OPINIÓN

Los fabricantes de virtud y la desvitalización de la política

La pregunta decisiva deja de ser cómo fabricar líderes y vuelve a ser aquella que ninguna técnica puede resolver por nosotros: qué clase de personas necesitamos para cuidar y hacer florecer una comunidad y qué bienes humanos fundamentales merecen orientar la noble tarea de gobernar

Por JUAN CARLOS AGUILERA P

Nunca habíamos dispuesto de tantos medios para preparar dirigentes políticos. Universidades, escuelas de gobierno, fundaciones y organismos internacionales ofrecen programas de negociación, comunicación, gestión de conflictos y administración pública. La política dispone hoy de conocimientos técnicos que habrían resultado inimaginables para generaciones anteriores. Sin embargo, esta abundancia plantea una dificultad que no siempre recibe la atención que merece: adquirir competencias no garantiza que quien las posee sea una persona mejor ni que esté dispuesto a emplearlas para el bien de su comunidad. Podemos perfeccionar extraordinariamente los instrumentos del gobierno mientras descuidamos las cualidades humanas que justifican su ejercicio y los fines que dan sentido a la acción política.

La cuestión no es nueva. En el Protágoras, Platón examina la pretensión de enseñar la virtud política, en un momento en que la educación comienza a presentarse como una actividad especializada, ofrecida por maestros que prometen preparar a los jóvenes para intervenir en los asuntos públicos. El diálogo contiene una pregunta que conserva toda su fuerza y actualidad. ¿Qué significa formar a alguien para la política? No se trata solamente de transmitir conocimientos útiles ni de desarrollar habilidades para persuadir. Está en juego la clase de persona que florecerá de esa educación, pues alguien puede aprender a conquistar el poder sin haber adquirido las disposiciones necesarias para ejercerlo justamente.

La profesionalización y tecnificación de la política han transformado nuestra comprensión del gobernante. Cada vez se lo evalúa más por su capacidad para gestionar equipos, dominar los medios de comunicación, interpretar encuestas, negociar apoyos o administrar situaciones críticas. Son competencias y habilidades necesarias, pero ninguna permite determinar por sí misma si las decisiones adoptadas son buenas. Un dirigente puede poseer una inteligencia táctica extraordinaria y utilizarla para consolidar intereses particulares; dominar la comunicación pública y emplearla para encubrir errores o, sencillamente, engañar; ser un negociador excepcional y dedicar ese talento a preservar su posición o aplastar al adversario. La eficacia de una acción no revela todavía su fecundidad moral. Incluso puede hacer más peligroso a quien carece de escrúpulos, porque le proporciona mejores herramientas para realizar aquello que nunca debió proponerse.

Esta confusión entre competencia, habilidad y virtud afecta especialmente a los partidos políticos, aunque también se encuentra en el vasto y rico mundo de la educación, donde ha adquirido expresiones semejantes. Durante mucho tiempo, aquellas organizaciones desempeñaron, con resultados desiguales, una función de formación doctrinal, deliberación, aprendizaje de responsabilidades públicas y ejercicio del servicio a la comunidad. Su transformación progresiva en estructuras orientadas principalmente a la competencia electoral ha favorecido otra clase de preparación, cuando esta llega efectivamente a realizarse. Importa conocer las técnicas de movilización emocional, interpretar el comportamiento de los votantes, manejar con destreza las redes sociales, administrar la exposición mediática y construir una imagen pública reconocible. La formación intelectual y moral puede quedar relegada frente a las exigencias inmediatas de una táctica sin horizonte. Así, la política convertida en técnica corre el serio riesgo de seleccionar a quienes mejor saben desenvolverse dentro de sus mecanismos, no necesariamente a quienes poseen las cualidades más apropiadas para servir a la comunidad.

