Venezuela del 3 de enero al 3 de agosto: Entre el desmontaje estratégico y la transición postergada

La presidencia provisional de Delcy Rodríguez surgió de instituciones que formaban parte del mismo sistema cuestionado; el parcializado Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y una estructura estatal carente de independencia democrática. La Unión Europea, de hecho, no reconoció inicialmente la legitimidad de Rodríguez como jefa provisional del Estado. Por ello, puede hablarse de una autoridad efectiva o de facto, pero no de una legitimidad democrática de origen.

A esta anomalía se suma el tutelaje ejercido por Estados Unidos. Desde el punto de vista político y estratégico, Washington ha priorizado la estabilidad, la cooperación energética, la lucha contra el narcotráfico y la reducción de la influencia extracontinental antes que una transferencia inmediata del poder. La administración estadounidense ha optado por trabajar con la estructura existente, excluido Maduro, y particularmente con Delcy Rodríguez.

La legalidad internacional de la operación del 3 de enero y del control posterior ejercido por Estados Unidos continúa siendo discutible. No obstante, resulta necesario distinguir entre el debate jurídico sobre la intervención y sus consecuencias estratégicas. Para muchos venezolanos, la acción constituyó una ruptura indispensable del inmovilismo y una respuesta ante un régimen que había cerrado toda posibilidad interna de cambio efectivo. Agradecer la remoción de Maduro, sin embargo, no obliga a aceptar indefinidamente una fórmula de tutela que prolongue las estructuras fundamentales del sistema que lo sostuvo.

Cambios estratégicos significativos

Uno de los resultados más importantes ha sido el inicio del desmontaje de Venezuela como cabeza de playa geoestratégica utilizada por Rusia, China e Irán contra los intereses estadounidenses y occidentales en el hemisferio. Este objetivo tiene una importancia que trasciende el petróleo: comprende inteligencia, cooperación militar, telecomunicaciones, control territorial, proyección caribeña, redes financieras y presencia de actores armados o criminales.

También se han producido aperturas económicas, contactos de inteligencia, liberaciones parciales de presos y mecanismos de cooperación bilateral. Sin embargo, esos cambios no equivalen todavía a una transformación institucional. El riesgo central es que ocurra una normalización sin transición: una adaptación del chavismo a las nuevas exigencias estadounidenses, preservando sus redes de control político, judicial, militar y económico bajo una apariencia de moderación. Ese riesgo ha sido señalado expresamente por analistas venezolanos.

Petróleo, seguridad y guerra con Irán

El interés estadounidense en el petróleo venezolano es evidente y responde a necesidades energéticas, económicas y estratégicas, especialmente en un contexto de conflicto con Irán y de alteración de los mercados petroleros. Durante 2026, Washington flexibilizó determinadas restricciones sobre el sector petrolero venezolano con el propósito declarado de aumentar la oferta mundial durante la guerra con Irán.

Sin embargo, reducir toda la operación venezolana a una motivación petrolera constituye una interpretación insuficiente. El petróleo es un componente principal, pero no explica por sí solo la necesidad estadounidense de reducir la presencia iraní, rusa y china, asegurar el Caribe, contener las redes criminales transnacionales y evitar que Venezuela continúe siendo una plataforma hostil en el hemisferio.

El desacierto comunicacional de Washington ha sido permitir que el discurso petrolero opaque esos objetivos mayores. Cuando el petróleo aparece como justificación predominante, se fortalece la narrativa según la cual la remoción de Maduro respondió únicamente al control de recursos naturales y no a una combinación de seguridad hemisférica, narcotráfico, estabilidad regional y restauración democrática.

Persistencia del Estado criminal

La estructura criminal no ha sido desmontada. La incautación de más de tres toneladas de presunta cocaína en el estado Monagas, anunciada por Diosdado Cabello el 29 de julio, demuestra que continúan operando grandes corredores y capacidades logísticas para el tráfico de drogas. La información fue presentada por el propio aparato oficial, por lo que permite confirmar el decomiso, pero no establecer todavía quién controlaba la organización ni cuáles eran sus conexiones políticas.

El episodio resulta especialmente sensible porque Cabello continúa ejerciendo control sobre los órganos de seguridad y porque el oriente venezolano ha sido utilizado históricamente como corredor hacia el Caribe y el Atlántico. No obstante, cualquier atribución directa de responsabilidad debe sustentarse en evidencias independientes, investigaciones judiciales y trazabilidad verificable. La sospecha política puede orientar el análisis; no debe sustituir la prueba.

