Defensor del Pueblo pide a Humala promulgar ley para buscar 16.000 desaparecidos

El Defensor del Pueblo de Perú, Eduardo Vega, pidió este viernes en una carta al presidente de la República, Ollanta Humala, promulgar la ley que regula la búsqueda de unas 16.000 personas desaparecidas durante el conflicto interno ocurrido entre 1980 y 2000, informó hoy la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

Tras reunirse con asociaciones que agrupan a los familiares de los desaparecidos, Vega manifestó en una conferencia de prensa que la promulgación de esta norma "marcará un hito en la defensa de los derechos humanos" en Perú.

El Defensor del Pueblo defendió que la ley también dignificará la memoria de los desaparecidos, pertenecientes en su mayoría a las zonas del país que sufrieron con mayor intensidad el conflicto entre el Estado peruano y los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Vega resaltó que la iniciativa legislativa tiene un carácter humanitario y constituye un paso fundamental para que el Estado pueda responder adecuadamente al "drama que viven hasta hoy miles de familiares de desaparecidos".

"Su esfuerzo y apuesta permanente por dignificar la memoria de sus seres queridos ha sido trascendental para avanzar en este camino. Confiamos que sea promulgada prontamente por el Poder Ejecutivo", añadió Vega.

Las organizaciones que hoy se reunieron con Vega fueron la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (Anfasep) y el Consejo Regional de Afectados por la Violencia Política (Coravip).

En el encuentro también participó el exministro peruano de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, en calidad de miembro del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.

La "Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el periodo de violencia 1980-2000" fue aprobada el 26 de mayo por el Congreso de Perú.

El proyecto de ley había sido presentado en el parlamento por el Defensor del Pueblo a partir de un documento consensuado entre la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, los Ministerios de Justicia y Salud, las organizaciones de desaparecidos y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El texto de la ley establece que el Ministerio de Justicia pueda coordinar de oficio la búsqueda de las personas desaparecidas como parte de una política de Estado, con lo que los familiares de los desaparecidos ya no tendrán que presentar una denuncia y esperar que un fiscal decida abrir la investigación correspondiente.

El objetivo es dar prioridad a la búsqueda y restitución de los cuerpos de las personas desaparecidas por encima de las eventuales denuncias y procesos judiciales que se puedan presentar a partir de las investigaciones.

La norma establece un plazo de 90 días después de su entrada en vigencia para que se apruebe el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El conflicto interno dejó alrededor de 69.000 muertos, la mayoría a cargo del grupo maoísta Sendero Luminoso, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). 

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