La dificultad se agrava cuando el liderazgo comienza a confundirse con una virtud en sí misma. Se habla de formar líderes como si la capacidad de conducir a otros constituyera un bien independientemente de la dirección propuesta. Sin embargo, también puede ser un líder quien organiza una empresa injusta, manipula voluntades o conduce a una comunidad hacia su ruina. Distinta es la autoridad, que no procede simplemente de la cantidad de seguidores ni de la adhesión que alguien consigue despertar. Su fundamento se encuentra en el saber socialmente reconocido, en la prudencia y en la disposición a reconocer límites, en la rectitud de los fines. Una capacitación política que enseña a influir sin examinar aquello para lo cual merece la pena ejercer influencia prepara personas eficaces, pero no necesariamente buenos gobernantes. Y conviene insistir en la diferencia: capacitar no equivale a formar.

En el relato que Protágoras ofrece acerca del origen de la convivencia política aparece una distinción esclarecedora. Los hombres reciben capacidades técnicas que les permiten sobrevivir, pero esas habilidades no bastan para constituir ciudades. Necesitan las virtudes político-sociales: respeto, justicia y prudencia, disposiciones sin las cuales la vida común se vuelve imposible. La enseñanza no debería pasar inadvertida a nuestra época, tan inclinada a confiar en la especialización. Podemos disponer de excelentes administradores, economistas, abogados y expertos en comunicación y, sin embargo, carecer de una comunidad bien gobernada. Los conocimientos especializados resuelven problemas determinados; la prudencia se refiere a la manera en que esos conocimientos son ordenados hacia bienes compartidos.

No se trata de despreciar la técnica ni de imaginar que las buenas intenciones bastan para gobernar. La incompetencia también puede causar daños considerables, incluso cuando procede de personas moralmente íntegras. Administrar recursos públicos exige conocimientos, y adoptar decisiones responsables requiere comprender sus consecuencias. La oposición entre técnica y virtud sería, por tanto, tan equivocada como su identificación. El problema consiste en establecer la relación adecuada entre ambas. La competencia permite realizar eficazmente determinadas acciones; la prudencia ayuda a juzgar cuáles conviene realizar, cuándo, de qué manera y con qué consecuencias para los demás. Sin esa orientación, los instrumentos más sofisticados pueden quedar al servicio de fines mediocres o injustos.

La prudencia, sin embargo, ocupa un lugar incierto en nuestra cultura política. Es frecuente confundirla con la cautela excesiva, la indecisión, la habilidad para evitar riesgos personales o la astucia. Su significado clásico es considerablemente más exigente. Supone reconocer las circunstancias concretas, deliberar acerca de los medios y decidir conforme a aquello que la situación requiere. No consiste en aplicar mecánicamente una norma ni en escoger siempre la solución menos conflictiva. El gobernante prudente debe saber cuándo perseverar, rectificar, negociar o resistir. Ningún manual puede anticipar completamente esas decisiones, porque dependen de una capacidad de juicio que se forma mediante el conocimiento, la experiencia y el ejercicio de la responsabilidad.

A ello se añade una dificultad que la formación técnica difícilmente puede resolver por sí sola: el carácter de quien gobierna. La autoridad pone a prueba disposiciones que pueden permanecer ocultas mientras alguien carece de poder. La ambición, la vanidad, el resentimiento, la inseguridad que lleva a rodearse exclusivamente de amigos y aduladores, o la incapacidad de reconocer errores adquieren consecuencias públicas cuando afectan a quien decide sobre la vida de otros. Por eso, formar políticamente no debería consistir solamente en preparar a una persona para ejercer responsabilidades, sino también en ayudarla a comprender las exigencias morales que estas imponen. La capacidad de mandar sobre otros no elimina la necesidad de aprender a gobernarse a sí mismo; la vuelve todavía más urgente.

Existe, además, una dimensión educativa que suele quedar fuera de los programas de formación de dirigentes. Una comunidad no necesita únicamente personas capaces de ocupar cargos públicos. Necesita ciudadanos que sepan juzgar a quienes los ocupan. Cuando la educación cívica se reduce al conocimiento de procedimientos electorales o de derechos formalmente reconocidos, descuida la formación del discernimiento político. Elegir gobernantes exige reconocer la diferencia entre una promesa razonable y una oferta demagógica, entre la autoridad legítima y el abuso, entre la competencia administrativa y la rectitud moral. Una ciudadanía incapaz de realizar estas distinciones puede terminar premiando precisamente aquellas cualidades que deberían despertar su desconfianza.

