Aumenta a más de 6.000 la cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

Balance

*6.462 personas han sido rescatadas.

*60.992 personas han recibido atención en hospitales.

*287 viviendas han sido entregadas.

*43.679 viviendas han sido evaluadas

*41.624 inmuebles presentan algún nivel de afectación.

* 25.325 viviendas están habitables.

*9.886 inmuebles están restringidos

*6.433 viviendas presentan alto riesgo

*346.755 toneladas de escombros se han recogido (16,51%).

El presidente de la Asamblea nacional publicó las cifras luego de que pasarán 10 días sin que se conociera el parte oficial.

Diversas ONG reclamaron la falta de información y de transparencia del régimen, entre ellas Provea que destacó que la opacidad estatal no solo entorpece la reconstrucción, sino que vulnera de forma directa al menos cinco derechos humanos fundamentales.

La organización alertó también que la falta de datos impacta de forma directa la capacidad de respuesta de la sociedad civil, por lo que añadió que la ausencia de transparencia paraliza a la población de forma sistémica.

“Sin datos, las familias no pueden tomar decisiones, las comunidades no pueden organizarse y las víctimas no pueden exigir responsabilidades (…) La transparencia no es un favor del Estado venezolano; es una obligación de sus compromisos en materia de derechos humanos”, sentenció la ONG.

Derechos vulnerados

A la verdad y la búsqueda de personas desaparecidas

El Estado reportó 157 personas desaparecidas el 25 de junio y congeló esa cifra, dejando de actualizar el registro mientras las iniciativas ciudadanas denuncian miles de personas con paradero desconocido.

Asimismo, las autoridades detuvieron el boletín diario de fallecidos el 24 de julio con una cifra de 5.546 víctimas. Esta situación ha causado que las familias sigan buscando a las personas desaparecidas “sin acompañamiento del Estado”.

A la salud y a la atención médica

La organización alertó que las autoridades ocultan la capacidad hospitalaria real, la disponibilidad de tratamientos y el nivel de atención especializada en las zonas afectadas, alertando que la incertidumbre “también afecta el derecho a la salud”.

A una vivienda digna y a la protección de las familias desplazadas

Provea recordó que el gobierno interino reportó 23. 811 personas ubicadas en 107 campamentos temporales, pero no detalla cuántas son niños, personas con discapacidad o adultos mayores con enfermedades crónicas, ni precisa cuánto tiempo permanecerán allí.

Además, el Estado inició la demolición del complejo habitacional Luisa Cáceres de Arismendi, en Catia La Mar, sin informar con transparencia si cumplió con los protocolos previos de búsqueda de víctimas y restringió la cobertura de la prensa mediante la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

A la educación

A pocas semanas del inicio del año escolar, el Estado no ha publicado datos sobre la cantidad de escuelas que quedaron inhabitables ni sobre la cifra de estudiantes y docentes damnificados. Esta omisión deja a miles de niños y jóvenes sin saber dónde, cuándo ni en qué condiciones retornarán a las aulas.

Al acceso a la información pública y rendición de cuentas

La ONG recordó que el Banco Mundial estimó en 19 600 millones de dólares los daños directos del doble terremoto, pero el Estado no ha explicado cómo gestiona los recursos públicos ni los fondos de ayuda humanitaria destinados a la reconstrucción. Ante esa situación, la organización enfatiza que la en medio de una emergencia como esta, “la información también es ayuda humanitaria”.

Los sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, ocurrieron con pocos segundos de diferencia y tuvieron su epicentro frente a la costa del Caribe. El movimiento telúrico provocó el colapso de cientos de edificios, viviendas, hospitales y carreteras, principalmente en Caracas, La Guaira y otras localidades del centro-norte del país.

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FUENTE: Con información de EFE/Runrunes