La licencia de la OFAC a favor de los esposos Maduro se basó en un documento falso

No existe ni ha existido jamás, en Venezuela, como de manera mendaz se expresa en dicha comunicación “la gestión de un sistema financiado por el Estado, diseñado específicamente para brindar asistencia jurídica y protección a las personas que enfrentan sanciones o intervenciones extranjeras” (ordinal 5º de dicha comunicación). Repetimos, tal afirmación es una falacia de proporciones catedralicias.

Tampoco existe jurisprudencia alguna en ni del Tribunal Supremo ni de los juzgados de instancia venezolanos –como falsamente, también se afirma en dicha comunicación– que establezca que tales deberes de defensa judicial en el extranjero —gastos millonarios incluidos— a cargo del Estado venezolano “sean “absolutamente obligatorios, indelegables y no puedan ser renunciados en ninguna circunstancia”. Retamos a la FGRV a que exhiba los datos de los fementidos precedentes judiciales invocados en semejante engaño.

No es el Estado de Venezuela nada más. Ningún gobierno del Mundo tiene la obligación de asumir los gastos de la defensa de cuanto connacional se vea envuelto en procesos criminales, ni en Venezuela ni en el extranjero, como de manera mendaz se asevera en el ordinal 7º de la mencionada comunicación. Algo muy distinto es el derecho a la asistencia consular a favor de todo ciudadano, que, por cierto, los gobiernos de Venezuela tienen 27 años deshonrando.

Retamos de manera pública, otra vez, a la FGRV a que nos indique en qué norma legal expresa fundamenta tales desvaríos y que nos indique, uno por uno, los supuestos usos, costumbres, nombres y apellidos —sobre todo— de quienes, supuestamente, se han beneficiado a lo largo de nuestra historia de esa hipotética tradición.

Entendemos que la OFAC, el Fiscal acusador de los esposos Maduro y el juez que preside el juicio que se les sigue a los señores Maduro ante la Corte de NY quieran preservar el derecho a la asistencia letrada de los acusados y, con ello, evitar ulteriores nulidades y reposiciones. Sabemos la tensión que siempre ha existido entre la posibilidad que algún tercero les pague los honorarios a los defensores de los acusados y el posible origen ilícito de tales recursos (crf. EEUU vs. Monsanto; Powell v. Alabama; Caplin & Drysdale v. United States; EEUU v. Manuel Noriega; en la jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea, Croissant v. RF de Alemania y Ártico v. Italia)

Otra cosa es que la OFAC y los operadores de justicia de NY, hayan concluido que los venezolanos tenemos la obligación de sufragar los gastos de defensa de los esposos Maduro que pueden sobrepasar los 100 millones de dólares americanos, con base en una comunicación “oficial” plagada de tantas falsedades. Los venezolanos de a pie, no estamos obligados a guardar silencio ante chicanas de rábulas.

El suscrito cronista no aúpa linchamientos, ni mediáticos, políticos ni tribunalicios. Para los esposos Maduro, exigimos apego al debido proceso. Que se les respeten todas y cada una de sus garantías judiciales sin importar, que ellos no les respetaron las suyas a sus adversarios mientras usurparon el Poder en Venezuela.

Es más que comprensible que mis compatriotas, están muy irritados a causa de semejante desvergüenza del sedicente gobierno de la “transición democrática de Venezuela”. Pero calma y cordura. "Ain't over 'til it 's over ” (“El juego no se acaba hasta que se acaba”), nos enseñaba “Yogui Berra, más filósofo que pelotero. Además, con todo lo desagradable y onerosa que nos resulte, la referida determinación de la OFAC, por lo pronto, blinda el proceso seguido contra los esposos Maduro de eventuales nulidades que a la postre, podrían beneficiar a los referidos marido y mujer.

Advertencia, no vuelvan a incorporar en la Internet, ahora que hemos desvelado la farsa, unos documentos predatados. Cualquier experto del FBI desmontará el forjamiento, como ocurrió en el caso contra Alex Saab.

@omarestacio

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