La viuda del senador denunció que la orden de asesinarlo salió presuntamente del Congreso y que el dinero para financiar el ataque provino de Venezuela
Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.
Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla junto a una imagen del asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay que fue homenajeado este 7 de octubre de 2026
EFE/ Presidencia de ColombiaBOGOTÁ.- La Fiscalía General de la Nación de Colombia remitió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia el expediente por el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay, perpetrado en junio de 2025, para que determine si existen congresistas vinculados al crimen, según fuentes judiciales.
La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo, confirmó que se ordenó la "compulsa de copias" del expediente a la Corte Suprema, luego de que María Claudia Tarazona, viuda del congresista, denunciara presuntos vínculos entre integrantes del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el asesinato.
La remisión responde a que la Corte Suprema es la autoridad competente para investigar a los congresistas, quienes cuentan con fuero especial por su condición.
La semana pasada, Tarazona declaró en una entrevista con la emisora Blu Radio que recibió información, a través de una persona cuya identidad no reveló, según la cual la orden de atentar contra su esposo habría salido del Congreso de la República.
"Yo recibo esta información, que me la envían y me dicen: 'esto es una información que está desde abril del año pasado', es decir, dos meses antes del magnicidio de Miguel", afirmó.
De acuerdo con esa información, el dinero para financiar el atentado contra Uribe Turbay provino de Venezuela y la orden se impartió desde el Congreso colombiano. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser esclarecidas por las autoridades.
Seis excongresistas de Comunes, colectividad que actualmente no tiene representación en el Congreso, rechazaron las acusaciones y las calificaron como parte de una "campaña de ataques, desinformación, estigmatización y falsas acusaciones" contra sus integrantes.
El también exsenador colombiano Miguel Uribe, padre de la víctima, se pronunció sobre el caso en su cuenta de X y respaldó la posición expresada recientemente por el presidente Abelardo de la Espriella.
"Apoyamos la firmeza del presidente Abelardo de la Espriella (...) para que la verdad acerca del asesinato de mi hijo Miguel Uribe Turbay no se quede en la ejecución del crimen", escribió.
El padre de Turbay, insistió en la necesidad de identificar a los responsables de ordenar el atentado y sostuvo que Colombia y la comunidad internacional deben conocer la verdad sobre lo ocurrido.
"Mataron a mi hijo Miguel, pero nunca podrán matar ni sus principios ni sus valores. Su legado vivirá para siempre en el corazón de los colombianos", agregó.
Miguel Uribe Turbay, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza el 7 de junio de 2025, durante un mitin en el que promovía su candidatura presidencial en el barrio Modelia, en Bogotá. El exenador falleció el 11 de agosto de ese año, después de permanecer más de dos meses hospitalizado en la Clínica Santa Fe de la capital colombiana.
La Fiscalía capturó a nueve personas por el homicidio. Cuatro de ellas ya fueron condenadas, entre ellas el adolescente que disparó contra el senador.
Durante el juicio, Simeón Pérez Marroquín, alias "El Viejo", uno de los condenados, afirmó que el grupo que ordenó el atentado fue la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.
Marín Arango retomó las armas en 2019, después de haber sido jefe negociador de paz de la guerrilla.
La remisión del expediente a la Corte Suprema abre una nueva línea de investigación para determinar si hubo participación de congresistas en la planificación o financiación del magnicidio, así como para establecer quiénes estuvieron detrás de la orden de asesinar al senador.
FUENTE: Con información de EFE/Redes Sociales
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