La ayuda humanitaria y el terrorismo

En las últimas décadas Washington ha invertido miles de millones de dólares para promover la democracia en los territorios palestinos, y para impulsar el proceso de paz en Oriente Próximo, sin contar los más de 25.000 millones recibidos por la Autoridad Palestina desde su creación en 1994, concedidos en concepto de ayudas económicas.

En numerosas ocasiones, el ministerio de Defensa de Israel ha denunciado que la Autoridad Palestina (AP) utiliza más de 300 millones de dólares cada año para financiar a extremistas y sus familias que viven en su gran mayoría del dinero que proviene de estos fondos públicos norteamericanos.

¿Cómo y a quién destina la AP este dinero? La comunidad palestina recibe más de un 60% de ayudas sociales. La cantidad mensual promedio percibida por un palestino es de 580 dólares por persona. Pero muchos de los perceptores de esa ayuda se encuentran en cárceles israelíes a donde se les envía el dinero con toda puntualidad. De hecho, aquellos terroristas que cumplen penas superiores a los 20 años perciben cinco veces ese monto por el resto de sus vidas.

Si además, se trata de un prisionero con la ciudadanía israelí, a la cantidad percibida se le añade un bono de 145 dólares. Cifra que, sumada a la que la AP paga por los delitos más graves, podría alcanzar los 2.900 dólares sin ningún tipo de contraprestación que el de matar y u obstaculizar el proceso de paz.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, también el recluso podría recibir una mejora en el pago por estar casado y por cada niño que esté a su cargo.

La población civil palestina, víctima y rehén de un enquistado conflicto histórico, debe ser tratada con respeto, justicia y dignidad, y ello debería comenzar por sus gobernantes que están más preocupados por mantener vivo el conflicto en los telediarios que en utilizar las abundantes ayudas que recibe de la comunidad internacional para dar solución a los problemas cotidianos que han sumido a estos territorios en una gravísima crisis humanitaria, derivada de una desastrosa gestión política y económica.

Los distintos gobiernos de EEUU no han actuado en favor del bien común y de los intereses de su nación sino que por el contrario se han sometido al dictado de lo políticamente correcto, permitiendo que se creara una situación insostenible, con respecto a la manera que las diferentes administraciones aprueban y no supervisan el mal uso que la AP hace de las ayudas que recibe año tras año, proveniente del dinero público del contribuyente norteamericano.

Esa situación ha venido impulsada por diferentes mediadores e instituciones -considerados garantes de los derechos humanos y las libertades en el mundo- que han visto en esa forma desacertada de ayuda una plataforma de promoción para sus proyectos políticos y personales.

A algunos les parecerá que esta situación es lógica e incluso hasta razonable. Otros las verán como una tarea obligada de solidaridad del pueblo norteamericano para cumplir con su agenda democrática y progresista. La realidad es que semejante caos de gobernanza institucional no es sino una muestra más de que hasta qué punto políticos, medios de comunicación y fuerzas sociales sólo miran por sus propios intereses y no por el beneficio de todos.

Los resultados no sólo son lamentables para el pueblo norteamericano sino que, de no supervisarse esta sangría económica a favor del terrorismo y de no crearse un canal de ayuda humanitaria que no esté controlado en modo alguno por los extremistas, pudiera ser desafortunado para un pueblo como el palestino que aspira a vivir en libertad y en democracia.

(*) Analista y consultor

 NULL