CARACAS - La ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó este jueves una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma, decisión impulsada por el régimen para cuestionar a la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que investiga al dictador Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
La medida fue adoptada por unanimidad y presentada como una respuesta a lo que el chavismo describe como “silencio” ante la situación en Gaza.
Durante la sesión, el oficialista Jorge Rodríguez afirmó que la ley busca “demostrar la dignidad del pueblo venezolano” y expresó solidaridad con Palestina, alegando que supuestamente enfrenta “el más espantoso genocidio de los últimos 80 años”.
Asimismo, acusó a la CPI de actuar supuestamente “al servicio del imperialismo norteamericano” y de ignorar los abusos cometidos por sus aliados.
El dirigente chavista señaló además que la Corte Penal no se pronunció sobre las presuntas “ejecuciones extrajudiciales” en el Caribe ni sobre el impacto de las sanciones estadounidenses. El oficialismo sostiene, sin sustento verificable, que estas políticas provocaron la muerte de 40.000 personas en 2017.
"Falta de progreso real"
La ofensiva legislativa del chavismo ocurre después de que la Corte Penal Internacional decidió cerrar su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” en la cooperación con el régimen, al tiempo que confirmó que su investigación sobre crímenes de lesa humanidad permanece activa.
En un comunicado, la Cancillería venezolana aseguró que continuará actuando para hacer “prevalecer la verdad” frente al “colonialismo jurídico” que —según el régimen— pretende utilizar la CPI con fines políticos. El régimen de Maduro intentó vincular su decisión con la situación en Gaza, criticando al tribunal por lo que describió como una posición “tímida y temerosa”.
El retiro del Estatuto de Roma se interpreta como un nuevo intento de Nicolás Maduro para evadir la justicia internacional, justo cuando organismos, víctimas y países aliados en la región mantienen la presión para que la CPI avance hacia una posible acusación formal.
FUENTE: Con información de Europa Press