María Corina y el país que aprendió a guardar la prueba

Lo hago por aquello que ya nadie puede arrebatarle, cualquiera que sea el desenlace de las próximas semanas: haber dedicado más de veinte años a la defensa del voto; haber recorrido el país cuando el desaliento parecía una humedad instalada en las paredes; haber reunido voluntades que llevaban demasiado tiempo viviendo de espaldas unas a otras; y haber conducido a Venezuela, junto a Edmundo González Urrutia, hacia una victoria electoral que pudo ser preservada, examinada y mostrada acta por acta ante el mundo.

Las declaraciones del presidente Donald Trump y la decisión de su administración de hacer públicos documentos de inteligencia han colocado bajo una luz nueva la prolongada degradación del sistema electoral venezolano. La Casa Blanca afirmó que la CIA había recibido información sobre un plan específico del gobierno de Nicolás Maduro para alterar digitalmente resultados electorales en 2020 mediante procedimientos concebidos para eludir las auditorías convencionales. Al divulgar esos informes, el presidente Trump ha abierto un espacio de transparencia que fortalece la discusión sobre la seguridad electoral y sobre las garantías que deberán acompañar cualquier proceso futuro en Venezuela.

El documento desclasificado reúne inteligencia seleccionada entre 2004 y 2020 acerca del interés del gobierno venezolano y de sus capacidades potenciales para manipular sistemas electrónicos. El propio informe incorpora cautelas analíticas que fortalecen su utilidad: distingue entre capacidades técnicamente posibles, planes reportados y alteraciones efectivamente comprobadas, y reconoce que algunas hipótesis no contaron con evidencia concluyente. El expediente, leído con rigor, muestra que el problema venezolano jamás estuvo limitado a una máquina, pues abarcaba el control del árbitro, el registro, las auditorías, la transmisión, la totalización y la publicación de resultados.

Dentro de ese nuevo marco, el trabajo desarrollado por María Corina Machado desde Súmate, la organización ciudadana de defensa electoral que cofundó en 2002, adquiere una profundidad todavía mayor. Al crearla, escogió un territorio político que parecía demasiado árido para producir liderazgo: el territorio de los procedimientos. Allí casi nunca hay balcones, himnos ni ovaciones; hay reglamentos, registros, centros de votación, cuadernos, testigos, auditorías, transmisiones y actas. Sin embargo, las autocracias contemporáneas suelen instalarse precisamente en esa letra menuda, porque han aprendido que resulta menos costoso conservar la escenografía de una elección que abolirla, siempre que puedan controlar las puertas por las cuales debe atravesar la voluntad ciudadana.

Mucho antes de que el mundo dirigiera su atención hacia María Corina, ella trabajaba en la formación de ciudadanos capaces de comprender el proceso completo y de observar aquello que el poder prefería mantener fuera del alcance público. Vista desde la distancia, aquella labor revela que su trayectoria política comenzó menos en el estruendo de la campaña que en la disciplina casi monástica de estudiar cómo una voluntad colectiva se convierte en un resultado verificable.

Ella se preparó para 2024 durante veinte años, examinando cada proceso controvertido como quien arma un expediente judicial cuya sentencia puede tardar una generación. Aprendió que una anomalía aislada suele ser explicada, que cien anomalías dispersas pueden ser desestimadas y que únicamente la documentación sistemática permite descubrir el dibujo escondido bajo todas ellas. Su liderazgo se formó en la paciencia del investigador, en la minuciosidad del ingeniero y en la memoria de quien sabe que el poder depende, muchas veces, de la fatiga de los demás.

Las sociedades sometidas durante demasiado tiempo desarrollan una psicología particular: empiezan a considerar inútil el esfuerzo antes incluso de intentarlo. Esa indefensión aprendida, estudiada durante décadas por la psicología, hace que la persona abandone la búsqueda de una salida porque las experiencias anteriores le han enseñado que ninguna acción modifica el desenlace. En Venezuela, cada elección cuestionada añadía una capa a esa convicción paralizante. María Corina comprendió que para recuperar la participación era necesario devolverle al ciudadano una sensación concreta de eficacia: una tarea que pudiera cumplir, una mesa que pudiera vigilar, un acta que pudiera proteger, una verdad cuya supervivencia dependiera también de sus manos.

El Premio Nobel de la Paz de 2025 reconoció su trabajo sostenido en favor de los derechos democráticos y de una transición pacífica. Aquel galardón otorgó solemnidad internacional a una obra cuya hondura millones de venezolanos conocían desde mucho antes, pues su liderazgo había sido labrado entre persecuciones, carreteras recorridas, colaboradores encarcelados, separación familiar y una obstinación casi mineral por devolverle significado al voto.

Cuando le impidieron inscribir su candidatura después de haber ganado ampliamente las primarias opositoras, María Corina tomó una de esas decisiones que revelan la categoría histórica de un dirigente: respaldó a Edmundo González Urrutia y puso al servicio de su candidatura la inmensa energía ciudadana reunida alrededor de su propio nombre. Había conquistado el derecho político a encabezar aquella elección y, frente al cerrojo institucional, convirtió ese capital personal en una empresa nacional. La autoridad que había ganado para sí terminó transformada en protección para la candidatura de otro.

