La Masacre del Día de la Juventud
El esfuerzo de los órganos del Estado para reescribir el deslave de violencia política que hoy padecemos los venezolanos les resultará absolutamente inútil.
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La realidad de las violaciones sistemáticas o generalizadas de derechos humanos quiso ocultarla en el pasado el militarismo latinoamericano, imponiéndole silencio a la prensa, silenciando a las víctimas, o creyendo que el paso del tiempo borra toda memoria. Y no fue así, porque la verdad es terca y los atropellos a la dignidad humana, cuando se hacen colectivos, persiguen a sus responsables mientras cada víctima tenga un doliente, en casa o en el pueblo. n
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Es palmaria la actuación estatal y paramilitar durante la Masacre del Día de la Juventud. De modo que se trata de hechos del Estado, originados en su comportamiento propio o asumido como tal, violatorio de la legalidad internacional sobre derechos humanos. Y si lo anterior como premisa no fuese cierto, cabe señalar que el u201criesgo u201d que dio origen a tanta violencia fue sabido y conocido por los responsables del gobierno, por Maduro y quien de facto también lo ejerce, Cabello. Y ese u201criesgo u201d lo aceleraron, deliberadamente. n
Cabe decir que también botaron gasolina sobre el piso al cohonestar la criminalidad desbordada, dilapidar el tesoro público, llevar a la población a niveles carenciales y de racionamiento inaceptables, e hipotecar el futuro de los jóvenes manifestantes, a la vez que entregando el control del país a los cubanos.
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Es de recordar que el propio Cabello, cabeza de la Asamblea Nacional, antes de ocurrir la masacre, anunció que las Unidades de Batalla Chavistas ya estaban en acción y u201cdecididas a impedir que la derecha fascista lance sus garras sobre el pueblo u201d. De modo que, ante el hecho notorio conocido puso fósforo sobre el pavimento. n
Ellos no podrán borrar para la historia lo esencial. Durante tres lustros, bajo la consigna de que u201cla revolución es pacífica pero armada u201d, hicieron u201cpolítica de Estado u201d armar a la población civil rompiendo el monopolio del Estado sobre las armas; a fin de que, llegado el caso, asegurar el avance de la revolución por las buenas o por las malas, reprimiendo a la población civil disidente, segregándola, imponiéndole incluso la muerte civil.
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Allí están las reformas legislativas militares de 2005 y 2008 que crean la milicia u2013 la llamada Guardia del Pueblo u2013 bajo dirección operativa directa del presidente Maduro. Y allí están los u201ccírculos bolivarianos u201d mudados en u201ccolectivos populares u201d, puestos en acción por el mismo Cabello desde cuando ejerciera como ministro de la presidencia y luego como ministro del interior. n
Los crímenes de lesa humanidad no son crímenes de cantidad, como el genocidio. Se trata de violaciones múltiples de derechos humanos, asesinatos, violaciones a la integridad personal o torturas, obra una u201cpolítica de Estado u201d sistemática, dirigida contra una u201cpoblación civil u201d a quien al paso se persigue por tener una identidad propia u201cfundada en motivos políticos u201d. Eso lo precisa el artículo 7 del Estatuto de Roma, y los responsables individuales de tales crímenes no pueden alegar el ejercicio de funciones como gobernantes o parlamentarios, según el artículo 26, y tampoco argüir que sus subalternos son los responsables, pues han ejercido sobre ellos un control efectivo pero inapropiado, como reza el artículo 28. n
La Masacre del Día de la Juventud es la clara consecuencia de una política de Estado represora. Eso lo confirmó ante la comunidad internacional el propio Maduro, el pasado 14 de febrero:"Que lo sepa el mundo, estamos decididos a todo, y u2026 profundizaríamos esta revolución hasta más allá de los límites que se han conocido", dice, para luego de ajustar ante el MERCOSUR que u201cesta revolución pacífica y democrática, quizás tomaría otro carácter, armado y profundamente revolucionario u201d. Su confesión es su sentencia.
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(*) Ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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