Centroamérica vuelve a declararle la guerra a las pandillas

Honduras, El Salvador y Guatemala, el llamado Triángulo del Norte y una de las zonas más violentas del mundo; ha decidido militarizar la lucha contra unos 100 mil pandilleros al sacar a su ejército para acompañar en las calles a la lucha policía.

Honduras destinó a esta guerra declarada 2 mil oficiales del ejército y 3,500 policías militares especializados; El Salvador 7 mil soldados y 23 mil policías; y Guatemala 4,500 militares para secundar la labor de 35 mil policías.

Agobiados por la inseguridad ciudadana, en la que su peor cara son miles de asesinados (99,408 entre 2009 y 2013), los tres países han vuelto por una estrategia peligrosa que podría recrudecer el problema.

Ya Naciones Unidas le advirtió al Gobierno de Otto Pérez Molina que militarizar esta lucha “no se ha traducido en mejoras visibles".

"Es lamentable que la respuesta del Gobierno a esta situación se haya centrado hasta ahora en la militarización de la seguridad pública", advirtió la ONU.

Guatemala ha negado militarizar esta lucha y asegura que el Ejército sólo apoya a la Policía Nacional Civil con base en la necesidad de la seguridad de la población.

Los homicidios son el fatal desenlace del estado de sitio en el que conviven los ciudadanos de estos países. En El Salvador, unos 150 habitantes de una comunidad rural ubicada a unos 65 kilómetros de la capital, debieron abandonar sus casas ante amenazas de muerte recibidas de pandilleros.

Ahí estos grupos criminales perpetraron una matanza por una disputa de territorios. Los pandilleros llegaron casa por casa a amenazarlos con asesinarlos en el cantón Tunamiles, en el departamento de Sonsonate.

En Honduras las extorsiones en autobuses de transporte públicos y a pequeños negocios en los mercados son pan cotidiano. Las pandillas, entre ellas Barrio 18 y mara Salvatrucha (MS-13), mantienen sitiados a comerciantes y pobladores de Tegucigalpa, donde habita un millón de personas; cobrando un impuesto de guerra para dejarlos trabajar lo que obliga a sus dueños a alquilar o cerrar sus negocios.

Solo este año más de 30 personas han sido asesinadas por negarse a pagar tal impuesto. La Policía registra a unos 200 extorsionadores detenidos este año, aunque desde el 2014 hay 1,257 acusados.

"Las pandillas han evolucionado en Centroamérica. Han comenzado a dedicarse a delitos como la extorsión, el narcotráfico y el tráfico de armas. La conexión es tal que en Honduras, la línea es borrosa entre la delincuencia común y el crimen organizado", según Wilfredo Méndez, Director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

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El aumento de las muertes violentas en Centroamérica, especialmente en los países del triángulo norte es en gran parte el resultado de las rivalidades entre el crimen organizado y grupos de narcotraficantes, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga (Unodc).

El fenómeno está relacionado con “el control de las rutas de tráfico de drogas, los enfrentamientos entre grupos criminales y enfrentamientos entre grupos delictivos organizados y el Estado". Unodc dice que Honduras como el país más violento de la región, debido a su tasa de 90,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es seguido por El Salvador con 41.2 y Guatemala con 39.9.

A pesar de esta dura realidad una lucha frontal no es recomendable. En El Salvador, por ejemplo, hay una guerra declarada entre policías y pandilleros. Ante los ataques y muerte a manos de pandilleros de 24 policías y seis militares este año, el Gobierno salvadoreño creó batallones élite del ejército y la policía, y alentó a los agentes a defenderse con sus armas.

Muchos en ese país creen que policías y militares tienen licencia para matar; y que sacar más oficiales a las calles sería radicalizar el problema.

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El coordinador del guatemalteco Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos, Jorge Santos, considera que la política represiva de otros años aplicada en estos países ha fracasado y cerró los espacios a la prevención.

Opina que políticas preventivas encaminadas a darles más oportunidades a los jóvenes, como educación y salud, son demeritadas por la política de llenar las cárceles o de ejecución extrajudicial.

La dura desigualdad que existe en Centroamérica, una zona de 46 millones de habitantes donde 1,057 familias acumulan 142 mil millones de dólares; son el caldo de cultivo para que jóvenes se degeneren socialmente e integren grupos criminales.

“En esta guerra social tanto las víctimas como los victimarios son jóvenes, varones, y eso es una gran pena, incluso en Costa Rica se ha visto como conflictos entre bandas (narcos) han cobrado una gran cantidad de muertes en los últimos meses”, opina desde Costa Rica el sociólogo Carlos Sandoval.

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, anunció la conformación de 3 batallones especiales de la Fuerza Armada para combatir la delincuencia en los municipios de mayor peligrosidad del país.

El reto sigue siendo enorme. Honduras ha militarizado su policía, carcomida por la corrupción de sus oficiales. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha aumentado el número de tropas de la policía militar del país e incluso intentó consagrar a la fuerza militar en la Constitución, a pesar de las preocupaciones de que estas medidas pudieran conducir a mayores violaciones de los derechos humanos. Mientras el debate sobre cómo curar esta herida continúe, Centroamérica sigue sangrando.

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