Diferencia entre llegar al gobierno y tener el poder en regímenes y narcoestados del Socialismo del Siglo 21

Poder es “tener facilidad tiempo o lugar de hacer algo”, representa “tener más fuerza que alguien”. Poder político, en sentido amplio, es “la capacidad de influir, controlar o tomar decisiones en una sociedad o en un sistema político”. Es la capacidad de una entidad o individuo para afectar la forma en que se toman decisiones y se ejercen acciones que afectan a la sociedad en su conjunto”.

Gobierno es “la acción y efecto de gobernar, de mandar con autoridad, regir, guiar”. En sentido político restringido, se refiere al “órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros o consejeros”. En sentido amplio, se trata de las formas de gobierno que, en general, pueden ser de dos grandes tipos: “democracias y autocracias”, esto es, “sistemas de consenso o sistemas de coerción”.

La Carta Democrática Interamericana establece como obligación que “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”. Pero este siglo está marcado por la expansión de la dictadura de Cuba que a partir de 1999 con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela puso en marcha lo que resultó ser el socialismo del siglo 21 controlando en su modelo dictatorial Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador con Correa y estableciendo gobiernos para dictatoriales en la mayoría de los países latinoamericanos.

El socialismo del siglo 21 suplantó la democracia por “dictaduras electoralistas”, con terrorismo de Estado como forma de detentar el poder, con perseguidos, presos, exiliados y asesinados, la delincuencia reemplazó la política creando los narcoestados y el narcoterrorismo desde el control del poder en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y en territorios, estados o provincias de México, Argentina, Colombia y más.

La necesidad de simplificar presenta el proceso de derrota y necesidad de terminación del sistema de dictaduras/narcoestados como pérdida de la izquierda frente la derecha en Latinoamérica, pero la realidad objetiva revela el verdadero eje de confrontación regional y mundial, el de dictaduras contra democracias, de autocracias de delincuencia organizada trasnacional contra la libertad y los derechos humanos.

En esta realidad, los ganadores de elecciones toman el gobierno pero en muchos casos no el poder que permanece bajo control del régimen desplazado. Esto es ingobernabilidad, gobiernos débiles que sumados a las expectativas de sociedades en crisis económicas y sociales generadas por el régimen saliente, a la conspiración y operación con mecanismos delictivos, producen fracaso de los procesos de cambio y regímenes dictatoriales blindados.

Cuando se llega al gobierno luego de un régimen dictatorial o para-dictatorial del socialismo del siglo 21 es imprescindible entender que el mandato popular es el cambio de la autocracia a la democracia, del terrorismo de Estado al Estado de Derecho, del miedo a la libertad, del narcoestado a la seguridad ciudadana, del centralismo económico a la libre empresa y propiedad privada, del oprobio a la vigencia de los derechos humanos. Estos principios generales se expresan en hechos concretos en cada país de Latinoamérica.

Para tomar el poder teniendo el gobierno después de un régimen del socialismo del siglo 21, insisto en que -por lo menos- es imprescindible: 1.- la eliminación de la estructura jurídica de las leyes infames (que violan derechos humanos); 2.- la no impunidad; 3.- la ilegalización en la política de los instrumentos, partidos y organizaciones del crimen organizado.

La eliminación de la estructura jurídica del terrorismo de Estado debe incluir en casos como Cuba, Bolivia, Nicaragua la restitución constitucional, y en general el cambio de leyes que establecieron órganos judiciales verdugos y sicarios, órganos legislativos títeres y fuerzas armadas y de seguridad sin doctrina democrática; la reposición de leyes y procedimientos de lucha contra el narcotráfico y ajuste fundado en el respeto a los derechos humanos de todo el sistema legal, con especial atención en la educación manipulada por décadas.

La no impunidad es justicia. Se trata de que los violadores de derechos humanos, autores de crímenes de lesa humanidad, traidores a la Patria, narcoterroristas, torturadores y en general perpetradores de todos los delitos previstos por el ordenamiento penal democrático respondan por sus actos bajo la regla del debido proceso legal que ellos nunca reconocieron.

La ilegalización de la actividad política de criminales, organizaciones y partidos del crimen organizado es protección de la igualdad, que es base de la libertad.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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