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COLOMBIA

Envían a prisión a exministros del gobierno de Gustavo Petro por escándalo de corrupción

La magistrada determinó que existen pruebas suficientes que vinculan a los exministros de Hacienda y del Interior con el direccionamiento de contratos públicos para sobornar a congresistas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El Tribunal Superior de Bogotá ordenó el envío a la cárcel de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, ambos integrantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, en el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al Instituto Nacional de Vías (Invías).

La magistrada a cargo del caso, Aura Rosero, determinó que existen pruebas suficientes que vinculan a ambos exfuncionarios con el direccionamiento de contratos públicos para sobornar a congresistas, como parte de un entramado criminal aún no completamente desmantelado.

En su decisión, Rosero sostuvo que la gravedad de los hechos y el rol atribuido a los procesados justifican la medida de aseguramiento intramural.

“La gravedad completa de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la organización criminal impone la necesidad de una medida de aseguramiento de carácter intramural”, señaló la magistrada.

Golpe al gobierno de Petro

La fiscal del caso, María Cristina Patiño, imputó a Bonilla y a Velasco los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, por lo que ambos serían trasladados en las próximas horas a un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación, los exministros habrían participado en el direccionamiento de 74 proyectos de Invías, por un monto aproximado de 571,701 millones de pesos, así como cinco proyectos de la UNGRD valorados en 40,536 millones de pesos, lo que suma un total de 612,237 millones de pesos, aunque solo siete contratos llegaron a concretarse.

El caso representa uno de los golpes judiciales más severos contra altos exfuncionarios del actual gobierno colombiano y mantiene bajo fuerte escrutinio a la administración del presidente Petro, en medio de crecientes cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción en entidades clave del Estado.

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FUENTE: Con información de NTN24

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