El Mar Caribe se ha convertido en un escenario crucial de una confrontación geopolítica que trasciende el combate tradicional contra el narcotráfico. El 15 de agosto de 2025, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó el despliegue del grupo anfibio USS Iwo Jima, acompañado por destructores clase Arleigh Burke, submarinos de ataque rápido y más de 4,000 infantes de Marina. La operación cuenta además con el respaldo de sofisticados aviones P-8 Poseidon y drones MQ-4C Triton. Su objetivo es claro: cerrar el cerco sobre las rutas que conectan Venezuela y Colombia con el Atlántico, donde el narcotráfico encuentra un corredor vital hacia Estados Unidos.
El Cartel de los Soles frente al poder naval de EEUU
Desde la administración estadounidense, el régimen de Nicolás Maduro ha sido definido como la cabeza visible del Cartel de los Soles
La Casa Blanca no se ha limitado a presentar esta operación como una acción antidrogas. Desde la administración estadounidense, el régimen de Nicolás Maduro ha sido definido como la cabeza visible del Cartel de los Soles, una organización criminal que ha convertido a Venezuela en un centro neurálgico del narcotráfico y una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. El despliegue militar busca no solo frenar el flujo de cocaína, sino también detener la entrada masiva de fentanilo, una droga sintética letal cuya crisis ha impactado profundamente a la sociedad estadounidense.
El narcotráfico como política de Estado y las confesiones de los generales del chavismo que desnudan al régimen
Tres generales venezolanos que han sido parte del entramado criminal destacan por sus confesiones ante la justicia estadounidense, que han revelado el grado de implicación del Estado venezolano en el narcotráfico y la represión.
El exdirector del SEBIN, Cristopher Figuera, el temido servicio de inteligencia civil, señalado como un criminal ante la Corte Penal Internacional por la detención, persecución y torturas contra estudiantes y activistas políticos, y quien goza de la protección del sector de la oposición venezolana del extinto gobierno interino de Juan Guaidó, ha confesado que el Estado venezolano funciona como una “empresa criminal”, señalando que altos funcionarios, desde Nicolás Maduro hasta ministros y jefes militares, participan activamente en el tráfico de drogas y el lavado de dinero, así como sobre la represión sistemática de la disidencia política.
Clíver Alcalá Cordones, excomandante de varias regiones militares estratégicas, fue clave en la protección y facilitación de envíos de cocaína a través de alianzas con grupos armados ilegales, como las FARC. Su entrega voluntaria a las autoridades colombianas y posterior traslado a Estados Unidos han expuesto con detalle cómo operaba la red criminal desde las entrañas del Ejército venezolano. Este militar ha sido condenado en los Estados Unidos, a pesar de haber trabajado con el extinto Gobierno interino de Juan Guaidó.
Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar, fue arrestado en España y extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de cargos de narcotráfico y terrorismo. Sus confesiones revelan la colaboración directa entre el régimen y grupos armados para transportar toneladas de droga hacia Estados Unidos, evidenciando la participación del Estado en estas actividades ilícitas. Estas confesiones de los “insiders” del cartel, respaldadas por investigaciones internacionales, demuestran que el Cartel de los Soles no es una red paralela, sino una estructura criminal integrada dentro del propio Estado. El narcotráfico en Venezuela ha evolucionado, pasando del tráfico de cocaína tradicional a la compleja inserción del fentanilo en el mercado estadounidense, en alianza con organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Esto ha llevado a que Estados Unidos clasifique al Cartel de los Soles como una organización terrorista, legitimando el despliegue militar en el Caribe.
El peso de las acusaciones judiciales contra Maduro y sus cómplices
Las bases jurídicas del despliegue naval estadounidense se sustentan en acusaciones formales presentadas por el Departamento de Justicia. El exfiscal general William Barr señaló que Nicolás Maduro y altos funcionarios conspiraron con las FARC para traficar cocaína hacia territorio estadounidense. A esto se suma la actual fiscal general, Pamela Bondi, quien detalló en varias audiencias cómo el Cartel de los Soles ha expandido sus redes criminales, infiltrando instituciones del Estado venezolano y extendiendo su alcance hacia América Central y el Caribe.
