Nuevo Código Penal, otra herramienta represiva del régimen cubano

"En su totalidad, el Código Penal tiene una profunda vocación inhibitoria. Tipifica conductas demasiado amplias que le dan la posibilidad al Estado de reprimir utilizando la ley penal. El planteamiento es tan amplio que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de incurrir en los delitos en algún momento", explicó Cilano, según reseña Diario de Cuba.

"No hay conductas claras a las cuales adscribirse en delitos como desacato, injurias, desórdenes públicos. Deja en profunda indefensión a la ciudadanía, porque no hay una conducta clara en la que puedan identificar que están cometiendo un delito. Se trata de conductas que han sido utilizadas, no solo en Cuba, sino en otros países, para criminalizar la protesta social y la oposición política", agregó.

El director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxys Cires, especificó que desde las primeras clases de Derecho Penal se sabe que la normativa penal debe ser muy concreta. "No puede haber ambigüedad. El ciudadano tiene que saber qué es un delito y qué no".

En cuanto a la formulación amplia de los delitos, Laritza Diversent, directora del Centro de Asesoría Legal Cubalex, indicó las facultades que otorga a la Policía y la Seguridad del Estado la Ley de Proceso Penal aprobada a finales de 2021, y la inefectividad de los recursos legales que tiene el ciudadano para protegerse ante detenciones arbitrarias.

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"Agregaron (al Código Penal) un nuevo apartado 'instigación para delinquir, que tiene que ver con las redes sociales. Publicar en redes sociales cualquier cosa puede ser considerado instigación a delinquir. Esto deja a los ciudadanos sin herramientas para criticar las políticas públicas. Este Código Penal es una forma de silenciar a la ciudadanía", dijo Diversent.

Aunque, como aclara Cilano, el nuevo Código Penal no ha entrado en vigor —lo que no ha impedido que, incluso antes de su aprobación, se use como mecanismo de coacción contra disidentes— puesto que no ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la República, pareciera que no hay nada que hacer para frenar su aplicación, una vez lo aprobó la Asamblea Nacional. Diversent, sin embargo, considera que no se debe cejar en la denuncia a nivel internacional.

"Hay poco que hacer. Tendría que declararse inconstitucional y es la propia Asamblea Nacional la que decide sobre la constitucionalidad de sus propias normas; es juez y parte. Nos queda, aunque parezca un esfuerzo infructuoso, seguir denunciándolo a través de diferentes canales, ya sea a nivel nacional como internacional. Es una norma bastante peligrosa, incrementa los riesgos de privación de libertad por ejercer los derechos fundamentales", puntualizó la abogada.

Cilano destacó que ante este Código Penal los cubanos no tienen defensa. Ni siquiera la tienen en la también recién aprobada Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, que "le ofrece tantas garantías a los tribunales para que decidan qué aceptan y qué no aceptan que, en un marco efectivo de ejercicio de derechos, básicamente deja desarmado al ciudadano".

Diversent consideró preocupante la protección del deber constitucional de defender la patria dentro del Código, como una forma de garantizar impunidad a quienes "hacen actos de repudio, supuestamente defendiendo el orden constitucional".

Un Código Penal más represivo para los cubanos. ¿Por qué ahora?

La aprobación de un Código Penal altamente represivo parece contradictoria, cuando el Estado cubano ha sido fuertemente criticado por el Comité contra la Tortura y el Comité para la Protección de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y además dado el contexto de negociaciones que parece existir entre el régimen y Estados Unidos.

Tanto para Cilano como para Diversent, ha pesado el auge y fortalecimiento de los diversos activismos y de la conflictividad social y la necesidad de reforzar el mensaje de escarmiento transmitido por los juicios ejemplarizantes contra los manifestantes del 11J.

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Pero el nuevo Código Penal también demuestra el miedo del régimen ante el acceso de los cubanos a la información y la posibilidad de que se articulen a través de las redes sociales, por lo que el empleo de estas para cometer delitos incluidos en el Código Penal constituye un agravante.

A Cires, los actuales "vientos de negociación" le hacen preguntarse si la derogación de normas como esta no debería estar presente en las negociaciones. Para Diversent y Cilano, es importante que los negociadores estén informados sobre la realidad cubana y eso no siempre ocurre. La integrante del Observatorio Legislativo de Cuba recordó que las medidas de la Administración Biden fueron anunciadas "al día siguiente de la aprobación del Código Penal". Por ello, consideró que un primer elemento importante en estas mesas de negociación es que exista una pluralidad de actores y que la sociedad civil cubana tenga voz en las negociaciones.

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FUENTE: Con información de Diario de Cuba