El factor tiempo

La mayor preocupación estratégica es el tiempo. El gobierno de Donald Trump dispone de una ventana política limitada. En cambio, los integrantes del régimen venezolano poseen experiencia en supervivencia, negociación táctica, simulación de concesiones y espera prolongada.

Las estructuras autoritarias no necesitan derrotar inmediatamente a sus adversarios: les basta con resistir, adaptarse y esperar que cambien las circunstancias internacionales. Pueden aceptar temporalmente controles externos, ofrecer una imagen de cooperación, realizar reformas parciales y presentarse como garantes de estabilidad, mientras preservan el núcleo real de su poder.

Por ello, una estabilización indefinida bajo Delcy Rodríguez podría terminar fortaleciendo aquello que inicialmente pretendía desmontar. El régimen provisional podría emplear la cooperación estadounidense para obtener reconocimiento, recursos y tiempo, sin desmantelar el aparato represivo ni devolver la soberanía política al pueblo venezolano.

Las negociaciones anunciadas entre el gobierno provisional y determinados sectores opositores constituyen una oportunidad, pero también un riesgo. La exclusión de María Corina Machado y la limitada participación de las fuerzas que encabezaron el mandato popular de 2024 pueden producir un acuerdo políticamente administrado desde el exterior, pero insuficientemente representativo dentro de Venezuela.

El Doblete Sísmico, una respuesta cuestionada desde el terreno.

El terremoto en dos tiempos no constituye un paréntesis dentro de la crisis política venezolana. Es una manifestación extrema de esa misma crisis. La magnitud de las pérdidas no puede atribuirse únicamente a la fuerza de la naturaleza. También obliga a señalar las vulnerabilidades acumuladas, el deterioro institucional, la ausencia de prevención y la insuficiencia de la respuesta estatal, viciada igualmente por el totalitarismo con la persecución de un enemigo interno, que termina siendo las mismas víctimas de la tragedia y quienes brindaron la respuesta consecuente con la asistencia humanitaria requerida, nacional e internacionalmente.

Para la población, el régimen provisional fue sometido a una prueba fundamental y su desempeño quedó severamente cuestionado. Para los rescatistas, la tragedia reveló brechas operativas que deben ser documentadas y corregidas. Para Estados Unidos, la respuesta humanitaria amplió su influencia, pero también incrementó su responsabilidad sobre la transparencia, eficacia y destino político del proceso.

Incorporar el terremoto a la agenda del inicio de la transición es necesario. Utilizarlo para dilatar y manipular la transición sería inaceptable. Venezuela necesita libertad para reconstruir simultáneamente sus ciudades, sus capacidades de protección, sus instituciones y su legitimidad democrática. La atención a las víctimas no puede servir para posponer la libertad política, del mismo modo que la transición no puede avanzar ignorando a quienes perdieron familiares, hogares y medios de vida.

El terremoto debe ser el primer compromiso humano de la transición, pero no su refugio político ni su límite institucional.

La responsabilidad de la oposición

Una parte de la dirigencia opositora sigue interpretando el conflicto como una competencia convencional entre actores políticos. Pero no enfrenta solamente a un partido o a una corriente ideológica. Enfrenta una estructura híbrida compuesta por intereses políticos, militares, económicos, criminales, judiciales y transnacionales. Obedece sectariamente a los intereses partidistas y aísla la expresión mayoritaria de la población en el liderazgo reconocido de María Corina Machado y particularmente en la decisión de la ciudadanía el 28 jul24.

Negociar con esa estructura sin comprender su naturaleza criminal, puede permitirle convertir cada proceso dentro de este inicio de transición, en un mecanismo de supervivencia. La negociación solo tendría sentido para este inicio de transición si valora la participación primordial de María Corina y conduce a resultados verificables; liberación total de presos políticos, desmantelamiento de los organismos represivos, independencia electoral, depuración institucional, retorno de los exiliados, garantías para la sociedad civil y un calendario obligatorio para restablecer la soberanía popular.

