Al venezolano le importa ganar su guerra. Pero le interesa, aún más, ganar la guerra. Se juega su vida, a diario, por un pernil, un paquete de harina precocida, por unas píldoras para bajar la presión arterial, pero se la está jugando, alma y corazón indoblegables, por deponer a la horda de narcosátrapas que lo desgobiernan. Sabe que, sin esto último, no puede solucionar lo primero. Es decir, lo elemental para subsistir.

Termino de escribir y remitir a “Diario Las Américas” el presente artículo a las diez de la mañana del 10 de enero. Aún así, no es difícil predecir lo que se producirá en las horas y días inmediatos. Maduro intentará darle forma al vacío de Poder. El diputado Guaidó no jurará como presidente encargado de Venezuela. Irrelevante, a nuestros efectos, como se denomine tal abstención. Irrelevantes, la forma, los malabarismos retóricos y los motivos, comprensibles en determinados aspectos. Lo que sí es relevante y previsible, es que ante tal situación, el Tribunal Supremo de Justicia, legítimo o en exilio, como lo llaman algunos, cumplirá sus obligaciones. La más jurídica, constitucional, pero sobre todo, más legítima ante la tragedia compatriota, es la designación de un presidente de la República de Venezuela, en calidad de encargado. Es lo que prevé el texto constitucional (artículo 233, primer aparte), para situaciones muy parecidas a la de hoy y en tales supuestos se impone el axioma según el cual “cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias analógicas”.

El ciudadano electo, por el TSJ legítimo, precisa vivir en país extranjero. Un residente en Venezuela que asuma tamaña responsabilidad –sea el mismo Guaidó, caso improbable, sea otra persona designada por la autoridad judicial– será preso o muerto. Los esbirros de la hiena cucuteña no perdonan. Le aplicarán, por solo referir algunas de las muchas que utilizan, las recetas “Oscar Pérez”, “Fernando Albán”, “Rolando González” a quien la narcohiena en cuestión, le endilgó el remoquete de “El Aviador”.

Ante el incumplimiento del Estado venezolano de “la obligación de proteger a sus ciudadanos” la primera actuación del Presidente encargado ha de ser la activación de los principios adoptados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de la resolución 1674 de agosto de 2006, aprobatoria de la resolución 1706 sobre el caso Sudán. Existen, además, otros instrumentos en el ámbito del Derecho Internacional que iremos destacando a lo largo de sucesivas publicaciones. El Presidente encargado debe activarlos todos. Los organismos multilaterales y los Estados verdaderamente amigos de Venezuela, de la paz y la decencia –no la sucesión de gobiernos, proxenetas y expoliadores, que nos han venido saqueando– ya no tendrán obstáculos jurídicos para actuar como deben actuar. No queremos despertar falsas expectativas. No nos engañamos. Nos espera un camino largo y proceloso. Pero a partir de este 10 de Enero de 2019 se abren nuevos horizontes a nuestra causa libertaria.

@omarestacio

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