El fantasma de Myanmar 2008: el costo mortal de obstaculizar la ayuda humanitaria

En mayo de 2008, el ciclón Nargis devastó el delta del Irrawaddy en Myanmary causó más de 138.000 muertes. La junta militar birmana bloqueó durante semanas el ingreso de ayuda internacional: rechazó visas para trabajadores humanitarios, confiscó suministros y priorizó un referéndum constitucional sobre la emergencia. Aunque Francia y otros invocaron la Responsabilidad de Proteger (R2P) argumentando que el bloqueo equivalía a crímenes contra la humanidad por omisión, el Consejo de Seguridad no actuó. China y Rusia vetaron cualquier interpretación expansiva. Al final, la diplomacia pragmática —liderada por ASEAN— y la visita del secretario general Ban Ki-moon abrieron canales limitados. Se formó un Grupo Tripartito (ASEAN-ONU-Gobierno), pero el retraso inicial costó miles de vidas evitables. Nadie ganó: el régimen mantuvo el control y la crisis humanitaria se prolongó.

En el caso de Venezuela los peligros inmediatos están a la vista: miles siguen desaparecidos o atrapados bajo los escombros, mientras las obstrucciones burocráticas y bloqueos selectivos retrasan rescates, distribución de agua, medicinas y alimentos, agravando una crisis humanitaria preexistente. Cada hora perdida se traduce en vidas que se podrían haber salvado.

Por otra parte, los peligros de mediano plazo serán tan devastadores como los terremotos mismos, pues en un Estado fallido y forajido sin servicios, sin infraestructura y con grupos armados operando impunemente en el país, la inestabilidad social tenderá a acentuarse y más pronto que tarde puede llegar a estallar, causando más violencia, más víctimas, y ciertamente, más migración. Un régimen ya ilegítimo, sostenido sólo gracias a su tutor y a su carácter criminal, pierde credibilidad y apoyo, incluso de sus aliados. La politización hace inviable la reconstrucción y se retrasa años. El peligro de un país fracturado por los grupos armados, las mafias y los gangs, como en Haití, representa un panorama más aterrador, si es que esto es posible.

La tentación natural es buscar soluciones radicales. Incluso algunos han pensado en recurrir al principio de R2P o al control directo por parte de actores externos, en particular del tutor del régimen. Sin embargo, la historia nos dice que la propuesta de intervención en Myanmar se topó con más oposición y radicalización de la junta, que se protegió con sus aliados en el Consejo de Seguridad sin importarles las vidas humanas que se perdieron. También la experiencia de Haití post-2010 muestra cómo intervenciones externas bien intencionadas pueden derivar en dependencia, corrupción, abusos y resentimiento local, prolongando la crisis en lugar de resolverla.

En Venezuela, con alta polarización y presencia de actores armados, cualquier acción percibida como invasión podría desatar violencia impredecible y justificar mayor represión interna.

A pesar de los deseos de acciones más contundentes, debemos recurrir a un liderazgo pragmático que mantenga los canales diplomáticos para presionar y persuadir al régimen. Una alternativa viable es una diplomacia regional inteligente. Brasil y Colombia, como países con experiencia en desastres y frontera directa con Venezuela, pueden asumir junto a Estados Unidos un liderazgo regional, y conformar un Grupo de Facilitación Humanitaria. Este grupo actuaría como puente neutral, garantizando acceso transparente y supervisado para todos los actores humanitarios. Su cercanía cultural y política reduce las voces críticas de injerencia externa. Paralelamente, el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, y el de la ONU, António Guterres, deben viajar de inmediato a Venezuela. Su presencia en terreno enviaría un mensaje inequívoco: la comunidad internacional está observando y exige resultados concretos en acceso y distribución. Ramdin y Guterres pueden además desbloquear canales y supervisar que la ayuda llegue realmente a quienes la necesitan.

Es fundamental apoyar la enorme labor que los ciudadanos y la sociedad civil venezolana ya están realizando en rescates, albergues y distribución. Estos héroes anónimos son la primera línea de respuesta y deben recibir recursos, equipo y protección directa, sin intermediarios innecesarios que politicen la emergencia, sin amenazas u hostigamiento de las fuerzas de seguridad del Estado. Por otra parte, es indispensable prevenir los saqueos mediante mecanismos de seguridad coordinados con participación local, para evitar que el caos se apodere de las zonas afectadas. Al mismo tiempo, organizaciones no gubernamentales internacionales independientes deben documentar en tiempo real tanto los casos de obstaculización oficial como cualquier abuso en la distribución. La estrategia de exposición pública, el name and shame, genera un costo político real y disuade conductas irresponsables de militares y criminales civiles.

Hay que reconocer y ampliar lo que ya funciona. El gobierno ha permitido la entrada de rescatistas y ayuda de decenas de países, y eso debe valorarse. El objetivo no es la confrontación por sí misma, sino acelerar y transparentar los esfuerzos para salvar el mayor número posible de vidas. La historia de Myanmar demuestra que la obstinación autoritaria cobra un precio en sangre. Venezuela aún tiene la oportunidad de elegir otro camino: priorizar a su pueblo por encima de cálculos políticos estrechos.

Cada día cuenta. La comunidad internacional no puede fallarles otra vez a miles de personas atrapadas entre escombros y burocracia, ni seguir contribuyendo al blanqueamiento del régimen aferrado al poder.

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