Delcy Rodríguez intenta evadir críticas a gestión oficial y alude a campaña mediática

La reacción es de parte de quienes señalan al gobierno de priorizar la imagen política sobre la atención a los damnificados.

Sin embargo, la presidenta interina, en rueda de prensa ofrecida a medios internacionales informó la noche del jueves que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a recursos destinados a la reconstrucción de la infraestructura devastada por los terremotos del pasado 24 de junio y asegura que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial ofrecieron cooperación no reembolsable y líneas de crédito para apoyar la recuperación.

El anuncio se produjo mientras crecen los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del gobierno frente a una de las peores tragedias recientes del país. Organizaciones sociales, especialistas en gestión de riesgos y ciudadanos afectados sostienen que el elevado número de víctimas y la magnitud de los daños también reflejan años de deterioro de la infraestructura pública, deficiencias en la planificación urbana y limitaciones en los sistemas de prevención y respuesta ante desastres.

La administración interina, que asumió el poder en enero tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, informó que 12.800 personas perdieron sus viviendas. Sin embargo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que al menos 16.000 personas requieren alojamiento alternativo, una diferencia que evidencia la complejidad de establecer un balance definitivo de la emergencia.

Según Rodríguez, los sismos dejaron al menos 2.595 fallecidos, 12.400 heridos y daños en 855 edificios. Una evaluación preliminar basada en imágenes satelitales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula pérdidas cercanas a los 6.700 millones de dólares entre viviendas, comercios e infraestructura.

Durante la rueda de prensa, Rodríguez anunció la creación de un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares y aseguró que los recursos internacionales serán administrados bajo mecanismos de auditoría. No obstante, hasta el momento el gobierno no ha detallado públicamente los criterios de ejecución, supervisión ni los plazos para la reconstrucción, aspectos que especialistas consideran determinantes para garantizar la transparencia en el uso de la ayuda internacional.

La mandataria designada también informó sobre la llegada de expertos israelíes para evaluar la estabilidad estructural de edificaciones dañadas y colaborar en las labores de recuperación.

Interrogantes sobre la gestión de la emergencia

Rodríguez aseguró que todos los fallecidos serán plenamente identificados y descartó el uso de fosas comunes. Sin embargo, el gobierno aún no ha divulgado un balance oficial sobre personas desaparecidas, mientras Naciones Unidas estima que la cifra podría alcanzar las 50.000, lo que mantiene abiertas dudas sobre la dimensión real de la tragedia.

Rechazo ciudadano

El 26 de junio, durante una visita a una de las zonas más afectadas de Caracas, Rodríguez fue recibida con gritos de protesta

Las escenas reflejaron el creciente malestar de sectores de la población que consideran insuficientes las acciones oficiales y reclaman mayor rapidez en las labores de rescate, asistencia humanitaria y reconstrucción.

Respuesta del gobierno ante las críticas

Frente a los cuestionamientos, Rodríguez rechazó las críticas y atribuyó parte del clima de tensión a una campaña de desinformación. La mandataria defendió la decisión de militarizar el estado de La Guaira al argumentar que buscaba evitar el caos y proteger las operaciones de búsqueda y rescate.

No obstante, sus declaraciones trasladaron el foco del debate hacia presuntos "laboratorios mediáticos" y actores políticos, sin presentar evidencia pública que respaldara esas acusaciones. La estrategia fue interpretada por analistas como un intento de responder a las críticas enfatizando factores externos, mientras persisten interrogantes sobre la preparación institucional, la gestión de la emergencia y la capacidad del Estado para enfrentar un desastre de esta magnitud.

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FUENTE: Con información de EFE/AFP/ El País