Familiares de jóvenes asesinados en 2017 reclaman a la CPI acelerar el caso contra el régimen chavista

Durante una rueda de prensa celebrada en Madrid, los familiares reclamaron acciones judiciales efectivas que eviten la impunidad. “Hoy, después de ocho años, voy a seguir gritando y exigiendo justicia por mi hijo. Pedimos celeridad”, afirmó Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, un joven de 17 años que murió en junio de 2017 en Caracas durante una manifestación.

Armas participó en el encuentro junto a otros familiares de víctimas que residen en España, acompañados por abogados que llevan sus casos ante instancias internacionales, según reseñó Infobae.

Negligencia, inoperancia y lentitud

Las protestas de 2017 se produjeron en medio de una profunda crisis política e institucional y fueron reprimidas de forma violenta por fuerzas de seguridad del régimen chavista. Organismos internacionales y ONG documentaron entonces un uso excesivo de la fuerza, con un saldo cercano a los 200 fallecidos.

Israel Cañizales, padre de Armando Cañizales, músico de 18 años asesinado el 3 de mayo de 2017 en Caracas, cuestionó con dureza la actuación del tribunal internacional. “Hemos visto negligencia, inoperancia y lentitud por parte de la CPI”, sostuvo.

La CPI abrió un examen preliminar sobre Venezuela en 2018, tras una remisión presentada por Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá. La investigación formal comenzó en noviembre de 2021 y se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. Sin embargo, hasta ahora no se han emitido órdenes de detención contra los principales responsables del aparato represivo.

“El régimen sigue haciendo desastres”

Los familiares subrayaron que su reclamo de justicia se mantiene incluso después de la reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, en una operación que derivó en su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

“Maduro está preso, es verdad, pero fue algo puntual. El régimen sigue haciendo desastres. Hay una gran cantidad de presos políticos. El país no ha evolucionado nada”, afirmó Isabel De Figueiredo, madre de Diego Arellano, asesinado en mayo de 2017 tras recibir un disparo en el tórax durante una protesta.

Durante el encuentro también intervinieron juristas especializados en derecho penal internacional. El abogado Blas Jesús Imbroda Ortiz, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, criticó que la Fiscalía de la CPI no haya solicitado antes la detención de Maduro por crímenes de lesa humanidad. “En situaciones como Ucrania o Gaza se dictaron órdenes de aprehensión con mucha mayor rapidez”, afirmó.

Actuaciones “absolutamente erróneas” del exfiscal de la CPI

Imbroda cuestionó además la gestión del exfiscal jefe de la CPI, Karim Khan, quien se apartó del cargo en mayo de 2025 en medio de una investigación por presunto acoso sexual, y calificó como “absolutamente erróneas” algunas de sus actuaciones en el caso venezolano.

Los familiares instaron a los Estados parte del Estatuto de Roma, entre ellos España, a impulsar órdenes de captura internacionales contra Maduro y su cadena de mando. Recordaron que, pese a los intentos del régimen de frenar el proceso alegando investigaciones internas, la CPI rechazó ese argumento en 2023 y autorizó la reanudación plena de las pesquisas.

En diciembre de 2025, el Parlamento chavista aprobó una ley para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma, una decisión que las familias interpretan como un intento de debilitar la jurisdicción del tribunal.

Aun así, reiteraron que continuarán reclamando justicia internacional para las víctimas de 2017 y para miles de afectados por la represión en Venezuela.

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FUENTE: Con información de Infobae