La responsabilidad de las instituciones educativas resulta, en consecuencia, mayor de lo que habitualmente se reconoce. Una escuela de gobierno no debería limitarse a transmitir instrumentos para actuar sobre la sociedad. Tendría que ofrecer también una comprensión profunda de la persona, de la justicia, de las instituciones y del bien común. Esto exige estudiar filosofía, historia, derecho, economía, geopolítica, lógica, gramática y retórica, junto con muchas y constantes experiencias concretas de caridad política. La formación humanista no garantiza automáticamente la virtud; ninguna educación puede hacerlo. Su valor reside en proporcionar criterios para reconocer la complejidad de la acción humana y resistir la tentación de reducir la política a una operación técnica de poder.

La experiencia política de nuestras sociedades permite advertir otra consecuencia de esta confusión. La capacidad para conquistar el poder puede desarrollarse hasta convertirse en una especialidad autónoma, relativamente independiente de la preparación necesaria para ejercerlo. Quien domina las técnicas electorales aprende a interpretar las expectativas públicas, organizar adhesiones y construir mayorías, pero esas habilidades no aseguran que comprenda la naturaleza de las instituciones que deberá conducir. La distancia entre ganar elecciones y gobernar prudentemente puede llegar a ser considerable. Cuando se olvida esa diferencia, la victoria electoral termina siendo considerada una prueba suficiente de competencia política, aunque todavía no haya demostrado nada acerca de la calidad del gobierno que vendrá.

La paradoja de nuestra época consiste en que, cuanto más sofisticados se vuelven los procedimientos para seleccionar y preparar dirigentes, menos seguros parecen sus resultados desde el punto de vista político, ético y social. Podemos certificar competencias, evaluar desempeños y acreditar conocimientos, pero ninguno de esos procedimientos permite “fabricar” integridad, justicia o prudencia. Estas cualidades requieren una formación prolongada y una relación con la verdad que no pueden ser sustituidas por técnicas de liderazgo. La virtud tampoco constituye un adorno privado que el político pueda cultivar si dispone de tiempo. Afecta directamente a sus decisiones y al modo en que comprende a las personas sobre las cuales ejerce autoridad.

La pregunta que Platón planteó en el Protágoras permanece abierta. No es posible fabricar buenos gobernantes mediante un procedimiento estandarizado, estereotipado e infalible, aunque sí podemos reconocer cuándo una educación política resulta insuficiente. Lo es cuando se prepara para conquistar el poder sin enseñar a comprender sus límites; cuando desarrolla la habilidad sofística de persuadir sin cultivar el respeto por la verdad; cuando exalta el liderazgo, pero descuida la autoridad y la justicia de los fines perseguidos. Tal vez haya llegado el momento de abandonar la pretensión de fabricar dirigentes como si fueran productos de una tecnología política y recuperar una idea más modesta y exigente: la formación política es una tarea de perfeccionamiento y florecimiento humano, no solamente de capacitación profesional.

Aquí se revela el verdadero alcance de la desvitalización de la política. No comienza necesariamente con la desaparición de las instituciones, sino cuando estas conservan sus procedimientos mientras pierden de vista los bienes humanos que justifican su existencia. La sofística ofrece entonces sus recursos para hacer pasar la eficacia por sabiduría, la adhesión por autoridad y la victoria por justicia. Pero una ciudad no vive de sus técnicas, del prestigio de sus dirigentes ni de la habilidad con que estos administran las voluntades. Vive de las relaciones de justicia, confianza y responsabilidad que sus ciudadanos son capaces de sostener. Cuando esas disposiciones se debilitan, la política puede continuar funcionando y, sin embargo, haber perdido buena parte de su razón de ser. La pregunta decisiva deja de ser cómo fabricar líderes y vuelve a ser aquella que ninguna técnica puede resolver por nosotros: qué clase de personas necesitamos para cuidar y hacer florecer una comunidad y qué bienes humanos fundamentales merecen orientar la noble tarea de gobernar.

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