Hora crucial para la democracia en Ecuador

“He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones”, explicó el presidente electo constitucionalmente.

“Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.

Lasso se apegó a la Constitución, aunque su oposición, comandada por el expresidente Rafael Correa que está prófugo de la justicia ecuatoriana y asilado en Bélgica, señale que lo que hizo el mandatario es “ilegal”.

A través de la red social Twitter, Correa catalogó la decisión del Ejecutivo como "ilegal" y afirmó que "obviamente no hay ninguna conmoción interna".

"En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler", agregó Correa.

“El presidente puede pedir muerte cruzada y disolver la AN en cualquier momento durante sus primeros tres años de gobierno”, aseguró en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS el politólogo ecuatoriano Santiago Basabe.

En la misma línea se manifestó el expresidente de Ecuador Oswaldo Hurtado Larrea (1981-1984), quien además acusa a Correa de buscar una desestabilización política y social para volver a tomar las riendas del país.

“La disolución de la Asamblea Nacional, resuelta por el presidente Lasso, es claramente constitucional; además es una decisión políticamente correcta, porque ha librado a la democracia ecuatoriana del golpe de Estado parlamentario tramado por el dictador Rafael Correa”, indicó el exmandatario.

"Se supone que el dictador Correa está convencido de que algunos de sus ‘pasasillas’ sería elegido presidente de la República y que ese individuo se convertirá en un ejecutor de las órdenes que reciba de su jefe, de su amo, de su señor, de su patrón; en otras palabras, que él [Correa] va a gobernar al Ecuador desde Bélgica", comentó el expresidente del país sudamericano Oswaldo Hurtado Larrea en días recientes en una entrevista con el diario local El Universo.

"Mire usted qué paradoja, un individuo que debe estar en la cárcel pagando sus delitos de corrupción, gobernando el Ecuador prófugo de la justicia desde Bélgica. Eso es lo que él cree, pero yo no estoy tan seguro de que su vasallo, su ‘pasasillas’, pueda ganar la elección", sentenció.

El CNE debe convocar elecciones

Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días. Quienes resulten electos en esos comicios tendrán que completar el tiempo restante de mandato hasta mayo de 2025. Aunque la constitución no especifica una duración para este proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses. Lasso podría presentarse como candidato presidencial.

La presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, afirmó que el plazo de los sietes días corre a partir del jueves 17 de mayo de 2023. Es decir, el llamado se realizará hasta el 24 de mayo de 2023. El proceso electoral durará 90 días.

"Para convocar a elecciones tenemos siete días, desde mañana empieza a correr el plazo. Significa que el 24 de mayo es la fecha límite para convocar a elecciones. Podríamos hacerlo antes, eso no impide que podamos reunirnos antes y llamar a elecciones", especificó Atamaint en una rueda de prensa desde el auditorio del CNE.

Lasso tiene el apoyo de las fuerzas armadas, pero puede enfrentar protestas civiles

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador respaldaron la decisión del presidente Guillermo Lasso.

“La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental, la decisión del señor presidente de la República de disolver a la Asamblea Nacional, se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República, por tanto está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos”, señaló el general de división Nelson Proaño Rodríguez.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes, y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”, añadió el jefe militar.

Por su parte, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, se pronunció sobre el decreto de la muerte cruzada. Lo hizo acompañado de varios representantes indígenas, entre ellos Zenaida Yasamaca, vicepresidenta de la Conaie; y la exasambleísta Mireya Pazmiño.

En su discurso, Iza convocó a los pueblos y nacionalidades a asambleas permanentes.

“Nos declaramos en vigilia permanente en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano”, dijo.

Durante la intervención, Iza no llamó a protestas sociales, como había anticipado que lo haría en caso de que el presidente Lasso aplicara la muerte cruzada.

Mientras el correísmo, el Partido Social Cristiano y la Conaie critican el decreto que da paso a la muerte cruzada, el excandidato presidencial Yaku Pérez llama a una coalición para nombrar a un candidato en las próximas elecciones.

La reacción del excandidato presidencial Yaku Pérez, aunque dijo que la aplicación de la muerte cruzada es una salida constitucional, señaló, “no hay que festejar nada, pero sí es un alivio a la incompetencia e indolencia de la pesadilla que nos presentaba el presidente Lasso”, indicó en su cuenta de Twitter.

Además, llamó a formar una minga o coalición nacional para elegir al representante de los sectores sociales en los próximos comicios, que deberá llamar el CNE.

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