Ala opositora del Parlamento y periodistas piden derogar "Ley contra el Odio" en Venezuela

La reforma fue avalada con el voto a favor de la mayoría oficialista y en contra de algunos diputados de la fracción opositora integrada por 29 legisladores. La Asamblea Nacional tiene 285 escaños.

El ala opositora señaló que la referida ley mantiene su "esencia atemorizante y coercitiva" contra la población, esto después de que la última década se usó para encarcelar a críticos del gobierno.

"No es suficiente plantear el cambio de cárcel por multas porque de esa forma el proyecto estaría conservando su esencia atemorizante y coercitiva", señaló Amelia Belisario, diputada por el partido opositor Vamos Venezuela.

La parlamentaria añadió: "Negamos nuestro voto porque Venezuela no necesita disfrazar la intimidación para hacerla más sofisticada o vestirla de buenas intenciones. Venezuela necesita eliminar toda norma que viole los derechos y las garantías constitucionales".

Maite Ochoa, de la misma fracción política de Belisario, sostuvo que "pretender reformar este texto es mantener en pie una espada de Damocles sobre el ciudadano común, sobre el periodista que informa, sobre el líder vecinal que exige agua o electricidad".

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta interina, defendió la ley y calificó a los opositores como "derecha borbónica".

"El odio lamentablemente no se puede derogar y tampoco se contiene porque empiezan publicando un tuit y terminan quemando gente viva", indicó Rodríguez.

La presidenta Delcy Rodríguez reconoció recientemente el "uso abusivo" en el pasado de esta ley y propuso una reforma que cambie las penas de hasta 20 años de cárcel por sanciones administrativas.

Sin embargo, las principales ONG defensoras de derechos humanos en Venezuela exigen su derogación.

Llamado del Sindicato

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió la derogación de la Ley contra el Odio y puntualizó que la reforma planteada mantiene la capacidad del Estado de castigar expresiones protegidas, entrega nuevas facultades sancionadoras al Ejecutivo. Además, señalaron, de no resolver las consecuencias de la persecución.

"Durante nueve años, esta legislación ha sido utilizada para perseguir a periodistas, trabajadores de la prensa, defensores de derechos humanos y ciudadanos por ejercer derechos fundamentales. Desde 2020, el SNTP ha documentado la judicialización de al menos 27 trabajadores de la prensa mediante el artículo 20 de esta ley", denunció el Sindicato.

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FUENTE: Con información de AFP/ Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)