Orden de arresto contra Raúl Castro: ¿puerta a una acción de EEUU en Cuba?

El lunes 19, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, junto a otras autoridades judiciales y legisladores cubanoamericanos, anunció en la Universidad Internacional de Florida (FIU) una orden estatal de arresto contra Castro, sin derecho a fianza, por conspiración para cometer asesinato en primer grado.

El anuncio abrió un debate que trascendió el ámbito judicial: entre los asistentes se habló de una posible extradición, de una eventual operación para capturar al exgobernante cubano y del significado de exigir responsabilidades penales tres décadas después de que las aeronaves fueran pulverizadas en el aire, en aguas internacionales.

La nueva actuación judicial es distinta de la acusación federal anunciada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que imputó a Castro y otros cinco acusados por los mismos hechos. Son dos jurisdicciones y procedimientos independientes, aunque relacionados por la investigación del ataque.

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Uthmeier compareció en la sala C.A.M.P. 4 Justice de FIU, bautizada con las iniciales de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, las cuatro víctimas del crimen de estado. La elección del lugar situó a los familiares en el centro de una ceremonia que combinó argumentos jurídicos y referencias al sufrimiento de la comunidad.

“Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos”, sostuvo el fiscal general. Según la acusación, Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba, encabezaba la cadena de mando que autorizó el ataque.

Uthmeier dejó claro, además, que la orden no debe interpretarse como un gesto exclusivamente simbólico. Ante la prensa reconoció las dificultades de obtener la presencia del acusado, pero aseguró que Florida está preparada para juzgarlo, si llegara a estar bajo custodia estadounidense.

La medida puede complicar los desplazamientos de Castro a determinados países. No obstante, cualquier detención o extradición dependería de las leyes y decisiones de otras autoridades.

El expediente estatal, avalado por la jueza Ariana Fajardo Orshan, se sustenta en las actividades de espionaje atribuidas a agentes cubanos de la Red Avispa que operaron en Miami-Dade y los Cayos de Florida. Estas operaciones, desarrolladas en territorio estadounidense, constituyen uno de los fundamentos para que la justicia estatal intervenga en el caso.

Según los investigadores, los agentes se infiltraron en Hermanos al Rescate, recopilaron información sobre los vuelos de la organización y la transmitieron a la dictadura de La Habana. Dichas actividades habrían contribuido a preparar la denominada Operación Escorpión, que culminó con el derribo de las dos avionetas. Una logró ponerse a salvo.

La Fiscalía sostiene que Castro impartió instrucciones para atacar las aeronaves. Una grabación atribuida al antiguo jefe militar, incorporada al expediente, recoge la orden de impactarlas en el mar sin consultas adicionales. Los señalamientos forman parte de un procedimiento penal: la orden de captura no constituye por sí misma una condena.

¿Extracción como opción?

Entre los entrevistados por DIARIO LAS AMÉRICAS, Marcell Felipe, abogado y activista cubanoamericano, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, expuso la hipótesis de una acción estadounidense dirigida a capturar a Castro.

“Una de las ventajas que hemos ganado hoy es que le damos una nueva herramienta a la administración de los Estados Unidos si decide que el plan con Cuba va a ser una extracción de Raúl Castro”, sostuvo. Para Felipe, existen “muchas indicaciones” de que esa pudiera convertirse en una de las opciones consideradas por Washington.

Su interpretación va más allá de una detención durante un eventual viaje. Felipe es del criterio de que la nueva causa también estrecha el margen internacional del exdictador, porque podría ser arrestado si visita un país que coopere judicialmente con Estados Unidos.

¿Es entonces viable una operación estadounidense para capturar a Raúl Castro en Cuba? La existencia de dos procesos judiciales, uno federal y otro estatal, amplía las herramientas legales disponibles para actuar contra el exgobernante y abre nuevas posibilidades sobre su eventual detención.

Aunque una orden de arresto no autoriza por sí sola una incursión en territorio cubano, tampoco descarta que Washington contemple esa alternativa dentro de una estrategia más amplia hacia la isla.

Por ahora, no existe un anuncio oficial en ese sentido, pero la hipótesis planteada por Felipe introduce una interrogante que cobra especial relevancia ante las nuevas acciones judiciales.

El letrado también rechazó limitar el significado del anuncio al aspecto procesal. “No se va a cerrar el capítulo de su vida sin ser declarado la persona responsable por este crimen”, expresó, al describir lo que espera del expediente. Esa aspiración, por ahora, no sustituye la necesidad de una decisión judicial sobre culpabilidad.

