Cuba se merece vivir en libertad

Bajo la narrativa falsa algunos líderes y medios liberales intentan instrumentalizar el mito de que Estados Unidos continúa endureciendo el bloqueo y las sanciones económicas contra la Isla, sin preocuparse por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo.

¿Qué propósito persiguen con esto? Generar la sensación de que cualquier medida de fuerza contra el régimen comunista de La Habana resulta irracional, insufrible, empecinado, cruel y que acabará en fracaso.

Pero la versión real no les interesa y la ponen en duda: desmantelar un régimen totalitario e integral con más 67 años en el poder es un proceso extremadamente difícil y lento que requiere tiempo, estrategia, resistencia social y supone un gran sufrimiento diario en la vida de las personas.

¿Por qué es un proceso lento? Por un lado, porque la dictadura cubana se niega a abandonar el poder, demostrando una vez más que le interesa más el martirio del pueblo que una vida mejor para sus ciudadanos. Y, por el otro, porque todavía la familia Castro cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales e intelectuales de izquierda que hacen todo lo posible para evitar que en la isla comience un proceso de transición que suponga acabar con la continuidad de lo que ellos llaman “legados de la Revolución Cubana”.

¿Cuál es la razón de ser de esta narrativa de la izquierda? Poner en duda todo lo que haga la administración de Donald Trump y convertirlo en blanco de sus ataques para eximir al régimen castrista de sus responsabilidades políticas.

Mientras que la camarilla comunista de La Habana permite que la situación de Cuba se agrave y, por tanto, persista, los voceros de la izquierda culpan a las sanciones económicas y financieras como el factor desencadenante de la crisis humanitaria que Cuba padece desde hace más 50 años.

El problema coyuntural ahora, según el discurso oficial, son las sanciones y los apagones por culpa del bloqueo petrolero, pero el problema de fondo es el sistema. No funciona y no ha funcionado nunca.

La amenaza del imperialismo norteamericano, personalizado en Trump y Marco Rubio, no es más que una excusa y funciona como relato utilitario para que los Castro conserven el poder a toda costa.

En la misma línea, no deja de resultar irónico que un grupo de intelectuales de izquierda, en su afán exculpatorio de la agenda ideológica del castrismo, ha puesto en duda el informe que el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) publicó el pasado 20 de julio de 2026 bajo el título de “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI”, en el cual se acusa al régimen de orquestar una campaña sostenida de subversión, espionaje e influencia política para socavar la seguridad nacional estadounidense.

Los informes del Departamento de Estado son documentos de política exterior y seguridad nacional, no artículos académicos sometidos a una revisión de conceptos metodológicos. Su objetivo suele ser argumentar y defender posturas de seguridad, lo que puede llevar con razón a seleccionar exclusivamente la evidencia que respalda la tesis del Estado (sesgo de selección).

Pongamos un ejemplo concreto. Entre las revelaciones del informe destaca que el régimen castrista ha estado entrenando desde 1969 en la isla a más 10 mil activistas estadounidenses, organizando encuentros e intercambios académicos y culturales como vehículos de propaganda, adoctrinamiento político y recopilación de inteligencia cuyo fin último es cultivar movimientos de izquierda radical dentro de Estados Unidos

El documento identifica como "grupos fachada y compañeros de viaje" a movimientos políticos reconocidos como los Socialistas Democráticos de América (DSA), Black Alliance for Peace, Code Pink y Black Lives Matter.

La pregunta que cabe hacerse es por qué estos expertos al servicio de la Habana se empeñan a priori en desacreditar el informe del DOS, con observaciones extemporáneas sobre el macartismo y la guerra fría, sin referirse por ejemplo a la directiva presidencial secreta de seguridad nacional, firmada en 1960 por Dwight D. Eisenhower, en la que el presidente manifestaba su preocupación ante la posibilidad de que Cuba se convirtiera en un satélite de la Union Sovietiza.

Las críticas al informe tampoco repasan que, en 1961, Fidel Castro se declaraba abiertamente marxistaleninista mientras recibía frecuentemente en La Habana a altos funcionarios del KGB. Dede entonces, el régimen cubano estaba dando muestras suficientes de querer establecer en Cuba un sistema comunista.

Evidentemente, estos intelectuales de izquierda al poner en entredicho el informe del Departamento de Estado coinciden con la posición asumida por muchas administraciones norteamericanas en diferentes circunstancias históricas: curarse en salud con el régimen castrista. Desde Lindon Johnson hasta Biden, con especial incidencia durante la era de Obama, la política de contención y de no confrontación ha sido el leitmotiv de las relaciones diplomáticas de EE. UU. con La Habana.

Por fortuna, Donald Trump y sus asesores rompen con esta errónea estrategia de mostrase indiferente ante todo lo que sucede en Cuba, argumentando la imperiosa necesidad de defender la seguridad nacional de EE. UU.

Por ello, el análisis del espionaje cubano requiere evaluar múltiples dimensiones geopolíticas y operativas que trascienden el plano ideológico. Si bien el rechazo al modelo estadounidense es una constante en la narrativa oficial, los informes de inteligencia y del Departamento de Estado de Estados Unidos señalan motivaciones mucho más pragmáticas y complejas.

