CIUDAD DE GUATEMALA.- En medio de un confuso ambiente político, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó para el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, medidas cautelares de protección a su derecho a la vida e integridad, informó el organismo de la OEA en la Resolución 48 2023, difundida este 24 de agosto.
Guatemala: CIDH pide proteger a Bernardo Arévalo y a su partido
La petición enviada al Estado de Guatemala incluye al Movimiento Semilla y a la vicepresidenta electa y compañera de formula, Karin Herrera Aguilar, en la decisión de 83 puntos.
El organismo interamericano dictó las medidas, al considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, en Guatemala”.
“La CIDH observó con preocupación la información sobre, por lo menos un posible plan en contra de la vida e integridad de las dos personas beneficiarias, que fue notificado formalmente por integrantes del Ministerio Público, sin información sobre las acciones adoptadas al respecto”, señala el comunicado de la instancia interamericana, con sede en Washington D.C.
Con base a ello, solicita también al Estado de Guatemala que “concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes” y además que informe a la Comisión de las acciones adelantadas, “a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.
La solicitud de las medidas fue presentada por Alfredo Ortega Franco y Christian Gonzalez Chacón, quienes luego de hacer un recuento de que Arévalo y Herrera resultaron electos presidente y vicepresidente de Guatemala, en las elecciones del 20 de agosto pasado, el Movimiento Semilla, junto con sus dos representantes, ha sido objeto de “criminalización y persecución política, y cuestiono el actuar de diversas autoridades estatales”. No se informó la identificación de los solicitantes.
Refieren que el 30 de junio pasado, nueve de los partidos políticos, identificados por los solicitantes como de la “coalición gobernante”, señalaron al partido, ante la Corte de Constitucionalidad, de incurrir en “fraude electoral”, tras los resultados de la primera vuelta electoral, realizada el 25 de junio.
No obstante, persiste en el ambiente político de Ciudad de Guatemala la interrogante de cómo el partido logró las firmas, en tan corto tiempo, para su inscripción. A pesar del descontento hacia el presidente en funciones, Alejandro Giammatei.
La decisión de la CIDH se difundió el mismo día que el fiscal Curruchiche declaró públicamente sus sospechas del origen de los fondos para el financiamiento del Movimiento Semilla para pagar “una cantidad significativa para recolectar las firmas necesarias para su constitución”. Y volvió a solicitar la suspensión provisional de la inscripción del partido como persona jurídica.
Arévalo es un sociólogo, filósofo y diplomático de carrera, de 64 años de edad, nacido en Uruguay por el exilio de su padre, Juan José Arévalo, quien fue presidente de Guatemala (1945-1951), y ha estado vinculado a las filas socialcristianas. Triunfó con 58,01% de los votos, por encima de la candidata oficialista Sandra Torres, en la elección para suceder a Giammattei.
Pero no las ha tenido fácil desde que fundó Movimiento Semilla, luego de las manifestaciones de 2015 contra el gobierno de Otto Pérez Molina.
En 2020, a cinco años de la fundación de Movimiento Semilla, el Ministerio Público inició una investigación a solicitud de un ciudadano que denunció haber sido incorporado ilegalmente al partido. Sin embargo, el 11 de julio de 2023, el Tribunal Supremo Electoral envío el último informe requerido, lo que habría generado las diligencias por parte de la fiscalía especial, informó en un comunicado.
El 21 de julio, la Fiscalía allanó la sede del Movimiento Semilla, como parte de la investigación sobre un caso de supuesta corrupción, días antes de participar en la segunda vuelta electoral, lo que fue interpretado como un intento de ilegalizar el partido. También allanaron las residencias de integrantes del partido, de acuerdo con informaciones publicadas en medios internacionales. Mientras crecía la tensión política.
En la decisión, la CIDH considera que el Estado de Guatemala no toma las medidas necesarias para proteger la seguridad del presidente electo, aún conociendo estas amenazas en su contra.
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FUENTE: Con información de France24
