CARACAS.-En Venezuela, seis personas permanecen detenidas por "delitos de odio", mientras que otras 638 tienen medidas restrictivas de su libertad, debido a la aplicación de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia" por parte de la justicia chavista que ahora la jefe encargada Delcy Rodríguez ordenó reformar.
La información suministrada por la ONG Foro Penal indica además que un total de 927 personas fueron acusadas de supuestos delitos de odio desde 2017, año en que fue aprobada la ley bajo fuertes críticas debido a su inconstitucionalidad.
El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, al confirmar los datos indicó que "la mayoría de las veces" el delito fue imputado a las personas junto con otros como terrorismo y asociación, lo que indica la escasa posibilidad de que se cumplan con las expectativas de libertad y final de los procesos.
Esta semana Rodríguez pidió a la Asamblea Nacional de mayoría chavista que reforme la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que puso en vigor el depuesto Nicolás Maduro durante su régimen y que fue promovida en su momento por la propia líder chavista.
Reforma de Ley a medias
La jefa encargada, quien presidía la Asamblea Constituyente que aprobó la ley, argumentó para su solicitud que, si bien cree "en los principios de esa ley", dijo que "lamentablemente fue mal aplicada" y "se hizo un uso abusivo" de ella.
Ante ello, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de una "comisión especial" de 11 diputados que se encargará de redactar el proyecto de reforma, aunque no se precisó la fecha.
La posible modificación había sido considerada ya por el diputado chavista en febrero cuando también entró en vigencia la Ley de Amnistía que fue pedida por su hermana la jefa encargada.
Derogar y no cambiar
Sin embargo, organizaciones gremiales y de derechos humanos exigen que, más allá de una reforma, la cuestionada ley sea derogada por no cumplir con los principios constitucionales e internacionales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este miércoles que sean "revisados y cerrados" los "procesos abiertos por la ley contra el odio" que, aseguró, "solo han servido para criminalizar la expresión".
"Es una norma contraria a los estándares sobre discursos de odio", agregó en la red social X.
La ley contempla penas de prisión de 10 a 20 años a quien "fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia" y otro tipo de sanciones.
Represión chavista
Por ello, organizaciones y la oposición consideran que es un "marco legal represivo" aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y contra críticos al chavismo.
Además, expertos han alertado de la ambigüedad en su contenido, lo que otorga un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar cualquier tipo de comentario u opinión.
La solicitud de reforma de Rodríguez ocurre después de la visita de la organización Human Rights Watch, la primera desde 2008 al país, en la que esta pidió modificar o derogar las leyes que "han permitido las violaciones de derechos humanos", entre ellas la del odio
FUENTE: Con información de EFE, Gonzalo Himiob red X