A diferencia de los espías soviéticos o rusos, que solían operar por motivos financieros (como Aldrich Ames o Robert Hanssen), el régimen castrista comunista se ha especializado en el sondeo de información estratégica y en el reclutamiento ideológico. De ahí que la industria del espionaje cubano contra los Estados Unidos es un fenómeno complejo que está documentado rigurosamente a través de registros judiciales, archivos desclasificados e investigaciones de inteligencia. Casos emblemáticos como el de Ana Belén Montes en la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) o la Red Avispa en Florida demuestran una capacidad histórica de penetración en estructuras claves de la seguridad nacional estadounidense.

Aún no está claro que pretende hacer el equipo de Trump y Marco Rubio con Cuba, pero es evidente que su aspiración es forzar un cambio de rumbo político en la isla, aunque a veces parezca lo contrario.

Nadie puede negar que las sanciones de carácter jurídico y económico han ido debilitando la capacidad operativa del régimen, mientras que el Pentágono consolida su presencia militar en Guantánamo, respaldado por los gobiernos que integran la iniciativa Escudo de las Américas que se han organizado con la estrategia de mayor presión de Estados Unidos contra el régimen cubano.

El secretario de Estado Rubio advirtió recientemente que Washington mantendrá una campaña de máxima presión económica y cerrará todas las "válvulas de escape" del régimen para forzar un cambio político en la isla.

Sin embargo, falta mucho camino por recorrer. Los críticos se indignan porque las promesas de un colapso inminente del régimen se han dilatado y consideran que una estrategia a largo tiempo puede facilitar que el gobierno cubano gane tiempo y refuerce sus lazos con aliados como Rusia y China, propiciando una situación de "indeterminación".

En ese sentido, seria conveniente -como han señalado algunos expertos- que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes cite a declarar a todas las personas y organizaciones fichadas en el citado informe del Departamento de Estado.

La administración de Donald Trump esta convencida que ya es hora de que los Castro y sus secuaces se vayan del país. Una operación militar seria la forma más rápida de derrocar la dictadura y forzar un cambio de régimen. No parece haber otro camino para encausar un marco institucional estable y verdaderamente soberano.

En medio de tanta incertidumbre, al pueblo cubano le conviene esa visión hemisférica de la actual administración de defender el mundo libre, la libertad económica y la libertad política contra regímenes enemigos del Estado de derecho. Como también su compromiso de convertirse en el nuevo gendarme de las democracias liberales de Latinoamérica y defender esos valores por encima de todo.

Los repetidos llamados al diálogo y al respeto a la soberanía son la perfecta cortina de humo que necesita el régimen castrista. Por eso, la necesidad de sobrevivencia y de libertad del pueblo cubano tendría que alinearse con la necesidad de seguridad de los Estados Unidos. El conflicto histórico y geopolítico entre ambas naciones se puede entender precisamente bajo esa premisa: un encuentro entre un problema existencial de vivir con dignidad y libertad (para Cuba) y un problema de utilidad y seguridad nacional (para Estados Unidos).

Y los plazos de ejecución de este proceso de entendimiento dependen tanto de la nueva vocación hemisférica y del compromiso con los valores democráticos de Estados Unidos, como de la demanda de libertad de quienes han sufrido durante 67 años la epidemia del castrismo.

Aceptemos la realidad. Si el gobierno norteamericano no toma cartas en el asunto, se avecina una nueva ola de terrorismo y activismo de extrema izquierda retroalimentada desde La Habana. La falta de libertades y la crisis económica en Cuba impulsan olas migratorias masivas. Por el contrario, la estabilización democrática y económica aliviaría la presión sobre las fronteras estadounidenses y beneficiaría la seguridad nacional de Estados Unidos.

Por otra parte, una Cuba democrática y estable reduciría el riesgo de que la nación caribeña sea utilizada como base de operaciones por potencias rivales (como Rusia o China) o para actividades de inteligencia que amenacen este país.

Más que un compromiso formal o un acuerdo bilateral, el informe del Departamento de Estado funciona como una hoja de ruta que compromete políticamente al gobierno de Trump y a su secretario de Estado Marco Rubio, a buscar cuanto antes un cambio de régimen.

La transición en Cuba debe construirse sobre la base de la justicia y la soberanía popular, a través de mecanismos cívicos y constitucionales que devuelvan el poder de decisión a la ciudadanía. Pero será Estados Unidos quien deberá impulsar y proteger ese proceso de transición.

El equívoco de que para que haya soberanía democrática no puede haber intervención humanitaria, debe quedar aclarado. Con esta narrativa falsa se pretende que la defensa de los derechos humanos se subordine a una concepción rígida y absoluta de la soberanía estatal. Y se utilice el principio de la no intervención para proteger a un régimen dictatorial que oprime a sus propios ciudadanos.

Un rol activo de Washington resulta de vital importancia para superar un sistema totalitario en Cuba, evitar un vacío de poder, asegurar el orden constitucional e impulsar la reconstrucción y apertura económica de la isla. Asimismo, su liderazgo y su peso diplomático serán claves para coordinar sanciones o incentivos a nivel internacional, además de propiciar vínculos culturales que aportaría una enorme comunidad de cubanos en el exilio, y que podrían servir como puente natural para la transición.

(*) Periodista y consultor

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