Juez anula políticas de USCIS que congelaban beneficios migratorios

La determinación fue emitida por el juez federal John J. McConnell Jr., quien concluyó que las acciones aplicadas por la agencia excedían su autoridad legal y eran incompatibles con disposiciones federales que regulan los procedimientos migratorios.

La orden deja sin efecto mecanismos utilizados por USCIS para detener la evaluación de peticiones presentadas por personas procedentes de decenas de países afectados por restricciones migratorias implementadas por la Administración Trump. También invalida un criterio que permitía considerar la nacionalidad de ciertos solicitantes como un factor negativo al analizar beneficios discrecionales.

Entre las disposiciones anuladas figuran procedimientos que congelaban la revisión de determinados beneficios, retrasaban peticiones de asilo y establecían controles adicionales para expedientes previamente aprobados.

Las restricciones habían sido adoptadas por USCIS como parte de medidas destinadas a reforzar los procesos de verificación de determinados solicitantes, especialmente personas procedentes de naciones incluidas en listas sujetas a controles adicionales por razones de seguridad nacional.

El argumento del juez

Sin embargo, el magistrado concluyó que esas prácticas imponían limitaciones no contempladas en la legislación vigente y que la agencia carecía de autoridad para mantener indefinidamente paralizados expedientes que deben ser analizados conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

La controversia judicial surgió a partir de demandas presentadas por inmigrantes y organizaciones que argumentaron que los mecanismos de suspensión estaban causando retrasos injustificados y privaban a los solicitantes de beneficios previstos por la normativa estadounidense.

Aunque el tribunal no precisó el número exacto de personas alcanzadas por la decisión, especialistas en inmigración sostienen que una cantidad significativa de expedientes permanecía detenida debido a las normas ahora invalidadas.

La resolución podría beneficiar especialmente a quienes esperan permisos de trabajo, residencia permanente, ciudadanía estadounidense y otros trámites que permanecían sin respuesta mientras USCIS aplicaba los mecanismos ahora anulados.

El juez también ordenó al Gobierno federal informar las acciones adoptadas para cumplir el mandato y le concedió un plazo de 24 horas para detallar los pasos tomados para reactivar la tramitación de los expedientes involucrados.

Expertos en inmigración consideran que la orden podría acelerar la adjudicación de numerosos procesos que llevaban meses detenidos, aunque no descartan nuevas acciones legales por parte del Gobierno mientras continúa el litigio.

Para quienes mantienen gestiones migratorias en espera, el pronunciamiento abre la puerta a que múltiples procedimientos vuelvan a avanzar después de meses de incertidumbre, en uno de los fallos más relevantes emitidos recientemente sobre la administración de beneficios migratorios en Estados Unidos.

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