La dictadura de Cuba impidió la salida del país al sacerdote católico Castor Álvarez Devesa, una de las voces más críticas dentro de la Iglesia en la isla, quien planeaba viajar a Estados Unidos para asistir a la ordenación episcopal de un clérigo de origen cubanoestadounidense. Tras conocerse el hecho, diversos organismos de derechos humanos calificaron la medida como parte de una "escalada contra la libertad religiosa en Cuba".
Impiden la salida de Cuba al sacerdote católico Castor Álvarez Devesa
El sacerdote planeaba viajar a Estados Unidos para asistir a la ordenación episcopal de un clérigo de origen cubano-estadounidense
El propio Álvarez Devesa denunció la prohibición a través de un video en su perfil de Facebook, grabado en los exteriores del Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, en Santiago de Cuba. Según relató, los funcionarios fronterizos le comunicaron la restricción en el momento exacto en que se disponía a abordar su vuelo.
El sacerdote criticó la falta de aviso previo y lamentó profundamente la imposibilidad de salir libremente de su propio país.
Ante este suceso, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, condenó firmemente la acción punitiva. La organización enfatizó que el impedimento de entrada y salida constituye uno de los instrumentos represivos más recurrentes del gobierno contra las personas que disienten, una herramienta que la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba aplica de forma constante.
El OCDH alertó que la situación del padre Castor no representa un hecho aislado. La entidad recordó otros episodios recientes de hostigamiento contra líderes de la Alianza de Cristianos de Cuba, como la detención del pastor Alian López Rodríguez tras una caminata religiosa en Sancti Spíritus, y las recientes amenazas policiales dirigidas al pastor Rolando Pérez Lora.
Debido a la gravedad de estos acontecimientos, el observatorio presentó una denuncia formal ante la Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias. Para el organismo, las acciones de vigilancia, intimidación y los límites impuestos a la difusión de sermones reflejan un patrón de interferencia indebida que vulnera de manera flagrante los tratados internacionales de derechos humanos.
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