Visiblemente emocionado durante la conferencia, recordó los fusilamientos, la cárcel política y la separación de familias a lo largo de décadas. “Nada va a reparar eso jamás”, respondió al ser consultado sobre el dolor que le produjo la ceremonia. Y agregó que, pese a las pérdidas, considera el anuncio “un día de justicia para todo el exilio cubano”.

Dos caminos

La distinción entre la justicia federal y la estatal es fundamental. El 20 de mayo, el Departamento de Justicia anunció una acusación federal ampliada contra Castro y otros cinco implicados. El expediente incluye cuatro cargos de asesinato, dos de destrucción de aeronaves y uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

Cinco meses después, Florida obtuvo su propia orden contra Castro por un cargo diferente: conspiración para cometer asesinato en primer grado conforme a la legislación estatal.

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, destacó en FIU que la acusación de mayo había preparado el terreno para el nuevo paso judicial. El sistema estadounidense permite procesos paralelos cuando se alegan infracciones a leyes de soberanías distintas.

Este diseño tiene una consecuencia destacada por el fiscal Uthmeier y por John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre: un presidente estadounidense puede conceder indultos por delitos federales, pero no borrar mediante ese poder una acusación estatal. Una eventual decisión política en Washington no cerraría automáticamente el expediente de Florida.

“Si hay un cambio en el gobierno federal y quieren eliminar los cargos federales, quedan los cargos del Estado de la Florida”, explicó Suárez en declaraciones a este rotativo.

Además, Suárez ve en la nueva orden un instrumento concreto que debe ser tomado en cuenta por los funcionarios cubanos al desplazarse al extranjero. Sin embargo, evitó presentar la captura como inminente: “Formalmente, puede ser arrestado; hay órdenes para su arresto a nivel federal y a nivel estatal. Ahora es ver si se genera esa posibilidad y si ejecutan eso”.

Treinta años atrás, el 24 de febrero de 1996, cazas cubanos derribaron las dos avionetas civiles desarmadas que participaban en una misión de búsqueda de balseros sobre aguas internacionales. Murieron los estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre Jr. y Mario de la Peña, y el residente permanente Pablo Morales. La acusación señala que los aviones fueron atacados sin advertencia cuando se alejaban de Cuba. La Habana ha justificado históricamente la actuación de sus fuerzas armadas.

Deuda con Miami

Para Rosie Cordero-Stutz, sheriff de Miami-Dade, el acto no podía medirse solamente en términos de órdenes y tribunales. Frente a algunos familiares, recordó que el dolor del exilio está presente en historias de presos políticos, de quienes huyeron de Cuba y de quienes jamás regresaron.

“Ustedes nunca debieron haber tenido que esperar tanto tiempo, y nunca debieron haber tenido que preguntarse si el mundo lo había olvidado”, declaró. Al mencionar a las cuatro víctimas, insistió en que ninguna medida podrá devolverles la vida, pero sí puede demostrar que las autoridades no han abandonado la búsqueda de responsabilidades.

Desde la política estatal, el representante republicano Alex Rizo planteó que los cargos podrían impulsar investigaciones sobre otras actividades de infiltración y eventuales flujos de recursos hacia el régimen cubano. Se trata de posibilidades mencionadas por el legislador, no de nuevas imputaciones presentadas en la conferencia.

Rizo fue más escéptico que Felipe sobre ver a Castro en un tribunal estadounidense. “Creo que él no es tan estúpido a salir de Cuba”, dijo, aunque defendió que la medida envía el mensaje de que los delitos contra residentes de Florida deben tener consecuencias.

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade de origen cubano, fue más categórico. “Vamos a ir a buscarlo”, manifestó en entrevista con este diario. A su juicio, Cuba debe dejar de abordarse exclusivamente como asunto migratorio o de relaciones exteriores: “Es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos de América”.

Las declaraciones dibujan distintos grados de expectativa, desde la posibilidad jurídica hasta la exigencia de una captura. Mientras tanto, en La Habana, Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones y las calificó de maniobra política sin fundamento jurídico.

El doble expediente no asegura que Castro sea extraditado, detenido o trasladado desde Cuba. Tampoco constituye una decisión estadounidense de intervenir en la isla. Lo que sí cambia es que, desde mayo, existe una acusación federal y, desde octubre, una orden estatal que puede permanecer vigente con independencia de los vaivenes políticos de Washington.

Para los familiares, ese es un avance todavía incompleto. Para una parte del exilio, puede ser también el comienzo de una nueva etapa de presión. Entre las dos lecturas persiste una pregunta ineludible: ¿podrá la justicia alcanzar algún día a Raúl Castro? No es imposible.

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