Juntos lograron organizar un país desgarrado por el empobrecimiento, la persecución y el destierro. Miles de voluntarios fueron preparados para vigilar los centros, acompañar a los electores, permanecer durante el escrutinio, recibir las actas, fotografiarlas y ponerlas a salvo. La enorme desventaja material fue compensada mediante una estructura humana extendida por el territorio, hecha de ciudadanos comunes que aceptaron responsabilidades extraordinarias y comprendieron que aquella noche la elección no terminaría al depositar el voto.

Deténgase un instante en esa escena, porque allí vive la dimensión más conmovedora de lo ocurrido. En miles de centros electorales, bajo luces fatigadas y después de horas de tensión, alguna mano sostuvo un teléfono frente a una tira de papel térmico. Quizás pertenecía a una maestra, a un estudiante, a un comerciante, a una madre que llevaba años sin abrazar al hijo emigrado o a un hombre que había visto marcharse a toda su familia. Aquella persona fotografiaba nombres, cifras, porcentajes, firmas y sellos; en realidad, sostenía entre los dedos una pequeña porción de soberanía nacional.

María Corina organizó al país para impedirlo. La esperanza, tan vulnerable cuando depende únicamente del ánimo, adquirió cuerpo documental; la voluntad ciudadana pudo viajar desde una escuela rural hasta los archivos del mundo, mientras la victoria quedaba protegida por miles de personas que probablemente nunca llegarían a conocerse. El Centro Carter informó que los testigos opositores reunieron actas correspondientes a aproximadamente el 80 % de las mesas y que esos documentos mostraban a Edmundo González Urrutia con cerca del 67 % de los votos. La organización concluyó, además, que la elección no cumplió los estándares internacionales de integridad y que la negativa del Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados desglosados por mesa constituía una grave vulneración de los principios electorales.

Esa fue la inteligencia decisiva de la operación: María Corina convirtió la movilización en cadena de custodia. Durante años se había pedido a los venezolanos que confiaran en denuncias difíciles de demostrar ante un Estado que monopolizaba la información; el 28 de julio, en cambio, la ciudadanía resguardó los comprobantes emitidos por las propias máquinas y consiguió que la verdad electoral sobreviviera fuera del recinto donde pretendían encerrarla.

La experiencia venezolana demostró que incluso un Estado capturado puede encontrar un límite cuando los ciudadanos aprenden a multiplicar los ojos, las manos y los archivos.

Ella convirtió el coraje venezolano en estructura; conectó al testigo de una mesa remota con el técnico que recibía el acta, al ciudadano dentro del país con quien seguía el escrutinio desde el exilio, y a millones de personas dispersas con una tarea común que cabía en un papel.

Pagó por ello un precio inmenso. La persecución judicial, la inhabilitación, el encarcelamiento de colaboradores, las amenazas, la clandestinidad y la separación de su familia acompañaron un itinerario capaz de doblegar a casi cualquiera. Sin embargo, su idea del futuro continuó incluyendo escuelas, prosperidad, instituciones, inversiones, familias reunidas y el regreso de los hijos, como si cada palabra fuera colocando desde ahora una viga de la República que todavía debemos reconstruir.

La información desclasificada ofrece una base más amplia para comprender los riesgos acumulados y para diseñar una reconstrucción electoral profunda, capaz de asegurar que las futuras decisiones de los venezolanos sean respetadas, auditadas y verificadas.

El documento de la CIA contiene numerosos nombres tachados, de modo que atribuir identidades a esas franjas negras excedería lo que la evidencia permite sostener. La trayectoria pública de Jorge Rodríguez, en cambio, puede examinarse sin especulaciones: presidió el Consejo Nacional Electoral, ocupó posteriormente la Vicepresidencia y distintos ministerios, dirigió estructuras políticas del chavismo y fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018 como integrante del círculo de poder de Nicolás Maduro.

Ante semejante experiencia histórica, el país requiere mucho más que una renovación cosmética. Venezuela necesita un Consejo Nacional Electoral enteramente independiente, un Tribunal Supremo de Justicia recuperado para el derecho, un registro que devuelva a millones de emigrados su condición de ciudadanos políticos, auditorías accesibles, observación internacional plena, medios libres, candidatos sin proscripciones y resultados publicados mesa por mesa. Cualquier fórmula que conserve intacta la vieja maquinaria dejará abierta la posibilidad de repetir el despojo.

Rendir tributo a María Corina no exige convertirla en estatua ni sustraerla del debate propio de toda democracia. Exige reconocer la proporción exacta de su obra y evitar que la rapidez de los acontecimientos diluya su autoría entre quienes aparecieron cuando el trabajo esencial ya estaba hecho. Ella cohesionó un país entrenado durante años para desconfiar, cedió su candidatura sin entregar el mandato, organizó una elección bajo condiciones brutales y dejó a Venezuela la prueba material de su voluntad.

Mire otra vez aquella acta sostenida bajo la luz de un teléfono. Allí convergían la experiencia de Súmate, las heridas de 2004, las auditorías estudiadas, los testigos preparados, los exiliados atentos desde lejos y una mujer que se negó durante veinte años a concederle al poder el derecho de decidir, en secreto, qué había ocurrido dentro de las urnas. Aquel papel fue mucho más que un resultado: se convirtió en el título de propiedad de los venezolanos sobre su propio porvenir.

Cualquiera que sea el curso de los acontecimientos, esa obra ya pertenece a la historia.

La verdad ya aprendió a defenderse.

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