La decisión revierte la paralización dictada en abril pasado por un juez federal que bloqueaba a la administración Trump deportar a los beneficiarios
El presidente de estados Unidos Donald J. Trump en el Congreso de Estados Unidos.
TASOS KATOPODIS / AFP Pasajeros y personal de la aereolínea en el counter durante el chequeo de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.
AFP Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
AFP Pasajeros arriban a Estados Unidos.
AFPMIAMI — Una Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito autorizó al presidente Donald Trump para que continúe con la revocación del parole humanitario, un programa aprobado por la Administración del demócrata, Joe Biden, que permitió el ingreso a Estados Unidos de 532.000 migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, desestimando así un recurso presentado por organizaciones pro inmigrantes.
Un grupo de defensores de la inmigración, junto a beneficiarios del parole humanitario, demandó a la administración Trump por intentar revocar el estatus del programa conocido como CHNV, argumentando que la "medida era ilegal" y no seguía el debido proceso.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito anuló así una resolución previa de la jueza de distrito Indira Talwani, que cuestionaba la autoridad de la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para revocar la llamada "libertad condicional" migratoria que permitía la estancia temporal en el país de más de medio millón de extranjeros, medida adoptada durante la administración de Joe Biden.
Talwani había sostenido que Noem actuó fuera de sus competencias, pero el panel de tres jueces del circuito —todos designados por presidentes demócratas— concluyó que los demandantes no lograron probar que la secretaria carecía de facultades legales bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para eliminar de forma generalizada dichos permisos.
En su opinión, el magistrado Gustavo Gelpí reconoció que la revocación de esta figura migratoria coloca a los afectados ante un difícil escenario, al tener que decidir entre regresar a países con altos niveles de inseguridad o permanecer en Estados Unidos en situación irregular, expuestos a detenciones y deportaciones. Sin embargo, subrayó que este impacto no invalida la autoridad legal de la secretaria para tomar dicha decisión.
Asimismo, descartó el argumento presentado por Talwani sobre que la medida de Noem fue adoptada de forma "arbitraria y caprichosa". "No estamos de acuerdo. Determinamos que los demandantes no han presentado pruebas firmes sobre que puedan tener éxito a la hora de demostrar que la acción de la secretaria fuera arbitraria y caprichosa, ya que dio una explicación razonada".
"Por las citadas razones, damos cierre a la orden del tribunal de distrito y remitimos el caso para que se realicen más procedimientos de conformidad con esta opinión. Así se ordena", expresa el documento publicado por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en la ciudad de Boston.
El 'parole' humanitario fue una política impulsada por la Administración Biden que ofrecía la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un periodo de 2 años a ciudadanos de países en crisis, siempre que contaran con el patrocinio de un residente legal en el país. El beneficio no fue extendido por Biden antes de partir de la Casa Blanca.
El 20 de enero, día de su investidura, su sucesor republicano Donald Trump firmó un decreto para ponerle fin.
En mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración revocar este estatus legal mientras el caso se litiga en tribunales inferiores.
Entre octubre de 2022 y enero de 2025, más de medio millón de personas accedieron a permisos de trabajo bajo esta vía. No obstante, el Gobierno de Trump decidió en marzo poner fin al programa, afectando directamente a cerca de 532.000 beneficiarios.
Desde el Justice Action Center, la abogada Esther Sung calificó el fallo judicial como "devastador", aunque destacó que aún hay posibilidades de revertirlo a medida que el proceso legal continúa hacia una decisión definitiva.
Por su parte, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Justicia emitieron declaraciones tras conocerse la resolución. Este último, sin embargo, había argumentado previamente que mantener la decisión de Talwani contradecía una suspensión previa dictada por el Tribunal Supremo y pidió al Primer Circuito que no aceptara lo que consideró una "impugnación abierta" a ese dictamen.
La Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés), un grupo que aboga por una política migratoria a través de mecanismos legales, denunció la existencia de un informe interno del DHS que planteaba sospechas de fraude.
Según documentos obtenidos por FAIR, la revisión interna también encontró que muchos patrocinadores enumeraban las mismas direcciones y muchas de las solicitudes provenían de la misma dirección IP, una designación numérica que identifica su ubicación en Internet.
Según FAIR, una dirección IP en Tijuana, México, se utilizó 1.328 veces. Otros ejemplos de fraude incluyeron "ingresar exactamente las mismas respuestas en cientos de solicitudes; en algunos casos, más de 10.000 solicitantes utilizaron la misma respuesta".
FAIR afirma que el informe descubrió, entre otras cosas, que 3.218 patrocinadores eran responsables de más de 100.000 solicitudes y que 24 de los 1.000 números de Seguro Social más utilizados por los patrocinadores correspondían a personas fallecidas.
La concesión del parole humanitario exigía una serie de requisitos, como superar una investigación sobre sus antecedentes penales, tener a un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estar vacunados, algo que para la nueva administración en la Casa Blanca no se cumplió.
FUENTE: Con informaciòn de Fox News y AFP
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