos de Escuadra, ahora "se extiende" al País Vasco. "Nos sentimos utilizados como moneda de cambio debido a la continúa intención de restar competencias", enfatizó la Asociación de Guardias Civiles.

Una investidura controvertida

Con estas recientes asociaciones, se garantizaría la permanencia en el poder de la coalición gubernamental formada por el PSOE y la organización de extrema izquierda, Sumar, en un acto que podría celebrarse, según medios españoles, entre el miércoles 15 de noviembre y el jueves 16 de noviembre.

Pedro Sánchez decidió jugarse su última carta y pactar con el partido Juntos por Cataluña, de Puigdemont, una amnistía para los independentistas de 2017, procesados por la justicia española, a cambio de los votos que necesita para su reelección ante el Parlamento, pese a haber sido derrotado en las pasadas elecciones.

Esta es una decisión que divide a la sociedad española, al ser percibida como una "amenaza" al Estado de Derecho. Ante esta situación, son miles los españoles que han salido de sus casas a protestar en contra de la amnistía.

Este viernes, para lo que sería la octava jornada de protestas frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, la Policía Nacional desplegó un fuerte, brindando las calles aledañas. Esto, a fin de salvaguardar las instalaciones del enclave socialista en caso de que continúen los disturbios que han tenido lugar en las últimas noches.

"España es una, no 51", "Pedro Sánchez a prisión" y "policía defiende tu nación", son algunos de los cánticos que han mantenido los manifestantes a lo largo de esta jornada, en rechazo de este acuerdo.

Para este domingo, tanto el PP y el Vox organizan nuevas manifestaciones en las ciudades más importantes de España, por lo que llaman a los ciudadanos a unirse a estas protestas en contra de la amnistía.

"Tenemos el deber de resistir a un gobierno y a un tirano que va a obtener el apoyo a la investidura con todos los enemigos de España", expresó la noche del jueves el conservador, Santiago Abascal.

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FUENTE: Con información de AP, AFP y EuropaPress