Maduro criminaliza labor de defensores de derechos humanos

El informe de la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), en el que se contabilizaron casos ocurridos en el primer semestre de 2022, indicó que "las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves“, reseñó La Patilla.

Entre enero y junio fueron documentados un total de 214 hechos que afectan los derechos de las personas y organizaciones defensoras de DDHH, distribuidos de la siguiente manera: 146 ataques contra defensores, 45 hechos de hostigamiento, 14 amenazas, 2 judicializaciones, 2 ataques digitales y otros 5 hechos no identificados, según el informe.

En el documento se afirmó que los defensores de DDHH ejercen sus actividades en un entorno hostil, con medidas legales y fácticas de carácter autoritario, "que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos”.

Por lo anterior, se advirtió que si no se toman "correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno y libre y mientras permanezcan vigentes las limitaciones legales a las actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, así como la criminalización de las mismas seguirá siendo un riesgo defender, promover y exigir derechos en el país”.

Uno de los aspectos que resaltó el informe es que la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos son asociadas con actividades delictivas, en especial, el terrorismo y la desestabilización.

“Durante el semestre, fue constante la intención de asociar la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos con actividades delictivas, especialmente al terrorismo, la desestabilización y atentar contra la paz del país", señaló el documento. “Durante el semestre, fue constante la intención de asociar la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos con actividades delictivas, especialmente al terrorismo, la desestabilización y atentar contra la paz del país", señaló el documento.

De igual manera, destacó que el Estado tiene la intención de aprobar una Ley de Cooperación Internacional, que supondrá mayor control sobre la sociedad civil, "como parte de su política de criminalización, representando una nueva amenaza para las organizaciones”.

A la par, subrayó que se "han perfeccionado los mecanismos de control", a través de mecanismo como "la tesis del enemigo Interno fundamentalmente la política de criminalización y a partir de ello se materializan distintos tipos de ataque en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción documentando, denunciando y difundiendo los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en el país”.

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FUENTE: LA PATILLA