La oposición venezolana no está armada y tampoco se ha propuesto enfrentar al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro a través de una vía distinta a los caminos democráticos.
Lo ocurrido con el asalto al fuerte Paramacay en el Estado Carabobo y la posterior detención de sus líderes, indica que en efecto fue una acción aislada de un grupo disidente de militares dados de baja que intentan generar una corriente dentro de la FANB a que se rebele contra el gobierno haciendo acciones de ese tipo.
Como un miembro del grupo lo reconoció, la detención de los dos ex oficiales, fue un error de seguridad y bajo torturas los detenidos entregaron parte del arsenal sustraído del fuerte militar. Detrás de los dos oficiales capturados por la policía municipal de manera fortuita, ya se anuncia la detención de 18 personas ligadas al grupo a las que se agregan algunos dirigentes políticos y figuras públicas que, a conveniencia del gobierno, serán acusadas de formar parte de esa supuesta organización cívico-militar.
El suceso le ha servido al gobierno para señalar a EEUU de financiar tales acciones y por ello las imputaciones comenzarán con el delito de “traición a la patria” e involucrar a la oposición en planes violentos con financiamiento externo.
Mientras ello ocurre, la fraudulenta Asamblea Constituyente (ANC) sigue avanzando en su control sobre todos los poderes públicos. Así desconoce y anula cualquier decisión de la Asamblea Nacional y designa un nuevo Fiscal General sometido a la voluntad de la ANC y del gobierno de Maduro.
De esa manera enterrarán todos los casos de corrupción como los sobornos de Odebrecht, los casos de lavado de dinero de altas figuras del chavismo y las investigaciones sobre narcotráfico de éstos y sus familiares que se ventilan internacionalmente. Casos que la fiscal destituida ilegalmente venía adelantando en cooperación con fiscalías de otros países.
El vínculo entre el crimen organizado y el alto gobierno ha sido evidente tras esas investigaciones que se han producido en Estados Unidos, Brasil, Argentina, España, Suiza o Andorra, que más allá de un modelo de corrupción, ponen en evidencia los vínculos políticos con regímenes que apoyan o conviven con el terrorismo.
Las declaraciones del director de la CIA, Mike Pompeo,
para nada sorprende a los venezolanos cuando señala que “los cubanos, los rusos, Irán y Hezbollah están en Venezuela” ya que ha sido parte de la historia política venezolana en los últimos 18 años, con escándalos como la entrega de pasaportes venezolanos a figuras de esos países u organizaciones armadas.
Es de destacar que en Venezuela operan organizaciones armadas ligadas al crimen organizado y algunas vinculadas a los propios cuerpos de seguridad. Además de los colectivos armados estos grupos son ya parte de la estructura irregular del país y operan bajo las reglas del sistema actual.
Pero a pesar de que el gobierno pareciera tener el control en todos los poderes, y se apoya en esas estructuras delictivas, su base popular se perdió en medio de una crisis económica y ética de carácter humanitario. La dirigencia política oficialista se encuentra aislada del mundo democrático y sus dirigentes forman parte de listas por cargos de narcotráfico, corrupción y violación de derechos humanos.
Esta condición hace la situación de los venezolanos más peligrosa dado que cierra brechas de negociación con esa dirigencia. Sin embargo el proceso de desgaste ha ido creando fisuras a lo interno de la FANB y del chavismo, que sí temen hundirse en el mismo bote y no necesariamente pertenecen a algunos de estos grupos de poder.
Con solo 17% de apoyo de seguidores y una economía destruida resultará muy difícil para Maduro mantener un régimen en dictadura. Para una posible salida democrática todos los factores: oposición, chavismo disidente, opositores radicales, fuerzas armadas descontentas y factores internacionales, deberán mover sus piezas para facilitar una salida.
