Un nuevo informe de Democratic Spaces y el Human Rights Action Group, Cuba and the Authoritarian Nexus: Internal Repression, External Aggression, and Illiberal Partnerships, sostiene que la supervivencia del régimen cubano ya no puede explicarse únicamente por la represión interna. La Habana se ha integrado en una red cada vez más amplia de alianzas autoritarias con Rusia, China y Venezuela, que le proporcionan salvavidas económicos, cooperación en inteligencia y cobertura diplomática, al tiempo que proyectan inestabilidad mucho más allá de la isla. Estas relaciones están reconfigurando la seguridad regional, debilitando la resiliencia democrática y vinculando directamente a Cuba con algunas de las confrontaciones geopolíticas más trascendentales de nuestro tiempo.
Las alianzas autoritarias de Cuba exigen una respuesta canadiense coherente
Según el estudio “Cuba and the Authoritarian Nexus”, la integración de La Habana con Rusia, China y Venezuela transforma a la dictadura cubana en un actor geopolítico con alcance más allá de la isla
Redactado pensando en los responsables de la toma de decisiones en Canadá, el informe formula diez recomendaciones basadas en una premisa sencilla: las alianzas de Cuba no son meras necesidades económicas, como a menudo se presentan, sino alineamientos estratégicos con profundas consecuencias geopolíticas. Forman parte de un sistema más amplio de cooperación entre autocracias que sostiene la represión interna mientras socava la estabilidad regional y la seguridad internacional.
La ciencia política ha observado durante décadas que las democracias rara vez entran en guerra entre sí, mientras que los regímenes autoritarios tienden a exportar inestabilidad más allá de sus fronteras. En el entorno geopolítico actual, esta constatación ya no es teórica. Las alianzas entre autocracias representan una de las amenazas más serias para la gobernanza democrática y la paz internacional.
Casi el 40 % de la población mundial vive bajo regímenes clasificados como no libres. En este entorno permisivo, las dictaduras que enfrentan profundas crisis internas no han colapsado; se han adaptado mediante el apoyo externo. Cuba constituye un ejemplo revelador.
Los mecanismos de resiliencia autoritaria son particularmente visibles en Venezuela. A cambio de transferencias masivas de petróleo que superaron los 700 millones de barriles en dos décadas, la inteligencia cubana penetró y reconfiguró el aparato de seguridad venezolano hasta convertirlo en una sofisticada maquinaria de vigilancia. El respaldo externo permitió al régimen resistir más de 100.000 protestas entre 2000 y 2020, presiones que habrían derribado a casi cualquier otra dictadura en América Latina. El costo lo ha asumido el pueblo venezolano y su aspiración de restaurar la democracia: éxodo masivo, encarcelamiento político generalizado y normalización de la tortura como instrumento de control estatal.
Incluso tras la operación estadounidense del 3 de enero que capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores, el control autoritario en Venezuela persiste. Si bien informes recientes señalan que la presidenta interina Delcy Rodríguez ha pasado a depender de escoltas venezolanos en lugar de fuerzas cubanas de élite, y aunque algunos asesores y efectivos de seguridad cubanos han comenzado a abandonar el país ante la creciente presión de Washington, otros permanecerían, incluidos operativos de inteligencia que monitorean la evolución política e instructores cubanos en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
La realidad es que el legado del régimen cubano y la exportación de su modelo de seguridad han sido fundamentales para la supervivencia del gobierno venezolano, sosteniendo elementos clave de su aparato de inteligencia y represión incluso en medio de dinámicas políticas cambiantes. Aunque la estrategia actual de Washington busca debilitar la alianza Venezuela–Cuba, los autócratas comprenden cómo los ciclos electorales moldean la política exterior estadounidense. Saben que elecciones legislativas, campañas electorales, prioridades internas o crisis internacionales emergentes pueden desviar la atención de Venezuela. Esa distracción temporal les brinda margen para consolidar el poder, recalibrar la presión externa y reconfigurar alianzas según evolucionen las circunstancias.
La cooperación con Rusia revela las implicaciones profundamente corrosivas de esta alianza para la paz y la seguridad internacionales. Moscú ha brindado un apoyo significativo a La Habana mediante créditos, condonación de deuda y asistencia energética. A cambio, Cuba ha facilitado el reclutamiento y despliegue de miles de ciudadanos cubanos para combatir en la guerra de Rusia contra Ucrania. Algunos contarían con formación o experiencia militar previa. Analistas que siguen de cerca el conflicto sugieren que el número de reclutas cubanos podría rivalizar o incluso superar al de contingentes norcoreanos.
Redes de reclutamiento que operan desde la isla han facilitado viajes y alistamientos, permitiendo a Moscú reponer sus fuerzas y limitar los costos políticos internos de la movilización. Al complementar la capacidad humana rusa de este modo, La Habana contribuye directamente a prolongar la guerra, incrementar el costo humano y fortalecer la capacidad del Kremlin para negociar en sus propios términos. Lejos de carecer de implicaciones geopolíticas, la facilitación discreta del reclutamiento de combatientes constituye un apoyo operativo tangible que incide en la trayectoria del conflicto.
Las implicaciones trascienden el campo de batalla. Informes creíbles describen patrones de engaño, coacción y explotación económica compatibles con la trata de personas. Cubanos vulnerables, impulsados por la grave precariedad económica, son atraídos a una guerra extranjera con escasa transparencia sobre los riesgos involucrados. Esta dinámica plantea serias preocupaciones jurídicas y éticas conforme al derecho internacional y refleja un patrón más amplio de cooperación autoritaria en el que la vida humana se convierte en instrumento de estrategia geopolítica.
