Alerta en Washington

Los fondos buitre no pueden secuestrar la transición democrática en Venezuela

La política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela se encuentra en una encrucijada decisiva. Mientras el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio reafirman su compromiso inquebrantable con la restitución de la libertad y el orden constitucional en el hemisferio, en las sombras de Washington se gesta una maniobra financiera que amenaza con sabotear estos esfuerzos.

Fondos de cobertura y tenedores de bonos fraudulentos —especialmente el ilegal Bono PDVSA 2020— están activando una agresiva campaña de cabildeo con un objetivo alarmante: financiar a falsos actores de oposición para descalificar y desplazar el liderazgo legítimo de María Corina Machado dentro de los círculos republicanos.

Esta operación no busca la libertad de Venezuela; busca el saqueo anticipado de sus activos. Al calificar esta deuda de ilegal, María Corina Machado no está atacando el libre mercado; al contrario, está defendiendo el capitalismo real basado en la ley y la transparencia.

El bono PDVSA 2020 fue emitido por la dictadura de Nicolás Maduro violando flagrantemente la Constitución venezolana al eludir el control de la Asamblea Nacional. Quienes compraron esos títulos sabían que pactaban con criminales y asumieron un riesgo consciente. Pretender ahora que el pueblo venezolano pague esa complicidad entregando Citgo, o usar las ganancias de esa deuda para financiar campañas de desprestigio en el Congreso de EE. UU., es un acto de corrupción que la nueva administración estadounidense no puede tolerar.

El presidente Trump y el secretario Rubio deben estar alerta ante los mensajeros pagados por estos intereses financieros. El manual de estos operadores es predecible: intentar pintar a Machado como una figura "intransigente" o "poco pragmática" ante Wall Street, promoviendo en su lugar a intermediarios complacientes que estén dispuestos a convalidar deudas mafiosas y entregar la infraestructura crítica del país a cambio de apoyo político.

Esto sería un error estratégico catastrófico para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Una transición debilitada, que reciba un país despojado de Citgo y asfixiado por deudas fraudulentas, será una transición débil, propensa a colapsar y a dejar la puerta abierta nuevamente a la influencia geopolítica de China, Rusia e Irán.

La fuerza del liderazgo de María Corina Machado radica en su coherencia y en el respaldo de millones de ciudadanos que votaron por un cambio real, no por un cambio de cromos entre élites corruptas. Apoyar la tesis de Machado de auditar la deuda y proteger los activos del Estado es la única vía para garantizar una reconstrucción económica sostenible.

El gobierno de los Estados Unidos debe aplicar la máxima lupa fiscal y legal a través de la ley FARA sobre estos grupos de presión. La libertad del hemisferio y el respeto al verdadero Estado de derecho exigen que la política de la Casa Blanca se guíe por la justicia y los valores democráticos, y no por las billeteras de quienes se lucraron con la tragedia venezolana.

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