BOGOTÁ.- El Gobierno colombiano respondió este jueves a los cuestionamientos hechos por la ONG defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y dijo que la justicia transicional que implementó el acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC no da paso a la impunidad.
“Está claramente dicho en en la ley estatutaria de la justicia transicional que los crímenes de carácter internacional no son objeto de amnistías. No es una jurisdicción de impunidad”, explicó el ministro del Interior colombiano, Guillermo Rivera, en declaraciones a los medios locales.
El Gobierno de Juan Manuel Santos defendió este tipo de justicia, pues asegura que si bien algunos crímenes como la rebelión y el porte ilegal de armas serán perdonados, otros graves como el secuestro, la violencia sexual, la tortura o el genocidio no serán amnistiables.
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Esta reacción del Gobierno ocurre luego de conocerse el informe de 2017 presentado este jueves por HRW, en donde da cuenta de la situación de derechos humanos en el mundo.
En dicho informe se hicieron varios reparos a la implementación del acuerdo de paz suscrito en noviembre de 2016 entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), negociación que permitió que esa guerrilla se convirtiera en un partido político y pusiera fin a sus actividades criminales de más de 50 años.
El documento de HRW advierte que los responsables de atrocidades podrían estar beneficiados de amnistías y podría entonces darse plena impunidad en dichos casos. “Se arriesga a dejar impunes a los criminales de guerra”, dice el informe.
HRW cuestionó que los responsables de terribles crímenes de guerra no vayan a la cárcel, sino se limiten a cumplir algunas restricciones a su libertad para cumplir servicios sociales.
“Valoramos el esfuerzo del presidente Juan Manuel Santos pero no podemos ocultar nuestras objeciones respecto de la debilidad del acuerdo de justicia, que promueve más la impunidad que la justicia o el castigo a aquellos que han cometido graves violaciones“, apuntó el director para América de HRW, José Miguel Vivanco.
Sobre esto, Rivera explicó que esos crímenes de guerra tendrán una investigación y sanción. “No hay lugar para que se señale que habrá impunidad por parte de Human Rights Watch”, sostuvo el ministro.
La justicia transicional, llamada en el país Jurisdicción Especial para la Paz, es un sistema acusatorio que entrega penas alternativas de entre cinco y ocho años de cárcel a quienes participaron en el conflicto armado interno con las FARC -sean civiles, ex guerrilleros o miembros de la fuerza pública-.
Dichas penas son mucho más leves que las que recibiría una persona que sea juzgada por la justicia regular, y también contempla sanciones como la prestación de servicio social obligatorio.
FUENTE: dpa
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