"En Venezuela todos estamos en libertad condicional"

¿Cuál es la situación actual del derecho penal en Venezuela bajo la égida de Nicolás Maduro?

En los últimos años se ha hecho palpable en Venezuela la aplicación de una tesis que suele ser identificada bajo la calificación de “derecho penal del enemigo”. En nuestro país, lastimosamente el Derecho penal y en particular el procesal penal se están utilizando como un medio para la persecución de la disidencia, para la persecución del adversario. A este adversario se le trata como un enemigo y eso trae como consecuencia que no se respeten las garantías en el orden penal sustantivo ni en el orden procesal penal. El proceso penal se utiliza como un aparato de represión dejando a un lado las garantías que establecen tanto la Constitución como la ley.

En Venezuela, se hizo práctica en la gestión de Chávez el que se legislara en materia penal, a través de la habilitación que la Asamblea Nacional le daba al presidente y violentándose el principio de legalidad. Establecían delitos que luego los tribunales y un Ministerio Público, arrodillados al régimen, terminaban implementando.

Esa situación no ha cambiado bajo la gestión de Nicolás Maduro, si bien no ha gozado de una habilitante que le permita directamente legislar, el trabajo lo ha hecho o lo hizo este órgano que recientemente cesó sus funciones, un órgano ilegítimo desde su conformación como lo fue la Asamblea Nacional Constituyente. A través de esa práctica de las llamadas leyes constitucionales aprobó diversos instrumentos normativos que tristemente han sido aplicados como el caso de la conocida “ley contra el odio”.

Usted dijo en una entrevista “en Venezuela todos estamos en libertad condicional” …

Si, sencillamente uno no sabe cuándo nos toca, porque es muy fácil, en contraposición a lo que dicen la propia Constitución y la ley, limitar el derecho a la libertad personal. O sea, aquí sencillamente basta con hacer algún comentario que resulte incómodo o escribir algo que pueda considerarse contra el régimen, para que se pueda privar de libertad a una persona: por sus opiniones, por lo que piensa, por lo que dice, e indudablemente se supone que todos estamos en libertad condicional porque ante cualquier situación que pueda ser calificada como delito, aun cuando formalmente no lo sea, una persona podría ser privada de su libertad.

Una de sus líneas de investigación ha sido el procedimiento para enjuiciar a altos funcionarios. ¿Sería posible una acción de este tipo contra funcionarios ligados al chavismo?

Efectivamente, una de las líneas de investigación en la que yo he trabajado en los últimos años tiene que ver con los procedimientos penales especiales y dentro de ellos, particularmente, el procedimiento para enjuiciar al presidente de la república y a altos funcionarios del estado.

Si hubiera en Venezuela un cambio de circunstancias es indudable que ese procedimiento, que hoy día es prácticamente un saludo a la bandera, debería recuperar su aplicabilidad.

Por cuanto esta regulación que establece la Constitución y la ley se contempla no en el orden de proteger a una persona sino en el orden de proteger el ejercicio de la función que esa persona lleva a cabo. Se trata de prerrogativas temporales y que, por lo tanto, aplican mientras las personas estén ejerciendo su función. Una vez que cese la misma se acaba tal privilegio.

Podemos imaginarnos que con una Asamblea arrodillada o servil al régimen e igualmente todo el tribunal Supremo comprometido, en este modelo que tenemos, ese procedimiento verdaderamente no podría aplicarse. Sí bien hemos tenido en los últimos tiempos una Asamblea con una composición política distinta, también sabemos que esa Asamblea fue privada de prácticamente todas sus facultades, durante su gestión.

Si llegara a producirse este cambio ¿qué pasaría con los presos políticos?

De haber un cambio en las circunstancias en Venezuela no solamente recobraría aplicabilidad el procedimiento anterior sino en relación con muchas personas que han sido privadas de su libertad, que están siendo procesadas de manera irregular, justamente por haber emitido alguna opinión, por haber realizado alguna acción considerada como delito por el régimen y que ha dado lugar a que sean calificados como presos políticos. Esta situación tendría que cesar, tendrían que ser liberados, tendrían que ser sobreseídos, pues se tratan de hechos que no revisten carácter penal, que han sido personas procesadas e ilegítimamente privadas de libertad.

[Es importante subrayar que según el informe de la ONG Foro Penal existen 351 presos de conciencia sometidos en los calabozos del régimen]

¿Es posible la aplicación de la justicia en Venezuela?

Hablar de justicia en Venezuela hoy día es sumamente cuesta arriba porque tenemos un sistema de justicia totalmente comprometido. Estamos hablando de un Ministerio Público, de un Poder Judicial, de un Sistema Policial y de un Sistema penitenciario que todos pertenecen a la misma línea de pensamiento, donde lo que está en juego no es hacer justicia sino como decía, silenciar al adversario porque es calificado como un enemigo. Entonces cuando a este Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial y el Sistema penitenciario es donde van a parar las personas que hayan sido objeto de una sentencia de condena; al estar casados con un determinado modelo, pues difícilmente se puede hablar en nuestro país de justicia.

Fue homenajeada durante la III Jornada de Actualización en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Ciencias Afines 2020. ¿Qué significa para usted?

Para mí el hecho de haber sido homenajeada en el marco de ese evento tiene mucho significado, es un reconocimiento por lo que ha sido mi desempeño académico y profesional. Como venezolana resulta muy gratificante que hayamos podido contar con 10 ponentes internacionales de distintos países de Latinoamérica durante esas jornada.

La doctora Magaly Vásquez González es Secretaria General de la Universidad Católica Andrés Bello.

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