Los enchufados reinan en Baruta

El alcalde reelecto Darwin González fue postulado por Fuerza Vecinal, una organización que se presenta como de oposición pero que opera con enchufados y con todas las instancias del régimen, militares y civiles.

Habitantes de las distintas urbanizaciones de este municipio, conscientes de esta realidad, admiten haber votado por Darwin con la nariz tapada convencidos de que peor habría resultado el triunfo del candidato del Psuv, Raúl González.

Empoderado en este tercer período, Darwin González ha logrado esquivar crisis severas como la de Pdvsa-Cripto en el 2023, caso que arrastró a Tareck El Aissami y que en Baruta terminó con la detención de dos empresarios y del ingeniero municipal.

El caso Pdvsa-Cripto dejó expuestas inmensas irregularidades e ilegalidades en el otorgamiento de contratos al grupo HP con grandes beneficios de obras civiles en todo el municipio, especialmente en Las Mercedes. Me informan que todavía con bajo perfil, la red sigue activa en el sector.

Baruta también es una urbanización muy atractiva para los empresarios de distinto tenor, uno de ellos es José Simón Elarba propietario de Fospuca y Bancamiga con concesión exclusiva de servicio de aseo urbano en el municipio, y con poder de influencia para imponer condiciones como la fijación de tarifas comerciales y sanciones fiscales a favor de sus intereses, según informan comerciantes. Vecinos y concejales han protestado que las tarifas impuestas por la empresa son impagables.

Las relaciones del alcalde han planteado una dinámica delicada al permitir a gente del régimen monopolizar negocios, muchos de ellos opacos que incluyen la adquisición de propiedades bajo privilegios que violentan las leyes y atropellan a la comunidad.

Entre los propietarios con pretensión de adquirir ilegalmente bienes municipales, destaca el director de acciones especiales de la DIGCIM, Alexander Granko Arteaga, investigado y denunciado como torturador ante la Corte Penal Internacional, según registró el portal ArmandoInfo.

El caso es que el militar consolida a través de terceros a Futsal Park que funciona en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento en Los Samanes con la pretensión de convertirse en el propietario del terreno, aspiración ilegal por tratarse de propiedad municipal, lo que no le ha impedido al militar comportarse como el dueño al ejecutar ampliaciones físicas con la construcción de nuevas canchas y edificaciones.

Y es la DGCIM la encargada de impedir el cumplimiento de la ley en el municipio. Cualquier intento de paralizar una obra de construcción ilegal cuenta con la inmediata presencia de hombres fuertemente armados del organismo militar para ordenar que la decisión sea anulada.

Un aspecto determinante de esta situación es que, para el régimen, obsesionado de controlar todos los espacios, es imprescindible desarticular la lucha política en el municipio y una de las vías, además de contar con el alcalde, es intervenir las asociaciones de vecinos.

Baruta, municipio históricamente combativo, ha encabezado importantes batallas desde el gobierno de Hugo Chávez. Y Asopraes, la Asociación de vecinos de Prados del Este, la segunda más antigua del país, ha sido fundamental en muchas de ellas por lo que sus miembros son rutinariamente atacados en medios del oficialismo entre ellos Globovision propiedad de Raúl Gorrín, conocido amigo del empresario Elarba.

Ahora la dictadura avanza con la imposición de un Consejo Comunal que neutralice a Asopraes y ese proceso lo encabeza Arné Chacón expresidiario que estuvo recluido en El Helicoide durante tres años por delitos financieros como fraude y malversación de fondos públicos. Arné es hermano del ingratamente recordado Jesse Chacón.

Las acciones ilegales son escenario frecuente en el Municipio. Los vecinos denuncian constantemente abusos y violaciones a la norma que van desde cerrar calles, tomar terrenos y montar comercios ilegales, hasta procurar un inmenso estacionamiento al lado de una casa, o la destrucción de vegetación de la zona.

La comunidad de Baruta está inquieta. No confía en el alcalde. Los vecinos y en especial los comerciantes en el caso de Prados del Este denuncian que el plan ulterior es transformar la urbanización de residencial a comercial, expulsando para eso a los comerciantes actuales y sustituirlos por enchufados que pueden manejar precios bajo el privilegio de la corrupción y así tomar zonas residenciales para finalmente quebrar a los centros comerciales.

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