Con el derrocamiento de los últimos tiranos atenienses de la Época Arcaica en el año 510 a.C., Hipias e Hiparco, nació en Grecia el período clásico y las primeras prácticas democráticas propuestas por Clístenes de Atenas, que se mantuvieron y consolidaron, incluso luego de la muerte de Alejandro Magno y durante todo el período helenístico, hasta la conquista romana tras la guerra de Corinto en el año 146 a.C.
Para llegar a comprender bien el concepto de democracia, además de pasearnos por su origen etimológico, según el cual demos puede traducirse como “pueblo” y kratos como “gobierno”, debemos remontarnos a las realidades de la antigua Grecia, con una muy reducida población, organizada en ciudades-estados, conocidas también como polis, y con una muy escarpada geografía que dificultaba todo tipo de comunicación.
Con un escenario como el referido, es entendible que se haya materializado funcionalmente una democracia directa, en la que un porcentaje nada despreciable de ciudadanos, de manera rotativa, conformaban la Asamblea del pueblo, que tomaban decisiones por mayoría y gozaba de soberanía absoluta.
Luego de conquistada Grecia por los romanos y hasta bien entrado el Siglo 18 d.C., los sistemas políticos imperantes fueron entre imperios, monarquías y feudalismos, casi que invariablemente todos, de carácter absolutista.
El advenimiento de los Estados como los conocemos hoy y el crecimiento poblacional hicieron imposible e inconveniente el consultar regularmente a los ciudadanos sobre las decisiones que eran resueltas por vía de democracia directa en la Grecia clásica y helenística.
Luego de un poco más de dos siglos de formulados los postulados democráticos del contrato social y de la separación de poderes por grandes pensadores como Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu, entre otros, muchos partidos políticos alrededor del mundo han buscado y encontrado la manera de anular el efecto de balances institucionales deseado por sus postulantes, logrando desde el poder ejecutivo cooptar al resto de los poderes públicos y subvertir el principio de la legalidad, para eternizarse en el poder como una elite política.
La sobrevivencia de los sistemas democráticos requerirá de su rápida evolución hacia nuevos estadios, en los que la tecnología de la información obligue a todos los niveles de gobierno a consultar permanentemente a la ciudadanía sobre su acción gubernamental, al tiempo que ésta pueda hacer contraloría efectiva de la gestión pública.
La propuesta de Control Civil para mantener y rejuvenecer el sistema democrático en Venezuela comprende usar todas las herramientas tecnológicas al alcance y adoptar la separación de poderes en dos niveles.
En cuanto al uso de la tecnología, se propone que el Poder Civil desarrolle y administre un sistema de gestión de desempeño gubernamental que sea robusto, amigable y auditable y que le permita a todos los ciudadanos generar democráticamente instrucciones precisas para los gobernantes y verificar luego, contra data estadística oportuna y confiable, que estos han seguido las instrucciones impartidas por las mayorías.
De igual manera, se propone que el Poder Civil administre un portal web que publique información pertinente de ejecución presupuestaria de todos los entes que manejen fondos públicos, así como de todos los procesos de contratación gubernamental, salvo de aquéllos casos especiales de seguridad nacional, calificados y controlados por el Consejo Rector del Poder Civil.
Por lo que respecta a la separación de poderes en dos niveles, tendríamos el nivel funcional que tradicionalmente conocemos y el nivel superior que separaría el Poder Político, por una parte, bajo el cual quedarían adscritos los poderes ejecutivo y legislativo; y, el Poder Civil, por la otra, al cual se adscribirían el resto de los poderes y otros entes cuyo control ha de ser ajeno al devenir político, tales como: Banco Central de Venezuela, Comisión Nacional de Valores o de Telecomunicaciones o el Instituto Nacional de Estadística.
El Consejo Rector del Poder Civil sería un órgano colegiado conformado por representantes legítimos de los más importantes cuerpos intermedios de la sociedad, quienes sólo durarían tres años en sus funciones, debiendo renovarse un tercio de ellos cada año.
Para evitar que el Poder Civil sea infiltrado con fines de manipulación o cooptación, ningún funcionario del Poder Civil o sus familiares cercanos podrían haber prestado o prestar servicios al Poder Político durante los diez años previos o posteriores a su vinculación con el Poder Civil.
La adopción de un sistema bien estructurado de Control Civil sobre el Poder Político y dotado de las herramientas tecnológicas apropiadas permitiría seguir contando con un sistema democrático en Venezuela.
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