La medida forma parte de una ley mucho más amplia dirigida a contrarrestar la influencia de gobiernos considerados adversarios de EEUU. Además de Cuba, la norma incluye a China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, países que la legislación denomina "foreign countries of concern" o "países de preocupación". La HB 905 endurece las reglas éticas para funcionarios públicos, restringe acuerdos internacionales de gobiernos locales, limita determinados contratos de adopción y maternidad subrogada, incrementa penas cuando un delito beneficie a un gobierno hostil y establece nuevos controles sobre la contratación pública y la cooperación institucional.
Del embargo federal al control estatal
Para comprender el alcance de la HB 905 es necesario retroceder más de seis décadas. El embargo económico contra Cuba comenzó formalmente en 1962, durante la presidencia de John F. Kennedy, como respuesta a las expropiaciones a ciudadanos estadounidenses y desde entonces ha evolucionado mediante leyes y regulaciones federales administradas principalmente por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), oficina del Departamento del Tesoro encargada de aplicar los programas de sanciones económicas de EEUU.
La OFAC administra las Cuban Assets Control Regulations, que establecen qué operaciones financieras, comerciales y de inversión están permitidas y cuáles requieren autorización expresa del Gobierno federal. En muchos casos las operaciones requieren licencias específicas, emitidas por la propia OFAC o por el Departamento de Comercio, dependiendo de la naturaleza de la transacción.
La HB 905 no modifica ese sistema. Lo que hace es incorporar un mecanismo estatal de verificación, quien solicite o renueve una licencia comercial en Florida deberá certificar bajo juramento que cualquier negocio con Cuba cumple plenamente la legislación federal. Si afirma que realiza operaciones autorizadas, deberá estar en condiciones de demostrarlo, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
La declaración jurada que cambia las reglas
El texto dispone que el recaudador de impuestos podrá exigir una certificación escrita sobre el cumplimiento de las restricciones federales relativas a Cuba y, además, podrá revocar o negarse a renovar un Business Tax Receipt cuando determine que una empresa realiza negocios con Cuba en violación de la legislación federal estadounidense. Asimismo, quien presente deliberadamente una declaración falsa incurre en perjurio mediante declaración escrita falsa, tipificado como un delito grave de tercer grado. Para Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade, el cambio responde a una prioridad de seguridad nacional.
"Lo más importante es entender que esta ley está protegiendo la seguridad nacional de los EEUU", afirmó durante en la entrevista.
El recaudador de impuesto de Miami-Dade explicó que la función de su oficina seguirá siendo la de expedir las licencias comerciales, pero ahora incorpora una responsabilidad adicional.
"Cuando una compañía solicita un Local Business Tax Receipt ya no basta con decir que cumple la ley. Ahora tiene que especificar, bajo juramento, si hace negocios con Cuba y, si los hace, demostrar que posee las licencias correspondientes."
El funcionario insiste en que Florida no está prohibiendo todas las operaciones comerciales con la isla.
"Si una empresa tiene autorización del Departamento de Comercio o de la OFAC para realizar determinadas operaciones, nosotros no podemos actuar contra ella. La ley estatal no puede ir por encima de la ley federal."
Sin embargo, advierte que la situación cambia cuando una compañía excede los límites de esas autorizaciones o utiliza indebidamente una licencia general.
“Nosotros nos dimos a la tarea de investigar y encontramos empresas que enviaban jacuzzis para Cuba, jet skis, carros de lujo”.
"Cuando trabajamos en conjunto con el Departamento de Comercio o el Departamento del Tesoro y se determina que una empresa violó los términos de su licencia, entonces podemos revocarle el Local Business Tax Receipt."
Una nueva herramienta para los gobiernos locales
La HB 905 convierte así a los recaudadores de impuestos en un nuevo eslabón dentro del sistema de cumplimiento de las sanciones federales.
Fernández sostuvo que la supervisión no dependerá únicamente de denuncias. Su oficina cuenta con inspectores especializados y herramientas tecnológicas para detectar posibles irregularidades, además de mantener una coordinación permanente con municipios y otras agencias gubernamentales.
“Tenemos que entender que muchas compañías alrededor del mundo han sido creadas por esa dictadura para beneficiarse y mantenerse en el poder. Nosotros hacemos lo que la ley nos deja hacer para impedirlo”.
Según explicó, existe incluso una plataforma pública donde aparecen las empresas autorizadas por el Gobierno federal para exportar determinados productos hacia Cuba, información que se actualiza regularmente.
Florida vs. La Habana
La entrada en vigor de la ley coincide con una ofensiva del régimen de Cuba para atraer inversiones extranjeras.
En las últimas semanas, La Habana anunció más de un centenar de medidas destinadas a incentivar que empresarios y emigrados cubanos inviertan en la isla, en un intento por aliviar una crisis económica marcada por apagones, escasez de alimentos, inflación y una creciente emigración.
Fernández observa esa estrategia con profundo escepticismo.
"La dictadura no tiene absolutamente nada. Ahora está llamando a los cubanos que viven fuera para que regresen a invertir. Mi consejo es que no lo hagan."
El funcionario sostuvo que el principal obstáculo para cualquier inversión no son las sanciones estadounidenses, sino la propia estructura económica del país.
"Los puertos pertenecen a la dictadura. Los aeropuertos pertenecen a la dictadura. La banca pertenece a la dictadura. Cuando alguien dice que hace negocios con Cuba, realmente está haciendo negocios con el régimen."
Recordó además que numerosas empresas internacionales han abandonado la isla tras enfrentar incumplimientos contractuales.
"Que hablen con Meliá y con muchas compañías europeas que se han ido de Cuba por la mala paga del régimen."
"Invertir hoy sería sostener a la dictadura"
Fernández fue todavía más lejos al valorar el llamado del Gobierno cubano al capital del exilio.
"Todo aquel que quiera invertir en Cuba tiene que entender que estaría invirtiendo en una dictadura que tiene las manos ensangrentadas. También sería cómplice de mantener a ese régimen en el poder."
Como exiliado cubano, aseguró que solo existirán condiciones para una verdadera apertura económica cuando desaparezca el actual sistema político.
"Mientras no se elimine la dictadura, no se liberen los presos políticos y no haya elecciones libres, no puede hablarse de una verdadera apertura."
Mucho más que una licencia comercial
Más allá de sus implicaciones administrativas, la HB 905 refleja la voluntad de Florida de desempeñar un papel cada vez más activo en la política hacia gobiernos considerados hostiles por Washington.
La ley no altera el embargo federal ni sustituye las competencias de la OFAC, pero introduce un elemento novedoso al convertir una licencia comercial emitida por un gobierno local en un mecanismo adicional para verificar el cumplimiento de las sanciones estadounidenses.
En Florida, un estado que alberga la mayor comunidad cubana del país y donde decenas de empresas mantienen vínculos comerciales con Cuba, esa modificación podría marcar un precedente sobre la forma en que los estados participan en la aplicación de la política exterior federal.
Y, para Fernández, el mensaje que envía la nueva legislación no deja margen para interpretaciones.
"A la dictadura asesina no se le puede creer absolutamente nada. Mi consejo para cualquiera que esté pensando invertir en Cuba es muy sencillo: no lo haga hasta que Cuba sea realmente libre."
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