Además, voceros de la Casa Blanca han reiterado que esta no es solo una operación contra el narcotráfico, sino una acción estratégica para contener un régimen criminalizado que pone en riesgo la seguridad regional y nacional de Estados Unidos. En paralelo, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha declarado que la operación en el Caribe es una prioridad para desarticular las rutas de narcotráfico y evitar que drogas letales como el fentanilo lleguen a las calles estadounidenses, subrayando la importancia del despliegue naval y aéreo.
El respaldo internacional a EE. UU. y el aislamiento del régimen.
El cerco contra el régimen venezolano es integral. Trinidad y Tobago ha solicitado cooperación directa con Estados Unidos, mientras Francia refuerza su presencia en Guadalupe con brigadas antinarcóticos. Países como Colombia, Panamá y Puerto Rico facilitan el uso de bases estratégicas para operaciones conjuntas. Esta no es solo una acción militar, sino un esfuerzo diplomático y legal para aislar al régimen.
En un hecho histórico, los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro exigieron la publicación transparente de las actas electorales venezolanas y evitaron reconocer a Maduro como presidente legítimo. Este distanciamiento de antiguos aliados marca un giro en la región que fortalece la legitimidad del despliegue estadounidense.
Los escenarios estratégicos de la disuasión prolongada o intervención selectiva
Washington trabaja con varios escenarios posibles. La primera es la disuasión prolongada con patrullajes constantes, vigilancia aérea y presión diplomática sin incursiones directas en territorio venezolano. La sola presencia y muestra de su capacidad de fuerza limita a las bandas del narcotráfico, tráfico aéreo o marítimo de drogas, y ello representa una acción contundente que ha traído consecuencias a lo interno del régimen de Maduro. La segunda, una intervención limitada con ataques quirúrgicos contra laboratorios, pistas clandestinas y centros logísticos del Cartel de los Soles. Esta opción evitaría una invasión convencional, pero implicaría operaciones de fuerzas especiales, con precedentes exitosos que ha logrado EEUU en la desarticulación de redes criminales complejas.
Una encrucijada estratégica que definirá el rumbo del hemisferio
La confrontación en el Caribe no representa una simple operación antidrogas, sino más bien la respuesta directa a la consolidación de un régimen que ha convertido al Estado venezolano en un modo operativo del crimen organizado transnacional. Estados Unidos, respaldado por marcos jurídicos internacionales y alianzas regionales, ha activado una estrategia multidimensional para contener la expansión del Cartel de los Soles, cuya existencia compromete la estabilidad y seguridad de la región.
El régimen de Maduro, sostenido por estructuras de represión sistemática y además una cúpula militar vinculada a delitos de alto impacto internacional, enfrenta una presión sin precedentes. Lo que está en juego no es únicamente el futuro de Venezuela, sino el equilibrio estratégico del continente, que corre el riesgo de normalizar un modelo de Estado mafioso que se ha mantenido en el corazón de la región.
La encrucijada está trazada. Las decisiones que se adopten en los próximos meses no solo determinarán el destino de una nación, sino el tipo de orden político que prevalecerá en la región: uno basado en la ley, la cooperación y la institucionalidad democrática, o uno sometido al crimen organizado y la captura estatal. “La política moderna no es solo una lucha por el poder, sino una lucha por la realidad”. Timothy Snyder
Miguel Ángel Martín
Doctor en Ciencias (UCV). Especialista en Derecho Público (UCAB); Resolución de Conflictos
(Government Institute, Minneapolis); y en Políticas de Seguridad y Defensa (Centro William
Perry, Washington D.C.). Magistrado principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela. Profesor universitario. Actualmente en el exilio, analiza y denuncia el avance del autoritarismo en la region.
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