Desde la perspectiva estratégica, el principal riesgo no radica en la existencia de negociaciones, sino en la prolongación indefinida de un proceso de transición cuyos avances resulten poco perceptibles para la población y prolongue riesgosamente la permanencia en el poder de los responsables de la tragedia nacional. La experiencia comparada demuestra que los regímenes con larga permanencia en el poder desarrollan una notable capacidad de adaptación, negociación y administración del tiempo. En consecuencia, la percepción de lentitud o ausencia de resultados verificables favorece interpretaciones de estancamiento o de consolidación progresiva del nuevo equilibrio político, que repercute considerablemente contra la respuesta social que con tanta necesidad demanda la sufrida población mayoritaria en todos los rincones del país.

En otro orden y como tema de la agenda pautada el pasado sábado, la atención prioritaria que demanda la emergencia sísmica constituye una obligación ineludible del Estado y de la comunidad internacional. No obstante, esa prioridad humanitaria no debería desplazar indefinidamente las decisiones fundamentales del proceso político. Ambos desafíos deben avanzar simultáneamente: la atención a las víctimas del desastre y la recuperación de la institucionalidad democrática.

Conclusión

Todo este proceso continúa representando un agravio contra la Nación. El sistema se impuso de facto, destruyó progresivamente la legitimidad de las instituciones y convirtió al Estado en instrumento de dominación política y de intereses criminales y extranjeros.

La acción del 3 de enero debe ser reconocida como un acontecimiento necesario que muchos venezolanos esperaban y promovían. Pero la gratitud por la remoción de Maduro no puede transformarse en aceptación silenciosa de una tutela indefinida ni de la continuidad del sistema bajo una nueva administración. Estados Unidos enfrenta ahora una responsabilidad política derivada de su propia intervención. Si aspira a convertir a Venezuela en un aliado estable y en un garante de la seguridad hemisférica, energética y democrática, deberá superar la lógica de la administración provisional y conducir el proceso hacia una auténtica restitución institucional.

La respuesta venezolana debe ser una resistencia cívica, democrática, masiva, escalable y sostenida, dirigida hacia los puntos de vulnerabilidad del aparato autoritario, sin sustituir la acción política por aventuras violentas que puedan ser empleadas para justificar una nueva represión, sin embargo, el 3 de enero marcó la posibilidad efectiva de esta acción. El objetivo no puede limitarse a administrar mejor el orden existente. Debe consistir en desmontar el Estado criminal, recuperar la soberanía popular y establecer un gobierno legítimo, constitucional y representativo.

La estabilidad sin legitimidad solo aplaza el conflicto. La cooperación sin transformación puede rehabilitar al régimen. Y la intervención que no culmine en libertad corre el riesgo de cambiar al administrador sin devolverle la República a sus verdaderos titulares, los ciudadanos venezolanos.

La persistencia de cientos de presos políticos constituye uno de los principales indicadores de que la transición institucional permanece incompleta. Mientras subsistan detenciones por motivos políticos, la recuperación plena del Estado de Derecho seguirá siendo una tarea pendiente.

Los terremotos del 24 de junio no solo produjeron una catástrofe humana y material de enormes proporciones. También expusieron, de manera inmediata y verificable, la verdadera capacidad del régimen provisional para proteger a la población, coordinar los recursos del Estado y responder con oportunidad ante una emergencia nacional.

La defensa pública realizada por Delcy Rodríguez se concentró principalmente en rechazar las acusaciones de lentitud o no respuesta inmediata, cuestionar las cifras difundidas por fuentes no oficiales y sostener que los protocolos habían sido activados inmediatamente. Sin embargo, los hechos han demostrado una y otra vez lo contrario y la existencia de una orden o de un despliegue formal no demuestra por sí sola la eficacia operativa de la respuesta. En gestión de desastres, la verdadera medida es la capacidad que llega oportunamente hasta la víctima.

Al 3 de agosto de 2026, las autoridades reconocían +6.125 fallecidos, cerca de 61.000 personas atendidas en centros hospitalarios y sin cifras de desaparecidos oficiales, en tanto aún permanecen 379 presos políticos. Estas cifras revelan que Venezuela no enfrenta únicamente una etapa de reconstrucción, sino una emergencia prolongada cuyas consecuencias humanas, institucionales y políticas permanecen abiertas.

Ing. Antonio Rivero G.

Gral. Brig. (R) del Ejército Venezolano.

M.Sc. (Estrategia)

Analista Geopolítico-Militar

X: @antonioriverog

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