Castillo pasa a ofensiva económica para mejorar popularidad

LIMA.- El presidente peruano, Pedro Castillo, intenta mover el foco de su agenda y su gestión hacia el campo de la economía, donde la golpeada situación socioeconómica de los peruanos ha conducido a protestas y reclamos en varias zonas del país, amenazando aún más la precaria estabilidad política del gobierno de izquierda, que tras apenas nueve meses en el poder tiene un aprobación de solo 19%.

El Grupo de Análisis Político 50+1 indicó en un informe que Castillo parece “haber iniciado un intento por pasar de una estrategia de polarización política a una económica”, que significaría dejar de confrontar con el Congreso (que ha intentado destituirlo dos veces) y la oposición “para apostar por confrontar con el sector empresarial para aumentar su popularidad”.

El reporte avanza señalando que los proyectos de ley antimonopolios y el Código del Trabajo, dos normas diseñadas por el Ejecutivo, son una muestra de esta estrategia, “que pretende depositar la responsabilidad de los problemas del país en las grandes empresas, que —según la narrativa del gobierno— serían los beneficiarios de la permanencia del actual modelo económico”.

Hay que recordar que Castillo ganó las elecciones presidenciales —y se mantiene en el cargo— gracias al apoyo principal de Perú Libre, un partido de izquierda marxista leninista fundado por Vladimir Cerrón, exgobernador regional en cuyo ideario partidista se menciona el gobierno de Evo Morales en Bolivia como modelo a seguir.

Asamblea constituyente

Aunado a esto desde Perú Libre y el propio Ejecutivo se ha reiterado en diferentes tonos de prioridad la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, con un nuevo régimen económico, como mecanismo para alcanzar la justicia social.

En este sentido, la posición del gobierno de Castillo ha sido afirmar que se respeta la propiedad privada y la “economía social de mercado”, pero por otra parte se registran actuaciones como la del actual jefe de Gabinete, Aníbal Torres, quien aseguró a principios de marzo que es necesario “combatir los monopolios y los oligopolios” debido a que “determinan que los precios se eleven considerablemente”.

La inflación anualizada se reportó en 6,82% a marzo de 2022, muy por encima del rango meta superior de 3% de incremento de los precios. Según las autoridades, el aumento de los combustibles atado al alza del petróleo, y el incremento de los precios en los componentes importados para alimentos han sido los principales impulsores del aumento de la inflación.

Las subidas de los combustibles y fertilizantes provocaron varios días de protestas y bloqueos en varias regiones de Perú, en las que se reportaron cuatro fallecidos, desórdenes y saqueos a empresas privadas como supermercados.

La consultora 50+1 explica que “como ocurre en otros gobiernos de índole populista, la estrategia parece ser confrontar con el sector empresarial para así incrementar la aprobación del presidente”. Una de estas expresiones populistas viene de la ministra del Trabajo, Betssy Chávez, quien afirmó que el Código del Trabajo “permite reivindicar derechos a la clase trabajadora del Perú”.

Críticas

Sin embargo, la valoración sobre la respuesta del gobierno de Castillo a la difícil situación económica es cuestionada por sus verdaderos efectos y eficiencia. La firma de análisis Apoyo Consultoría aseguró en un boletín que “la incapacidad (del gobierno) de reaccionar oportunamente, de lidiar con las protestas y de diseñar un paquete de medidas acorde con la situación ha agravado el costo económico de este problema sobre el Perú, en vez de reducirlo”.

Se le critica por la lentitud de las medidas, casi tres meses después de los primeros incrementos de costos en las cadenas de suministro. También por el súbito y arbitrario toque de queda dictado para el 5 de abril como estrategia para prevenir supuestas protestas violentas en Lima, y que fue parcialmente desatendido por la colectividad.

La paralización de todas las actividades económicas y sociales dejó un impacto negativo aproximado de 0,3% en el PIB de abril y pérdidas para los trabajadores informales (la mayoría en Perú) que depende del ingreso del día a día, explicó Apoyo Consultoría.

Otras medidas como la exoneración de impuestos a los combustibles y algunos alimentos, y el aumento unilateral del salario en 10%, a 1.025 soles (unos 275 dólares al mes) son calificadas como “inadecuadas ante el aumento de precios, pues son poco efectivas, no están focalizadas en atender a la población más vulnerable y son permanentes o difíciles de revertir”, según Apoyo Consultoría.

En el caso de la exoneración del impuesto a las ventas de alimentos como pollo, huevo, azúcar, fideo y pan “no sólo tiene un efecto incierto sobre los precios y no tiene ningún criterio de focalización sobre la población más vulnerable, sino que reducirá la recaudación, podría hacerse permanente, genera un pésimo precedente de política tributaria y hace más engorrosa la administración tributaria”.

El Grupo 50+1 relató que hay “rumores de cambios” en el gobierno de Pedro Castillo, tras reuniones del mandatario con actores políticos a quienes les habría expresado su voluntad de cambiar su gestión. Sin embargo, se advirtió que estas promesas de enmienda ya han ocurrido en el pasado sin resultados oportunos o concretos.

“Al momento, no existen incentivos suficientes como para que Castillo cambie de rumbo en forma significativa. Esto porque la prioridad del presidente parece seguir siendo su supervivencia, objetivo para el cual requiere no perder el soporte de Perú Libre y del resto de sus aliados en el Congreso”, afirma 50+1.

Esto implicaría que Castillo seguiría necesitando a Vladimir Cerrón y al ala más radical de su partido político Perú Libre, y por ende apegándose a un ideario de gobierno fundamentado en la visión marxista de la política y la economía, y con la aspiración de llevar a cabo una Asamblea Constituyente que, no obstante, no es bien valorada por la opinión pública, según encuestas.

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