Es un asunto que no se resuelve, y sobre el que se busca la distracción, señalando allá y acullá a algún actor político de haberse cruzado en el camino de la cárcel con un delincuente – en las cárceles comunes conviven obligadamente inocentes y criminales – para alimentar la desesperanza. Si mirar el fondo, les basta destronar ejemplaridades, la auctoritas de quienes son ductores y han dado prueba de lucha sin cuartel contra el Estado criminal que se engulló a Venezuela a partir de 1999.
Conozco bien, alguna vez me tocó ejercer como abogado penalista o conocer de casos concretos que hube de investigar, a víctimas de quienes, siendo propiciadores o albaceas del morbo de la corrupción, buscaban diluir sus fechorías como victimarios. Hacían ver la generalidad del fenómeno o buscaban debilitar por banda al alto funcionario o gobernante que los enfrentaba. Pero no es este el asunto a desbrozar, en la circunstancia.
Si apunto, como primera referencia para su estudio y para un propósito colectivo de enmienda, que es necesaria, agonal y urgente, el advertir que en la Historia Contemporánea de Venezuela escrita por José González Guinán e integrada por los 15 volúmenes que pedía Rómulo Betancourt fuesen leídos por los aspirantes a gobernar al país, en su índice temático no aparecen referencias a la corrupción desbordada de finales del siglo XIX.
De modo particular, si bien se cuenta de modo anecdótico la ausencia de ética política en personajes caracterizados por la doblez y la traición, como el Marqués de Casa León [Antonio Fernández de León] – administrador de los caudales de Simón Bolívar y también del realista José Tomás Boves, que igualmente sirvió a Miranda y luego le traicionó – y el caso paradigmático de Antonio Guzmán Blanco, dueño del país, que lo liquidaba a su antojo, entre europeos y americanos como lo hace hoy la dictadora provisional impuesta por Estados Unidos, llama la atención que la corrupción no ocupe espacio importante o preocupe al conjunto de nuestros historiadores. Sobran, sí las obras políticas y panfletarias.
González Guinán ofrece, en buena lid, algunas menciones a lo largo de su obra, como cuando “señala con dureza el peculado y el desorden fiscal de los adversarios políticos (José Tadeo Monagas, Julián Castro o Raimundo Andueza Palacio), mientras justifica o minimiza los enriquecimientos ocurridos durante el guzmancismo”. Era un fervoroso partidario y funcionario de Antonio Guzmán Blanco.
La corrupción, una historia sin historiadores
Años más tarde, el presidente Andueza Palacio, lo refiero en uno de mis libros, hará público el siguiente texto sobre el Ilustre Americano: “¡Ah General! Si usted no contase con la impunidad de sus actos, si usted no supiese que nuestra Cancillería tiene el solemne deber de callar por amor a la Patria y por decoro de la República; si usted no supiese que esta infeliz Venezuela, por apego a su paz y por respeto a sí misma, no debe sentarlo como acusado de alta traición en el banco de los culpables, usted, en vez de hablar con audaz arrogancia de esta cuestión, buscaría el último rincón del mundo para gozar en paz el fruto sabroso de los sacrificios del Gran Partido Liberal”.
Tengo presente, así, pues fui uno de sus coautores, la seminal obra sobre el siglo XX venezolano dirigida por mi admirado y fallecido tocayo Asdrúbal Baptista, publicada por la Fundación Polar: Venezuela, siglo XX: Visiones y testimonios (2000). Me correspondió escribir sobre “El derecho: ¿práctica de vida o imposición ajena?”, para dar cuenta acerca de la dudosa encarnación entre nosotros del valor de la ley, limitándome sí, a pocas referencias, como aquella de origen hispano: “la ley se acata, pero no se cumple”.
Hice constar lo advertido por Delfín Aguilera: “Más vale un palmo de juez que cien varas de justicia”, luego lo declarado con angustia por Gonzalo Barrios: “Nadie en Venezuela tenía razones para no robar”, y al cierre lo dicho por Luis Miquilena hacia 1999: “aplicamos el espíritu, pero no la letra de la Constitución”.
Lo relevante es que un admirado colega y amigo, fallecido, que leyó y releyó los tres volúmenes de esa obra larga y memoriosa de la Venezuela moderna, me dijo: “Es muy lamentable que no se le haya dedicado un capítulo a la corrupción”.
Si se revisa la historia, no la nuestra, sino la del mundo y se devuelven sus páginas hacia el tiempo remoto de los griegos y los romanos, dirá alguno que se trata de un vicio que jamás podrá extinguirse en los cenáculos del poder, y sólo cabe seguir adelante.
Es cierto que Polibio (c. 200-118 a. C.), griego, considerado uno de los grandes historiadores de la Antigüedad y uno de los primeros teóricos de la ciencia política, compara la degeneración de los sistemas políticos con los biológicos y dice que "cuando surge una nueva generación y la democracia pasa a manos de los nietos de aquellos, ya no valoran tanto la igualdad ni la libertad de expresión por estar acostumbrados a ellas, y buscan tener más que la mayoría; en esto caen sobre todo los que sobresalen por sus riquezas. Al ambicionar el poder y no poder alcanzarlo por sí mismos ni por sus propios méritos, malgastan sus fortunas seduciendo y corrompiendo al pueblo de todas las maneras posibles. Una vez que han acostumbrado a la multitud a vivir de dádivas y a esperar el sustento de los bienes ajenos, entonces el régimen democrático se disuelve y se transforma en violencia y dominio de la fuerza".
Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.), jurista, político, filósofo, orador y escritor que estudia las formas de corrupción en la antigua Roma, hizo constar en sus escritos que "se ha extendido ya una opinión perniciosa para la República y peligrosa para vosotros mismos, no solo en Roma, sino también entre las naciones extranjeras, en boca de todos: que, en estos tribunales, tal como funcionan hoy, ningún hombre rico, por más culpable que sea, puede ser condenado".
Hacia el final de su vida, “viendo cómo la corrupción, el soborno electoral y las ambiciones personales habían destruido las instituciones romanas”, escribió este amargo diagnóstico, que se nos hace presente: “"La República romana se sostiene sobre las antiguas costumbres y sobre los hombres... Pero nuestra época, habiendo recibido la República como una pintura extraordinaria que ya empezaba a desvanecerse por su antigüedad, no solo se ha descuidado en restaurar los colores que tenía, sino que ni siquiera se ha preocupado por conservar al menos su forma y sus contornos generales... Así, por nuestros vicios, y no por ningún azar, conservamos la República de palabra, pero hace tiempo que la hemos perdido de hecho”.
De la corrupción del poder a la destrucción de la República
He aquí, pues, lo de analizar y reparar, por ser inédito, en la experiencia de los casi treinta años recorridos por Venezuela (1999-2026), a saber, que, si bien, puede hacerse narrativa con los eventos de corrupción anteriores que iban minando a la institucionalidad republicana, al punto de ceder a su término el pacto de no agresión y de lucha sin cuartel contra la corrupción suscrito en 1959 por Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba – Pacto de Puntofijo – el compromiso modelador y ejemplarizante se sostuvo desde la cabeza, modelando comportamientos, en los términos siguientes: “Lucha implacable, apoyada en una severa legislación, contra el peculado, el tráfico de influencias y todo género de enriquecimiento ilícito”. La república acaso se extravió, pero no se perdió hasta agosto de 1999.
En la última circunstancia, la Revolución Bolivariana optó por pactar un modus vivendi con la narcoguerrilla colombiana, las FARC, entregándose ambas contraprestaciones que iban desde el lavado de dineros, el suministro de insumos químicos, la tolerancia territorial del terrorismo, la atención sanitaria, y párese de contar.
Desde entonces, en paráfrasis de Cicerón, “por los vicios de Hugo Chávez Frías y sus conmilitones, y no por azar, ser perdió la república de palabra y de hecho, al transformarse en Estado criminal envolviendo y pulverizando a toda la sociedad”.
Siendo así, la cuestión de los valores éticos y el del restablecimiento de la moral de la nación, que ha de volver sobre sus huellas extraviadas, no es tema o argumento de circunstancia. Ausente toda moral republicana como vector fundamental de la reinstitucionalización, acaso sólo nos lleve, volviendo a Cicerón, a “una república de palabra”.
E insisto en la cuestión de la ejemplaridad, pues de esta depende aquello sin lo cual el debate sobre la transición política y democrática se hace mendaz para la mayoría de los venezolanos, me refiero a la confianza. Y las preguntas huelgan, aquí sí.
¿Puede avanzarse desde el plano de nuestra estabilización económica, en sociedad con los emblemas de la corrupción de un Estado criminal y su morbo todavía actuante e indetenible, tal como lo van descubriendo los medios de comunicación social extranjeros?
¿Qué se hará, tras una revisión rigurosa, si acaso la hay y si hay capacidad material en los breves días que ocuparán sus responsables, de las credenciales presentadas por quienes se han postulado para regir la Justicia venezolana hacia el porvenir, una vez como se calibren títulos y doctorados y aparezcan que han sido adquiridos en universidades templos de la ignorancia, regidas por falsarius; que así titulaban los romanos a quienes vendían documentos alterados?
El ecosistema que destruyó a la república de Venezuela volviéndola nicho de impunidad para el crimen trasnacional y que irrogó un severo daño antropológico a la nación venezolana, necesitada de restablecer sus lazos de afecto y volver a confiar, deja muy atrás y es un error compararlo, por lo dicho, con situaciones y diatribas como las que tuviesen como protagonistas como gobernantes a Francisco Linares Alcántara (1877-1878) y a Juan Pablo Rojas Paúl (1888-1890), para no referirme al siglo XX.
Estos denuncian a Guzmán Blanco – el primero ordena derribar sus estatuas – por peculado, manejo discrecional del tesoro, enriquecimiento ilícito, y la celebración de contratos leoninos y negociaciones de deuda actuando a la vez y simultáneamente como gobernante contratante y como accionista, comisionista o socio beneficiario.
“González Guinán defiende estos acuerdos como sacrificios financieros indispensables para atraer capital extranjero y modernizar el país, justificando las ganancias de los contratistas como el premio legítimo al progreso material”. Esas tenemos.