Al mismo tiempo, La Habana amplifica las narrativas del Kremlin en América Latina y utiliza plataformas regionales para obstaculizar el respaldo a Ucrania. Si Rusia consolida ganancias territoriales o asegura un resultado favorable, las consecuencias serían globales. Una guerra de conquista exitosa debilitaría la disuasión en Europa, envalentonaría nuevas agresiones contra Estados que Moscú percibe dentro de su esfera de influencia y enviaría una señal a gobiernos autoritarios en todo el mundo de que la coerción coordinada y el revisionismo militar pueden prosperar.
China, por su parte, ha ampliado de manera significativa su presencia en el sector de las telecomunicaciones y en la infraestructura digital de la isla. Este fortalecimiento tecnológico no ha sido neutral. El régimen cubano ha utilizado estas capacidades para cortar selectivamente el acceso a internet a activistas, reducir la conectividad en momentos críticos y provocar apagones digitales durante protestas, consolidando así un mayor control sobre el espacio informativo interno.
En paralelo, expertos advierten que instalaciones de inteligencia que operan desde territorio cubano podrían tener implicaciones para operaciones militares en el hemisferio. De este modo, la relación bilateral trasciende el ámbito comercial y se proyecta hacia la cooperación estratégica en materia de seguridad y transferencia de métodos represivos. Un ejemplo ilustrativo ocurrió hace varios años, cuando fuerzas vinculadas a China entrenaron a unidades de boinas negras encargadas de reprimir manifestaciones prodemocráticas en Cuba.
Esta convergencia en los ámbitos tecnológico y de seguridad encuentra también su expresión en el plano diplomático. En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el alineamiento de Cuba con China, Rusia y Venezuela ha reforzado patrones que erosionan la rendición de cuentas internacional y consolidan la impunidad. Entre 2008 y 2020, el Consejo adoptó 205 resoluciones relativas a violaciones graves de derechos humanos en países como Corea del Norte, Siria, Irán, Bielorrusia, Sri Lanka y Sudán. Cuba votó en contra de 74 de ellas, y en 73 ocasiones lo hizo junto a China.
Este patrón sostenido de votación va más allá de una mera solidaridad política. Debilita la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos y confirma que las alianzas de Cuba tienen un alcance estructural y estratégico. Al oponerse a investigaciones y mecanismos de rendición de cuentas, La Habana contribuye a blindar a gobiernos abusivos frente al escrutinio internacional, afecta a quienes luchan por la paz y la libertad en países como Irán y Venezuela, y refuerza una cultura global de impunidad que protege a los regímenes autoritarios de consecuencias significativas.
Canadá ha mantenido históricamente una política hacia Cuba independiente de Washington. Si bien existen lazos genuinos de amistad entre los pueblos canadiense y cubano, es necesario cuestionar mitos persistentes. Como deja claro el informe, los autócratas en Cuba no son actores débiles ni marginales que no representen amenaza alguna para la paz, la seguridad y la democracia, pese a cómo han sido retratadas por narrativas oficiales y sus simpatizantes en Canadá y en otros lugares. En el actual contexto de crisis humanitaria aguda, Canadá debe distinguir claramente entre brindar asistencia directa y verificable al pueblo cubano y proporcionar apoyo financiero que, en la práctica, sostenga a una élite militar responsable de reprimir la disidencia, exportar prácticas autoritarias, socavar el desarrollo democrático y contribuir a la inestabilidad global.
La independencia, sin embargo, no debe traducirse en incoherencia. Ottawa no puede defender de manera creíble los derechos humanos mientras reduce la presión sobre un gobierno más represivo hoy que hace décadas y alineado con los principales adversarios de la democracia. Una política exterior basada en valores democráticos debe aplicarlos con coherencia.
Esta realidad estratégica ha adquirido nueva urgencia tras la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026 mediante la cual Washington designó a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a sus alianzas autoritarias y sus vínculos con redes de narcoterrorismo. Con esta medida, Estados Unidos se convirtió en el primer país en reconocer formalmente las implicaciones geopolíticas más amplias de las alianzas en expansión de La Habana.
Que el aumento de la presión modifique o no los cálculos estratégicos de Cuba dependerá no de medidas aisladas ni temporales, sino de una política exterior de Estados Unidos que se mantenga en el tiempo, más allá de cambios en el panorama político, y de una coordinación sostenida entre naciones democráticas. Las autocracias prosperan en la división y en la fatiga democrática. Si se pretende confrontar eficazmente el papel de Cuba en la expansión autoritaria, la respuesta debe ser colectiva. Canadá debería, por tanto, reevaluar una política de compromiso sin consecuencias significativas, un enfoque que ha producido escasos cambios medibles, y alinear su estrategia con una respuesta democrática coordinada y basada en principios.
Canadá dispone de instrumentos que han demostrado eficacia en otros contextos, incluidos regímenes de sanciones selectivas contra responsables de la represión, restricciones a la propaganda estatal y un compromiso directo con la sociedad civil independiente. Lo que ha faltado es voluntad política.
La creciente asertividad de las alianzas externas de La Habana tiene una explicación clara: la respuesta internacional ha sido insuficiente. Esa etapa debe concluir. Canadá y sus socios democráticos deben actuar con claridad estratégica, coherencia normativa y determinación. La democracia en las Américas y la credibilidad de la política exterior canadiense dependen de ello.
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FUENTE: Human Rights Action Group/ Democratic Spaces