Una decisión que reabre el debate jurídico y es que aunque la Corte de Apelaciones no declaró que la I-220A sea “parole”, sí corrigió el marco jurídico aplicado por el BIA y ordenó reexaminar los casos bajo la sección 235. La decisión impacta directamente a Florida, Georgia y Alabama y mantiene abierta la disputa sobre el ajuste de estatus